Plataformas digitales y gobiernos: quién desconecta a quién

El pasado 6 de enero vivimos en directo el asalto al Capitolio encabezado por cientos de seguidores de Donald Trump que irrumpieron con violencia en la sede del Congreso de los Estados Unidos después de haber asistido a una marcha en la que el propio presidente los alentó a pelear en protesta por el resultado de las elecciones.
Foto de Begoña Morales
Begoña Morales28 enero 2021

Fue un día lleno de sorpresas, quizás por ser el día de Reyes, como la no aparición en escena del ejército hasta dos horas después del asalto o la suspensión durante 12 horas de la cuenta de Twitter del presidente saliente de los Estados Unidos Donald Trump por acusarle de instigar los incidentes.

Unos días más tarde, la red de microblogging decidió suspender su cuenta permanentemente dando sus explicaciones a través de un comunicado compartido mediante su perfil Twitter Safety: “Después de una revisión de cerca de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”.

A la decisión de Twitter de desconectar la cuenta de Trump se sumaron después FacebookInstagram o Snapchat que suprimieron los perfiles del ya expresidente.

Aunque en un primer momento a muchos les pareció una decisión acertada dado el nivel de violencia al que estaba llegando la rebelión contra el Capitolio y la falta de protección de los policías que lo custodiaban, una vez reposada la decisión, empezó un debate interesante sobre la libertad expresión y quién marca los límites.

Y los primeros que lo hicieron fueron los gobernantes de democracias europeas, encabezados por Angela Merkel, que consideró este hecho como una prueba más del enorme poder que han alcanzado los gigantes tecnológicos. Para la líder alemana la libertad de expresión “es un derecho fundamental de vital importancia”. Por eso, para Merkel cualquier restricción debe “ser definida por el legislador y no por la decisión de la dirección de una empresa”.

Los líderes de la UE manifestaron su preocupación por que fuera una empresa privada como Twitter la que se otorgue el poder de decidir de forma unilateral cuáles son los límites de la libertad de expresión.

Es curioso que este caso haya ocurrido 13 días antes de la publicación del Global Risk Report 2021, el Informe de Riesgos Globales publicado por el Foro Económico Mundial (WEF) que ofrece una amplia perspectiva de las principales amenazas que pueden afectar a la prosperidad mundial en la próxima década.

El informe 2021 presenta, como era de esperar, el cambio climático, las enfermedades infecciosas y la fractura social como los riesgos que más amenazan nuestra sociedad.

Pero resulta sorprendente un nuevo riesgo que no había aparecido hasta ahora y que entra directo a la sexta posición, “la concentración de poder de las plataformas digitales” y las consecuencias que esto puede tener (o está teniendo, como demuestra el caso Trump).

<p>Evolución 'Global Risk'.</p>

Evolución 'Global Risk'.

El informe dedica un capítulo al Regulatory techlash (techlash es el término acuñado por The Economist para describir “una reacción negativa fuerte y generalizada al creciente poder e influencia de las grandes empresas tecnológicas, especialmente las que tienen su sede en Silicon Valley”) y a las iniciativas de gobiernos de todo el mundo para reforzar la protección de los consumidores y ciudadanos sobre los mercados digitales.

En referencia a la Unión Europea destaca el borrador del Digital Markets Act de la UE que expone cómo la aceleración de la digitalización de la sociedad y la economía ha creado una situación en la que unas pocas grandes plataformas controlan importantes ecosistemas de la economía digital.

Según el Digital Markets Act, “estas plataformas se han convertido en guardianes de los mercados digitales, con el poder de actuar como legisladores privados”.

Y por ello propone una serie de normas de actuación para regular el comportamiento de estos ‘guardianes’ de modo que se garanticen siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos y consumidores.

Para el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, responsable de regular las plataformas digitales en la UE, el hecho de que un consejero delegado de una empresa privada pueda desconectar el altavoz del presidente de EE. UU. sin ningún control ni contrapeso es desconcertante. “No solo confirma el poder de estas plataformas, sino que muestra la profunda debilidad en la forma en que nuestra sociedad se organiza en el espacio digital”.

En referencia al mercado norteamericano destaca un informe del Congreso de Estados Unidos sobre el riesgo de monopolización en los mercados digitales que también augura presiones crecientes sobre las empresas tecnológicas. El informe dice explícitamente que “un techlash regulatorio podría enfrentar a las grandes empresas tecnológicas a grandes multas -hasta el 10% de los ingresos globales en Europa- junto con un mayor control gubernamental y la posibilidad de disolverlas”.

O sea, que el Gobierno puede desconectar a la empresa que decide desconectar al gobernante…

Esto me recuerda a la secuencia de los hermanos Marx de Una noche en la ópera con “la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante”.

Algunos directivos del sector tecnológico como Brad Smith, CEO de Microsoft, entienden la necesidad de autolimitarse y piden un esfuerzo común a la industria TIC (tecnologías de la información y comunicación) para definir las reglas del juego digital.

En el CES 2021, la mayor feria tecnológica del mundo, Smith afirmó que hay riesgos digitales que el mundo no puede permitirse y pide usar la lógica y la razón para establecer unos límites que sean aceptados por todos los actores internacionales, públicos y privados. “Hay que establecer límites de lo que puede y no puede hacerse”, defendía con rotundidad Smith.

El debate que se presenta alrededor de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y consumidores en los entornos digitales, igual que en los físicos, es apasionante y no ha hecho más que empezar.

Gobiernos, empresas y sociedad civil comienzan a entender los límites y los riesgos de no ponerlos o de tardar en hacerlo. Los reglamentos se basan en la premisa de que lo que es ilegal en el mundo físico también debe serlo en el entorno online.

El reto está en entender hasta dónde se puede llegar en el entorno digital. Quizás como apunta Brad Smith haciendo referencia al film de los 80 Juegos de Guerra haya que volver a ver películas del pasado que nos contaban el futuro para entender nuestro presente.

Comentarios

  1. Como de costumbre, excelente reflexión Begoña!