Sorteando las críticas a la participación ciudadana: la democracia por sorteo

¿Por qué unos cientos o unos miles de personas, de los que no conocemos sus intereses y motivaciones, deben decidir algo que afecta a toda la ciudad? Este argumento, poniéndole una cifra definida y sustituyendo ‘algo que afecta a toda la ciudad’ por un proyecto concreto (remodelación de la Plaza de España en Madrid, cambio de nombre del estadio de fútbol en Cádiz, los ‘arcos chinos’ en Valencia y todas las que quieran encontrar entre los negacionistas de la participación), sustentan gran parte de las críticas que reciben los procesos participativos que, sin ser algo nuevo, han ganado evidente protagonismo a nivel local en la última década, especialmente en la forma de presupuestos participativos.

Ya tratamos el asunto de las críticas a la participación en este espacio, y sin ánimo de volver o profundizar sobre él, solo recordamos que el valor de la participación tiene beneficios tangibles e intangibles incluso cuando las cifras alcanzadas no son las deseables.

Entre estos beneficios podemos señalar, por ejemplo, la búsqueda y recolección de ideas y propuestas de mejora de las ciudades (en el ejemplo de los presupuestos participativos o de determinadas consultas ciudadanas), que se convierten en acciones tangibles como nuevos espacios deportivos, mejora de instalaciones municipales o mejoras en la movilidad urbana.

La incorporación de la inteligencia colectiva y la aportación voluntaria de los saberes y talentos individuales mejora de raíz la gestión pública si se canaliza correctamente: definición clara de las reglas de juego, de los límites de la participación, de la cesión de poder que supone, aceptación de los resultados en el formato que se decida, e implementación de los proyectos o propuestas ganadoras o definitivas (según el modelo de participación diseñado).

Pero, sobre todo, hay una serie de elementos intangibles que también mejoran gracias a estos procesos: el cambio sobre la percepción de la gestión pública, al implicarse de manera directa en los procesos, la contribución a la reducción de la brecha creciente entre ciudadanía y poder y, en consecuencia, de la enquistada desafección política y, sobre todos ellos, la promoción de la cultura democrática y la participación individual en los asuntos públicos, una forma de educarnos en democracia que cada vez más y mejor se está desarrollando desde edades escolares.

Y esto, conviene advertir vigorosamente, no es adoctrinar, es educar una ciudadanía activa, responsable y que podrá ser más exigente con los poderes públicos, una ciudadanía que no tiene que limitar su participación a la inserción de papeletas en urnas con la sensación (cada vez más extendida y en mi opinión injusta) de que le toca elegir entre lo malo y lo peor, una ciudadanía que concibe de manera casi natural que la sociedad y la democracia se desarrolla con ella en el centro y no en los márgenes de la política. Pero en esto nos detendremos en otra ocasión.

Otra de las cuestiones que se les reprocha a los procesos participativos, además del meramente cuantitativo, es el que podríamos denominar nominativo: quiénes participan o, mejor dicho, siempre participan los mismos. Unos ‘mismos’ que representan los intereses de colectivos de tipo gremial, territorial o, lo que es peor aún, ideológico. Unos ‘mismos’ que disponen de tiempo, conocimientos, contactos o recursos (o de todas las anteriores) para influir en la toma de decisiones o en el diseño de políticas.

No caen en la cuenta quienes utilizan este argumento de que esto mismo podríamos aplicarlo a los lobbies, grupos de presión que sí consideran (y son) legítimos, aunque unos puedan gustar más que otros a cada cual. Personalmente, hay lobbies a los que aplaudo con humildad y agradezco su labor, y otros con cuyos intereses no comulgo, pero acepto la legitimidad de ambos si cumplen con las reglas establecidas, entre ellas, la cada vez más frecuente de inscribirse en un registro para que todo el mundo pueda saber dónde pretenden influir. Una transparencia de la que gozan esos ‘mismos’, tanta que, precisamente por eso, se sabe que son los ‘mismos’. Sin embargo, otros que son ‘los de siempre’ prefieren seguir en la sombra moviendo hilos.

