Cinco pautas para responder a la COVID-19 con nuevos modelos de relación
La organización internacional Shift, creada por John Ruggie, artífice de los principios rectores de empresa y derechos humanos, ha publicado una guía que titula Making Rights-Respecting Business Decisions in a COVID-19 World en la que aporta cinco pautas para tomar decisiones que, no solo ayuden a salir de la pandemia asegurando que se tienen en cuenta los derechos humanos, sino que además propone hacerlo de modo que se establezcan nuevos modelos de relación. Modelos que “nos harán mejores”.
Haciendo un repaso de las cinco pautas que propone Shift es muy motivador comprobar que las empresas españolas están aplicando estas estrategias y con el espíritu de creatividad y continuidad que propone el secretario general de Naciones Unidas.
La primera pauta que propone Shift es: “Priorizar acciones aplicando la lente de la vulnerabilidad”. Esto significa identificar a los más vulnerables de la cadena de valor y valorar sus riesgos para poder ayudar a mitigarlos.
Shift especifica que los más vulnerables (trabajadores inmigrantes, pymes, etc.) pueden encontrarse entre sus trabajadores, en su cadena de suministro o entre sus clientes. Y esto es lo que ha hecho Mercadona consiguiendo financiación por valor de 2.100 millones de euros para adelantar el pago a sus proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.
La segunda pauta consiste en “hacer partícipes a los grupos de interés en procesos críticos de toma de decisiones”, tratando de ver los impactos a través de los ojos de las personas que podrían resultar perjudicadas.
En esta línea, el sector de automoción ha sido ejemplar desarrollando el Protocolo de protección y prevención laboral de los trabajadores para recuperar la actividad industrial en el sector de automoción.
Este protocolo se ha desarrollado con un diálogo social entre las asociaciones que representan a las empresas: La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la patronal de concesionarios Faconauto y la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, bajo el auspicio del Ministerio de Industria.
Es un ejemplo de colaboración y cocreación de todos los agentes de un sector para dar respuesta a una situación crítica. Una iniciativa que ha funcionado de manera efectiva en tiempo récord porque lleva detrás una historia de décadas de colaboración y diálogo social.
Cinco pautas para tomar decisiones que, no solo ayuden a salir de la pandemia asegurando que se tienen en cuenta los derechos humanos, sino que además propone hacerlo de modo que se establezcan nuevos modelos de relación.
La tercera pauta, “influenciar en las respuestas de los Gobiernos”, hemos podido vivirla durante los diez días que ha durado la macrocumbre empresarial liderada por la CEOE y en la que han participado los ejecutivos, empresarios y personalidades más importantes del país para “liderar el futuro, siempre en positivo”, de España tras la pandemia del coronavirus.
La cumbre ha culminado con el Decálogo de peticiones al Gobierno por parte de las empresas; peticiones que van desde la seguridad jurídica hasta un plan de inversiones para hacer un país más competitivo y sostenible.
Ha sido sorprendente poder escuchar a Pablo Isla, presidente de Inditex, y poco dado a las apariciones públicas, apoyar esta iniciativa con medidas concretas como “la necesidad de prorrogar los ERTE y ampliar los avales públicos en los sectores que lo necesiten para salvar a las empresas y el empleo”.
La cuarta recomendación propone “comunicar claramente las acciones puestas en marcha por las empresas” para que las personas afectadas puedan acceder a servicios y recursos. El Simulador de moratoria de préstamos y créditos no hipotecarios puesto a disposición de los clientes del BBVA, presentado de manera simple y clara en su web, es un ejemplo de comunicación y acercamiento de esta iniciativa, puesta en marcha por el banco para dar la opción a sus clientes de aplazar sus pagos.
La quinta y última propuesta de Shift es “debatir honestamente sobre los nuevos riesgos aflorados tras la pandemia” y que deben ser tratados de manera rigurosa y sistemática.
El más relevante de estos riesgos por ser el más desconocido es el relacionado con la entrega de datos de localización anónimos para fundamentar las políticas de distanciamiento social.
Proteger la privacidad en la sociedad digital pos-COVID es un reto al que se enfrentan empresas tecnológicas y gobiernos. Los datos de salud, genética, biometría y características sociodemográficas, entre otros, son datos personales especialmente protegidos porque podrían ser utilizados con fines no deseados y dar lugar a discriminaciones.
Es por ello que urge un debate sobre la función del Estado y de las tecnológicas y cómo proteger la intimidad ante sistemas digitales basados en la correlación de datos personales.
Iniciativas como el Centro de Privacidad de Telefónica para empoderar a los clientes en el uso de sus datos son fundamentales para generar ciudadanos conscientes que puedan participar activamente en la configuración de los nuevos modelos de relación publico-privados.
Son muchas las iniciativas puestas en marcha y muchas las oportunidades que se presentan si se consigue su continuidad. Es labor de empresas, agentes sociales y gobiernos mantener esta senda de diálogo constructivo y colaboración para poder responder al reto de Guterres de que “la recuperación nos haga mejores”.