La investigación biomédica, área clave en la futura Ley de la Ciencia

La industria farmacéutica propone una apuesta por la investigación en salud y medicamentos basada en la colaboración público-privada en la subcomisión que se está encargando del desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y de la modificación de la Ley de Ciencia, que podría entrar en vigor en el segundo trimestre de 2022.

Hace aproximadamente un año, el Ministerio de Ciencia e Innovación ponía sobre la mesa de multitud de agentes del sector su Pacto por la Ciencia y la Innovación. En ese primer momento fueron 30 las organizaciones españolas que lo firmaron, representativas del mundo de la investigación, la universidad, la empresa privada y los sindicatos.

A pesar de los cambios administrativos en el Ministerio, que hace unos meses pasaba de las manos de Pedro Duque a las de Diana Morant, el Pacto sigue vivo, con 86 organizaciones inscritas, y parece que va a estar muy vinculado a la futura modificación de la Ley de la Ciencia, que podría entrar en vigor en el segundo trimestre de 2022.

Ambos quieren reflejar un compromiso por parte del Gobierno para otorgar a los agentes del sector mayores recursos, sobre todo humanos, pero también para la organización del sistema, además de un incremento sostenible de la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Lo que en un principio parecían solo palabras han tenido su correspondencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, presentados recientemente, que prevén destinar 12.360 millones de euros en materia de I+D+i y digitalización, aunando tanto la inversión nacional como la procedente de fondos europeos. En total, un 7,6% más que en los anteriores PGE.

Uno de los objetivos que se pretenden conseguir con el incremento de recursos es el de poder ofrecer mejores condiciones laborales a los investigadores y aumentar la incorporación de personal científico en las empresas. Y, de esta manera, evitar la fuga de talento e incentivar la realización de carreras científicas y tecnológicas, además de reformular la situación economía del país potenciando actividades de alto valor añadido.

En este sentido, la industria farmacéutica ha querido estar muy presente desde el primer momento en el diseño y recorrido de ese Pacto por la Ciencia y la Innovación. No es de extrañar teniendo en cuenta que es uno de los sectores (junto con el de la automoción) que más invierte en I+D anualmente: más de 1.200 millones de euros, y que da empleo a unos 6.000 científicos.

Por ello, el presidente de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), Juan López-Belmonte, fue invitado a participar recientemente en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados. En su intervención, defendió la oportunidad que supone realizar una apuesta decidida por la investigación biomédica para atraer más inversión internacional a España y reforzar así la calidad del sistema de salud.

“La investigación biofarmacéutica vive en el mundo una gran revolución, a través de los nuevos conocimientos a nivel tisular, celular y genómico, que están favoreciendo una medicina de mayor precisión y más personalizada”, aseguró.

<p>Juan López-Belmonte, presidente de Farmaindustria en su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados.</p>

Juan López-Belmonte, presidente de Farmaindustria en su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados.

Referencia en ensayos clínicos

Según explicó, en España un tercio del total de la inversión en I+D se dedica a la salud. “Somos una referencia internacional en ensayos clínicos de medicamentos, lo que nos proporciona una base sólida para competir con otros países en el objetivo de convertirnos en uno de los grandes polos de atracción de inversión en investigación en el ámbito del medicamento”.

Este recordó que España ha sido el primer país de Europa y el cuarto del mundo en número de ensayos de potenciales tratamientos contra la covid-19. Algo que, en su opinión, ha sido posible gracia a la solidez del sistema sanitario, a la alta formación de los profesionales, a la participación de los pacientes y a la estrecha colaboración que desde hace años se produce entre la Administración y las compañías farmacéuticas.

Todo esto ha servido para que España sea ya para muchas big pharma el segundo país del mundo en actividad en ensayos clínicos, solo por detrás de EE.UU. Y, a nivel global, este sector desembolsa más de 150.000 millones de euros al año, de los cuales unos 39.000 millones se quedan en Europa. “Tenemos que explotar nuestras ventajas competitivas para generar un potente ecosistema de investigación biomédica”, recomendó López-Belmonte.

Colaboración público-privada

En su intervención, el también CEO de Rovi señaló la importancia que tiene la colaboración público-privada en este tipo de procesos, algo que se ha demostrado en el rápido desarrollo y puesta en el mercado de las vacunas contra la covid-19. “La investigación de medicamentos se sustenta en un modelo abierto, internacional y colaborativo, orientado a detectar el conocimiento allí donde se genera, en un pequeño equipo de una universidad o de un hospital o en una startup”, comentó.