Una respuesta democrática desde el azar

Bien es cierto que el problema de la falta de reemplazo en los procesos participativos, especialmente en el ámbito local, donde con más profusión se celebran, es un hecho. Cuesta mucho movilizar a personas que tienen poco o ningún tiempo disponible (que pueden ser horas y a veces en horarios lectivos), pocos incentivos personales (percibe que el objetivo para el que se solicita su participación no le afecta directamente o en modo alguno) o poca implicación (la materia puede no interesarle o serle completamente ajena, o sencillamente no le interesa nada participar en lo público).

También es cierto que en muchos casos cobran demasiado protagonismo los liderazgos participativos, individuos o grupos de representantes de colectivos, bien organizados, que acaparan los procesos de deliberación o se movilizan especialmente para obtener los resultados que les son favorables. Son realidades que no se pueden obviar y que dependen, entre otras cuestiones, de una correcta dinamización de los procesos o una selección de participantes adecuada.

Pues bien, una respuesta que sortea estas críticas es la democracia por sorteo, las asambleas ciudadanas por sorteo o los sorteos cívicos. Para un acercamiento al tema pueden consultar la web de Democracia por sorteo o, para profundizar más, por ejemplo, el libro de Ernesto Ganuza y Arantxa Mendiharat La democracia es posible. Sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía.

Estos procesos se caracterizan por la elección por sorteo de un grupo de ciudadanos, una muestra representativa de la sociedad en términos estadísticos, que se encargará de deliberar respecto a una pregunta o serie de preguntas, de respuesta compleja y que requiere necesariamente de una perspectiva a largo plazo que supera los ciclos electorales y que afecta al conjunto de la comunidad, apoyados por la intervención o análisis previo de la situación y el problema en cuestión de un grupo de personas expertas, académicos e incluso grupos de presión, que presentan la problemática y ayudan a iniciar los debates.

Vemos, pues, que se trata de un mecanismo complementario a la democracia representativa y que no se refiere a la elección por sorteo de parlamentarios u otros cargos ejecutivos de distinto tipo, si bien son opciones viables, como plantea la propia Mendiharat en esta entrevista, para tratar cuestiones de calado y problemas complejos o incluso enquistados en la sociedad durante décadas.

Tal es el ejemplo de la reciente aprobación del aborto en Irlanda, que ha dado solución a un problema planteado durante décadas y que ha encontrado por fin una respuesta gracias a una asamblea ciudadana por sorteo. Las deliberaciones de un grupo de 99 personas concluyeron en una decisión adoptada por mayoría cualificada que se presentó en referéndum, siendo respaldada por el 66% de la población, un porcentaje similar al que se obtuvo en el seno de la asamblea.

Ejemplos en España

Actualmente encontramos algunos ejemplos de estas asambleas ciudadanas en diversos ámbitos y con diferentes propósitos. A nivel estatal nos encontramos con la Asamblea Ciudadana para el Clima, convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para buscar recomendaciones para el que seguramente es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad: el cambio climático. Esta experiencia encuentra una inspiración cercana en Gran Bretaña (Climate Assembly UK, 108 participantes por sorteo) o Francia (Convention Citoyenne pour le Climat, con 150 participantes por sorteo).

Cien personas elegidas por sorteo, con criterios de representatividad estadística, que han trabajado durante cinco sesiones (más una sexta de votación de las recomendaciones finales), reuniéndose de manera virtual una vez al mes, en fines de semana, desde noviembre de 2021 hasta la última en mayo de 2022, en torno al primer mandato de la Asamblea y la pregunta clave: Una España más segura y justa ante el cambio climático ¿Cómo lo hacemos?

Después de estas sesiones han elaborado un documento con 172 recomendaciones que han sido entregadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Las recomendaciones están organizadas por objetivos y divididas en cinco áreas de vida y sociedad: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados, y ecosistemas.

