Los sonidos del silencio (I) - Revista Haz

Los sonidos del silencio (I)

El paso de 2021 a 2022 nos ha dejado un ramillete de noticias con más significado entre líneas que ruido. Algo que en unos casos es síntoma de algo bueno, incluso de agradecer, y en otros todo lo contrario. Las distintas aristas del silencio en cuestiones de transparencia las analizaremos desde tres perspectivas relacionadas con las instituciones y las personas, las estadísticas y, cómo no, las palabras o la ausencia de ellas.

Estos días podemos encontrar muchos titulares en prensa digital relacionados con la transparencia, particularmente con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la actividad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

La muestra de titulares que se relacionan a continuación es de la pasada semana. No he tenido que buscar la aguja en el pajar; es más, podría aportar decenas similares si amplío la búsqueda.

Todos los titulares se refieren a distintos casos. Y todos son literales:

  • Transparencia insta a Díaz a desvelar la autoría y las secuelas del hackeo al SEPE (La Información, 11-enero-2022)
  • Transparencia obliga al Gobierno a entregar datos sobre la detención de los escoltas de Iglesias (Nius Diario, 11-enero-2022)
  • Yolanda Díaz desobedece a Transparencia y elude detallar los casos de ‘esclavitud en el campo’ (El Independiente, 11-enero-2022)
  • El Consejo de Transparencia da la razón a un farmacéutico frente a Sanidad (Acta Sanitaria, 11-enero-2022)
  • Transparencia estimó 431 reclamaciones contra el Gobierno en 2021, un 11,3% más (El Independiente, 12-enero-2022)
  • Transparencia obliga a Sanidad a publicar el nombre de los miembros de los nodos de Revalmed (Diario Farma, 12-enero-2022)
  • Transparencia reprocha a Transportes que oculte sus informes sobre Plus Ultra (La Información, 14-enero-2022)
  • Transparencia insta a Yolanda Díaz a detallar a la CGT los inmuebles que la administración tiene cedidos a sindicatos (Europa Press, 15-enero-2022)

Hace poco más de un año que se nombró a José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del CTBG. Este nombramiento vino acompañado de una notable polémica (en los niveles a los que estamos acostumbrados en cuanto a la exposición mediática de la transparencia, francamente secundaria), llegando incluso a tratarse en programas nacionales de radio y televisión (unos de gran audiencia, otros no tanto, todo sea dicho).

También despertó cierta preocupación entre los actores del ecosistema del gobierno abierto en España, que en parte de la prensa fue directamente un juicio sin posibilidad de réplica e incluso desprovisto en ocasiones de respeto.

Una preocupación comprensible, que se justificaba fundamentalmente por dos motivos: el pasado del nuevo presidente como alto cargo y su vinculación al partido político actualmente en el poder (PSOE), y que su primera medida de calado fue la destitución de la por entonces subdirectora de Reclamaciones, Esperanza Zambrano, una profesional de prestigio que gozaba del reconocimiento del ecosistema de la transparencia, también a nivel internacional, un asunto que ya analizamos en esta revista.



También se especuló (sin entrar en más consideraciones) con la salida inminente del subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, hecho que finalmente se ha producido en diciembre de 2021. La crónica de una salida anunciada, tal vez.

Realizada esta breve puesta en situación, un repaso a la hemeroteca de estos últimos días como la muestra ofrecida, o del resto del año 2021 si se quiere comprobar, parece arrojar una primera conclusión: el relevo en la presidencia del CTBG y en la “estratégica” subdirección de Reclamaciones no ha servido como freno o como escudo para el Gobierno, que pretendía blindarse de resoluciones desfavorables.

Como muestra de esto veamos algunos titulares. No seré tan extenso como antes, pero hubo multitud:

  • Rechazo del sector a la propuesta del Gobierno al Consejo de Transparencia por sus vínculos con el PSOE (El Mundo, 1-octubre-2020).
  • Moncloa logra imponer a un cargo de ZP al frente del Consejo de Transparencia (esDiario, 14-octubre-2020).
  • “El Puma”, un “killer” a 110.000 euros al año para controlar el Consejo de Transparencia (ABC, la información se ha actualizado por última vez el 21-enero-2021).

Esta hipótesis del control del CTBG por un “comisario político” (sí, esa durísima y desafortunada expresión fue literal en algunos medios), con el objetivo de “parar las resoluciones del Consejo de Transparencia que molestaban al Gobierno” (literal), se manejó y se publicó reiteradamente en las semanas posteriores al nombramiento.