Una opinión apoyada desde la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (Afidi), una organización conformada por diversas consultoras especializadas en este ámbito. Su presidente, Víctor Cruz, también ha sido invitado a participar en la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados, en la que explicó que este tipo de colaboración es “fundamental” para el crecimiento del país.

“Los grupos de investigación, los centros tecnológicos, universidades, hospitales, etc. centran su actividad principalmente en niveles de madurez bajos mientras que las empresas se enfocan casi siempre en niveles más altos y cercanos al mercado. El trabajo conjunto entre ambos mundos es imprescindible para avanzar y favorecer la transferencia de conocimiento y tecnología, y para sacar adelante proyectos de una forma más eficiente”, explicó en su comparecencia.

“La industria farmacéutica puede aportar experiencia, organización y los recursos necesarios para que ninguna potencial solución terapéutica paralice su proceso de I+D por falta de medios para cubrir el largo y arriesgado camino que debe recorrer todo medicamento antes de ser aprobado”, consideró López-Belmonte.

Según explicaron ambos, en España la investigación científica tiene unos elevados niveles, pero sigue siendo difícil trasladar a la industria (y, en consecuencia, al mercado y al paciente) el esfuerzo realizado. “Necesitamos solventar obstáculos y crear estímulos que nos permitan realizar una adecuada transferencia de tecnología y de conocimiento desde el sector público al privado”, puntualizó el presidente de Farmaindustria.

Hasta el 73% del incremento de la esperanza de vida en los países desarrollados se debe al acceso del paciente a medicamentos innovadores.

Apoyo al sistema sanitario

Otro de los beneficios que aporta la I+D+i está íntimamente vinculado con la calidad asistencial del sistema sanitario. “No se puede concebir un sistema sanitario moderno y de calidad sin una robusta actividad investigadora, especialmente en el campo clínico”, comentó López-Belmonte. De hecho, según sus datos, hasta el 73% del incremento de la esperanza de vida en los países desarrollados se debe al acceso del paciente a medicamentos innovadores.

En este sentido, la realización de ensayos clínicos es esencial. Una parcela de la I+D en la que está muy presente la unión entre las empresas y los hospitales. “El mayor avance que hemos logrado en los últimos años ha sido concebir la investigación clínica como un trabajo en colaboración entre investigadores, hospitales, reguladores, industria farmacéutica… Hemos logrado escucharnos entre nosotros y entender nuestras necesidades para poder responder a los pacientes”, comentaba Lucas Moreno, director del Área de Oncología Pediátrica del Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona) en la última Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica.

Desde su punto de vista, esta labor conjunta debe servir para aumentar el número de ensayos en fase I y fase II, permitiendo a los clínicos a estar a la vanguardia en terapias innovadoras y, al mismo tiempo, fortaleciendo su músculo investigador. Según el presidente de Farmaindustria, la actividad investigadora atrae inversión para el sistema por parte de la industria farmacéutica, que promueve y financia más del 80% de los ensayos clínicos que se realizan. “Además contribuye a la cualificación de los profesionales sanitarios, que participan de la vanguardia científica, experiencia que luego trasladan a su labor asistencial”, indicó.

La participación en un ensayo ofrece, además, alternativas y multiplica las opciones para aquellos pacientes graves que no han respondido a los tratamientos disponibles. Según los datos de López-Belmonte, hoy hay en España unos 3.500 ensayos clínicos de medicamentos en marcha, en los que participan más de 130.000 pacientes.

Los detalles del pacto

Según el Ministerio de Ciencia, el propósito principal del Pacto es incrementar la inversión pública dedicada a centros de investigación, universidades y otros actores del sistema relacionados con la ciencia y la innovación para alcanzar la media de inversión de la UE en I+D+i.

Una media que va a ir creciendo, teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha marcado como meta para 2030 que los Estados miembros inviertan en total, entre el sector público y el privado, el 3% del PIB en I+D+i, y que la inversión pública represente el 1,25% del PIB. Sin embargo, según los últimos datos publicados por el Ministerio, este porcentaje apenas supera el 0,50% del PIB en España.

La Comisión Europea marca que para 2030 los Estados miembros inviertan un 3% del PIB en I+D+i. Actualmente, en España, no supera el 0,50% del PIB.