Ahora es el turno del Gobierno, que debe estudiar estas propuestas y decidir sobre ellas, entre las que destacan algunas presentes en el debate público, como el fomento del teletrabajo o la reducción de la jornada laboral a cuatro días.

Entre el nivel autonómico y local nos encontramos con H100, la asamblea ciudadana que se ha desarrollado en Huesca el pasado 18 de junio, impulsada por el Ayuntamiento oscense y la Dirección General de Gobierno Abierto e innovación Social del Gobierno de Aragón, que ha coordinado y dinamizado el proceso. El objetivo es alinear las políticas municipales con las preocupaciones de la ciudadanía, asumiendo desde el propio consistorio que “no es posible debatir con todos y cada uno de los ciudadanos y que el voto en las elecciones es insuficiente para conseguir captar todas las ideas y sensibilidades”.

Se trata también de cien ciudadanos empadronados en Huesca, divididos en seis grupos de trabajo que representan a los distritos de la ciudad. En este caso el proceso participativo se ha convocado en formato taller para definir La Huesca que queremos.

Los grupos participantes han elaborado una serie de propuestas que serán revisadas por las personas voluntarias que han participado en el H100, el personal técnico municipal y el Consejo Ciudadano de Huesca, un órgano de participación local, para elaborar el documento final con las propuestas de la ciudadanía, relativas tanto al conjunto de la ciudad como a los distintos barrios.

¿Están circunscritos estos procesos a administraciones grandes, con recursos y solo para hacer propuestas? La respuesta es no, y un ejemplo de ello es el Pleno Vecinal de Herencia (Ciudad Real), que alcanza su cuarta edición. En febrero se constituyó el grupo de doce vecinos del municipio entre 18 y 65 años, elegidos por sorteo, que tiene la tarea de decidir el destino de 40.000 euros de los presupuestos participativos. En abril han presentado la relación de los 21 proyectos que se van a desarrollar con cargo a esta partida presupuestaria.

¿Todas las iniciativas de sorteos se aplican al conjunto de la población mayor de edad? El Ayuntamiento de Barcelona presentó #ForumJoveBCN, una iniciativa pionera en la que 99 jóvenes escogidos por sorteo a partir del padrón han tenido la tarea desde julio de 2021 de proponer y aprobar medidas con el objetivo de incorporarlas a las políticas públicas municipales. Se han celebrado doce sesiones deliberativas cuyas reflexiones acabaron cristalizándose en el documento de retorno presentado en febrero de 2022.

Normalizar la participación

“Cuando empezamos a escuchar a los expertos, la sensación que nos dio es que no teníamos futuro. Yo me acuerdo que todos acabamos deprimidos, diciendo no hay forma de solucionarlo”, son las palabras de Nuria, una de las portavoces de la Asamblea Ciudadana para el Clima referida en el primer ejemplo. Sensaciones como esta sirven para ilustrar las dificultades que conlleva gobernar y tomar decisiones, aun con el apoyo de profesionales expertos en la materia, que afectarán al presente y futuro de la sociedad en la que vives.

Dificultad que no cambia por ganar más o menos dinero. “Con lo que cobran ya pueden encontrar la solución” o “para eso les pagamos”, son lugares comunes en la tertulia política, argumentos fáciles que todos hemos alguna vez. Una dificultad que, sentida en carne propia, puede ayudar a comprender mejor la dificultad de gestionar lo público.

La complejidad de los problemas, que traspasan las fronteras, que afectan transversalmente a todos los estratos sociales y a países de todo el mundo, o que sobreviven década tras década, requieren de la participación y de la involucración de tantos actores como sea posible para proponer soluciones.

En este escenario, la formación y la normalización de la participación ciudadana son necesarias para el fortalecimiento de la democracia. Tan necesarias como no zancadillear o directamente disparar contra los proyectos cuando se encuentran en fases iniciales, en momentos de formación y asentamiento. Balas dialécticas que, en muchas ocasiones, se disparan por intereses que no son tan claros ni tan transparentes como las motivaciones o las aportaciones realizadas por las personas que se involucran en estos procesos.