Hoy parece que no se ha cumplido. El silencio sobre este tema es una buena muestra de ello. Un silencio que dice mucho. Un silencio que, por cierto, es de agradecer.

Por sus actos los conoceréis

En el artículo referido sobre el relevo de Esperanza Zambrano me apoyé en algunas declaraciones de Esther Arizmendi, la primera presidenta y el referente “ideal” sobre el que se compara la figura de Rodríguez Álvarez.

Hoy recupero este “por sus actos los conoceréis”, que sirvió de título a uno de los posts que escribió como bloguera en El Huffington Post, apenas una docena de textos en los que dejó negro sobre blanco sus firmes convicciones en favor de la transparencia y de la labor que desarrollaba el CTBG, entre otros asuntos siempre relacionados con esta materia.

En uno de esos artículos, cuando el CTBG contaba con diecisiete meses de andadura, Arizmendi también tuvo que salir en defensa de la independencia del CTBG, de su equipo y la suya propia, de las críticas que recibía el organismo por no ser lo suficientemente contundente contra el Gobierno de aquel entonces (PP), Gobierno que la nombró y de la que también fue alto cargo con anterioridad a su entrada en el CTBG.

Apreciarán los paralelismos. Hace un año se buscaban diferencias entre los puestos ocupados por Arizmendi y Álvarez (más técnicos de ella por más políticos de él), pero créanme, las críticas a Arizmendi no eran pocas en aquel entonces por este motivo.

Hoy podemos aplicar esta misma frase a la actuación de la presente subdirectora de Reclamaciones (y por extensión, del presidente del CTBG, sobre el que caería la responsabilidad mediática en caso de que la actuación del ente se interpretara como “favorable” al Gobierno).

Sus actos, en forma de resoluciones, parece que no se corresponden con la supuesta previsibilidad de su quehacer, que debería estar orientado a desviar o frenar los ataques al Gobierno a instancias de su jefe, el supuesto “comisario político”.

Que no haya vuelto a salir el nombre de Carmen Montero García-Noblejas en los medios (lo menciono adrede, puede que a más de uno le cueste recordarlo, lo que no es mala señal), pero sobre todo que su labor no haya sido motivo para criticar la independencia del CTBG, no son sino una buena noticia y otra muestra de un elocuente silencio que, también aquí, es de agradecer.

Los actos de Carmen Montero García-Noblejas, en forma de resoluciones, parece que no se corresponden con la supuesta previsibilidad de su quehacer, que debería estar orientado a desviar o frenar los ataques al Gobierno a instancias de su jefe, el supuesto “comisario político”.

Un relevo discreto

Hablando de relevos, diciembre nos trajo también la noticia de que el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno del CTBG dejaba su cargo para asumir un puesto en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como informaba Antonio Salvador.

Este mismo periodista, que está haciendo una encomiable labor redactando artículos de referencia a partir de solicitudes de acceso a la información pública, mostrando las posibilidades de la transparencia para el periodismo y, en consecuencia, para la sociedad, también está ejerciendo de alguna manera el papel de cronista de los movimientos en el CTBG, nos adelantaba quién sería la nueva subdirectora de Transparencia y Buen Gobierno en el ente: Ana Caballud.

En este punto, no puedo dejar pasar la ocasión de reconocer el trabajo desarrollado estos años por Amorós, un elemento central en la construcción institucional del CTBG, un funcionario accesible, siempre dispuesto a colaborar con todos los actores que reclamaban su participación, y sobre el que recayó la presidencia interina tras el fallecimiento de Arizmendi, y después de eso la tarea de ser la cara más visible del CTBG desde la llegada de Rodríguez Álvarez.

Un vistazo a la agenda del CTBG, que también hemos revisado para la elaboración de este artículo, como comprobarán en la próxima entrega, puede servir para corroborar este extremo. Y sin repasar la agenda, cualquiera que se haya movido por los escenarios de la transparencia en España en estos últimos años creo que compartirá esta percepción mía.

Yo tuve la oportunidad de compartir grupo de trabajo con él en el último Congreso Internacional de Transparencia. Ha sido la última de un buen puñado de veces que he coincidido con él, y puedo decir que la labor divulgativa y de asesoramiento del CTBG la ejerció en esa ocasión con una naturalidad y una honestidad que acerca sinceramente a las personas a las instituciones. Y como esta, seguro que otras personas podrán contar sus propias experiencias.