“Además del incremento de recursos, debemos asegurar el relevo generacional y la atracción y retención de talento, así como garantizar el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, incluye el documento.

El primer punto recogido en el Pacto hace referencia a los recursos dedicados a la I+D+i: la financiación pública en esta materia, excluyendo partidas financieras, ha de aumentar regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030. Y con el compromiso de llegar al 0,75% antes de 2024. Además, se reforzarán en la misma proporción las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, con especial atención a las pymes, y se mejorarán las condiciones de financiación.

El segundo punto se centra en otorgar una mayor autonomía y coordinación a las entidades financiadoras de I+D+i: la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con el fin de “asegurar que su dirección estratégica y su funcionamiento estén basados en la excelencia científica e innovadora”.

Por último, se incluye un apartado dedicado a la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico e innovador. Es decir, otorgar a los investigadores los medios materiales y administrativos necesarios para el desarrollo de su carrera profesional y doblar los recursos públicos actuales para la incorporación y formación de personal de I+D+i en las empresas. Además de asegurar una carrera pública estable y predecible para el personal investigador y técnico que sea equivalente a las de los países más avanzados.

Una inversión con retorno

Según un informe publicado el pasado verano por Analistas Financieros Internacionales (AFI), la investigación biomédica puede aportar retornos desde una triple perspectiva: sanitaria, económica y social. Y es que este documento aseguraba que cada euro invertido en investigación, ya sea pública o privada, en el ámbito sanitario genera 1,6 euros de valor añadido directo, indirecto e inducido.

El estudio, titulado Inversión en sanidad: la vía española hacia la prosperidad, habla sobre los beneficios que tendría la activación de un plan de inversión en el campo de la salud de aquí a 2025. Si este elevase de manera estable los recursos destinados a la asistencia sanitaria en dos puntos en relación al PIB, podría generar un incremento de hasta 427.000 millones de euros en el PIB entre 2025 y 2040.

Para ello, habría que priorizar la inversión en capital humano y la implementación de reformas estructurales con el objetivo de reforzar la prevención, la eficiencia y los mecanismos de generación y difusión de conocimiento en materia de salud. Promover programas de prevención y potenciar la investigación de nuevos tratamientos serviría para ampliar la fuerza laboral.

Pero también mejoraría el estado de salud de los trabajadores, lo que incidiría en un aumento de la productividad e, incluso, alargaría la vida laboral de muchos de ellos. Todo ello tendría un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento del PIB, con un aumento sostenido del 0,25% anual. Es decir, estas medidas podrían hacer crecer el Producto Interior Bruto de España cuatro puntos porcentuales en 15 años.

Planes a la vista

Teniendo todos estos datos en cuenta, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunciaba recientemente que el próximo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) incluirá la producción de medicamentos esenciales en España.

Entre sus objetivos estarán los de incentivar la investigación biomédica, incorporar avances en biotecnología, en prevención, en diagnóstico, tratamiento y en manejo clínico de los pacientes. Pero además el de crear una reserva estratégica de estos recursos para futuras situaciones de crisis sanitaria como la vivida a principios de 2020.

Por otra parte, desde los ministerios de Ciencia e Innovación, de Industria y de Sanidad también se está trabajando en el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, una de las reformas incorporadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que va en línea con la Estrategia Farmacéutica Europea.

Este documento, que se espera que esté aprobado en el primer semestre de 2022, incluirá diversas medidas enfocadas a fomentar un ecosistema de investigación farmacológica, el reposicionamiento de medicamentos antiguos y el descubrimiento de nuevos antibióticos.

También quiere contribuir a la creación de empleo cualificado y de una economía del conocimiento, con el fin de posicionar a España como polo de innovación en el seno de la UE. Además, buscará la convergencia con el Pacto Verde Europeo, incitando a las empresas a funcionar con el mínimo impacto medioambiental.

Finalmente, se está trabajando en un nuevo programa Profarma, impulsado por el Ministerio de Industria y de carácter plurianual. Abarcará el periodo 2021-2024 y tendrá como objetivos: garantizar el acceso a medicamentos asequibles y abordar necesidades médicas no satisfechas; fomentar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la industria farmacéutica, así como el desarrollo de medicamentos de alta calidad, seguros, eficaces y más ecológicos, y mejorar los mecanismos de preparación y respuesta ante posibles crisis futuras, asegurando el suministro.

Contenido apoyado por Farmaindustria.
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