Uno no cuenta porque no cuentan con uno

En la pasada asamblea general se aprobó el Código de Buen Gobierno de la Asociación Española de Fundaciones (AEF). Es una buena noticia que hay que saludar y apoyar, aunque haya costado más de diez años alumbrar este documento, debido a la oposición de algunas fundaciones que todavía hoy se siguen resistiendo a rendir cuentas públicas de sus actividades.

En la citada asamblea también se recordó el compromiso de la AEF de elaborar un código de buen gobierno para todo el sector, que contendrá un conjunto de recomendaciones de voluntario cumplimiento y que deberá ser aprobado durante el ejercicio 2011 por la junta directiva. Está buena noticia resulta, sin embargo, algo descafeinada al conocer el procedimiento que se seguirá para la redacción y elaboración del mencionado documento. Al parecer, en su redacción van a participar un grupo de expertos y la aprobación del mismo se reserva a la junta directiva y no a la asamblea general al considerarse que no se trata de un código de obligado cumplimiento sino voluntario.

Pues bien, no podemos estar más en desacuerdo con el procedimiento elegido. Si bien, desde el punto de vista práctico, puede ser muy conveniente que el primer borrador del futuro código de buen gobierno se redacte por un grupo de expertos en aras de la precisión y claridad, una vez cumplido este trámite debe ofrecerse a todas las organizaciones la posibilidad de hacer propuestas, que deberán ser atendidas y debidamente contestadas.

Un texto en el que participen un grupo de expertos será un texto que no podrá reflejar la riqueza y pluralidad del sector y será un documento que no se apropiarán las organizaciones al no haber participado en su elaboración. No hay peor tragedia en esta vida que uno no cuente porque no cuentan con uno. Y si poco razonable resulta no invitar a participar en esta iniciativa a todo el sector, mucho más chocante resulta que un documento de esta naturaleza no sea sometido para su aprobación a la asamblea general de las fundaciones.

Se nos hace muy difícil aceptar que una decisión de tanta trascendencia para el sector sea reservada a la junta directiva, cuya función consiste en dar cauce a la voluntad general, y no nos parece que el argumento de que se trate de recomendaciones voluntarias desnaturalice la importancia del documente, pues la mayoría de los códigos de buen gobierno tienen carácter voluntario.

Esperamos que los miembros de la junta directiva reconsideren su postura y terminen venciendo su acostumbrada timidez y recelo.