Amorós se ha ido en silencio. Un silencio que beneficia a la institución, pero que tal vez no haga justicia al reconocimiento que merece este servidor público. Gracias por todo, Javier.

Como dije en su momento respecto a la salida de Esperanza Zambrano, otra profesional que merece justo reconocimiento, la marcha de Amorós supone una baja importante y una pérdida de experiencia y de convencimiento en la promoción de la transparencia, pero que no debe servir para poner palos en las ruedas de su sucesora.

Desde aquí le pedimos a esta que siga manteniendo la labor iniciada y construyendo sobre la arquitectura institucional que se ha encontrado, con andamiajes en todas las relaciones del CTBG, una institución que debe ser no solo “para”, sino también sentirse como propia por la ciudadanía. Suerte en la nueva etapa, Ana. Será suerte para la sociedad.

No disparen al pianista

El silencioso escenario sobre las nuevas subdirectoras sugiere un par de reflexiones sobre las instituciones y las personas.

Por una parte, podemos pensar que la imperfecta arquitectura institucional en el diseño del CTBG, con luces y sombras (lean a Rafael Jiménez Asensio al respecto), entre las cuales destaca que la presidencia del CTBG es propuesta por el ministerio del que depende orgánicamente (si bien existe independencia funcional, como se esforzó durante años en explicar Arizmendi, incluso en el Congreso de los Diputados).

Es decir, nos encontramos con el dilema de que la persona que debe liderar el control al Ejecutivo es propuesta por el mismo.

La sombra alargada de Arizmendi, de Zambrano y de Amorós parece que ha servido para fortalecer lo suficiente las estructuras de la institución, tanto como para que la misma tenga la opción cierta de subsistir, e incluso crecer, sin esas mismas personas.

Una cuestión que tiene casi todas las papeletas para contar con polémica si no se encuentra la persona idónea (definamos ‘idónea’ y pensemos en ‘según para quién’ para calcular su dificultad), o si no se alcanza un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Y esto de acordar nombres hemos visto que no es el punto fuerte de la clase política en estos últimos tiempos, no es necesario detenerse a explicarlo.

Para complicarlo un poco más y dificultar el desempeño del cargo, el organismo carece de capacidad sancionadora, lo que hace que muchas de sus resoluciones acaben siendo papel mojado, si no se decide emprender el camino de la litigiosidad en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Y teniendo en cuenta que el CTBG no cuenta con la Abogacía del Estado para litigar contra la Administración, debe pagar por servicios jurídicos. Y eso implica, a la larga, que hay que seleccionar las batallas, tanto por motivos económicos como por el riesgo de que sentencias desfavorables sienten jurisprudencia contraria al acceso a la información.

Con esta arquitectura institucional (que también cuenta con algunas virtudes), el papel de las personas que ocupan los puestos directivos de estos organismos es clave. Como bien explica el propio Jiménez Asensio, citando a Ralph W. Emerson en otro excelente artículo en el que hace balance de los cinco primeros años de transparencia en España, “una institución es la sombra alargada de un hombre”.

Y la sombra alargada de Arizmendi, de Zambrano y de Amorós parece que ha servido para fortalecer lo suficiente las estructuras de la institución, tanto como para que la misma tenga la opción cierta de subsistir, e incluso crecer, sin esas mismas personas.

El andamiaje aportado en forma de doctrina y mediante la colaboración y las redes tejidas en estos primeros años ha resultado ser suficientemente estable, una hipótesis que ya apuntamos en esta revista hace unos meses.

Pero, además, habría que tener la certeza de que quien va a venir a ocupar ciertos puestos tiene unas intenciones contrarias a la naturaleza de los mismos. La mera suposición no puede ser motivo para disparar (en términos metafóricos) al pianista. Ni tan siquiera parece razonable que le alcance una bala perdida, como parecía habitual en el far-west.

Parece, por tanto, demostrado que el balazo preventivo no es de rigor. No quiere decir esto que no se tenga una actitud firme y crítica con estos cargos, ya que es necesario para la salud institucional, como sostiene el citado Jiménez Asensio. Esta reflexión quiere decir sencillamente lo que dice: que hay que esperar para ‘disparar’, al menos, hasta tener motivos para hacerlo.

Y la segunda reflexión, que adelanto aquí para desarrollar en la siguiente entrega, es que cuanto menos se habla de personas más energía podemos dedicar a lo verdaderamente relevante: el escrutinio de la acción de los poderes públicos.

Además, hablaremos también de comunicación.

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