Empresas sociales: cuando el negocio consiste en cuidar el planeta

La Comisión Europea lanzó en 2011 ‘The Social Business Initiative’ para conocer la realidad de las empresas sociales en los diferentes países, y las definió como aquellas para las cuales el objetivo social o del bien común es la razón principal de su actividad comercial; aquellas cuyos beneficios se destinan, principalmente, a cumplir con su objeto social, o aquellas en las que el método de organización o el sistema de propiedad refleja la misión de la empresa, utilizando principios democráticos y participativos, centrándose en la justicia social.

Precisamente, estas definiciones difieren de las dos primeras acepciones que tiene la RAE sobre empresa: 1. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. 2. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Y sería bueno que la RAE, al igual que se va a actualizando cada año con términos como ‘nueva normalidad’, ‘bot’, ‘cachopo’, ‘criptomoneda’, ‘avatar’ o ‘trolear’ se plantee incorporar el concepto de empresa social al diccionario.

Por suerte, las empresas sociales siguen su avance, independientemente de la semántica o de la legislación. Así, el tercer jueves de cada mes de noviembre se celebra el ‘Social Enterprise Day’, impulsado desde Reino Unido a nivel global para dar visibilidad a las empresas sociales.

Aunque pueden existir diferentes aproximaciones y que cada uno tenga su propia visión o definición de lo que son, tienen en común que este tipo de empresas impactan positivamente a través de su cadena de valor, que sus ingresos provienen de la venta de productos o servicios que generan un impacto positivo en la sociedad, y que destinan la mayoría de sus beneficios a cumplir con su misión o propósito.

El caso de Auara es un reflejo de lo que buscábamos cuando nos constituimos en 2016: destinar el 100% de nuestros dividendos a llevar agua potable a poblaciones en situación de pobreza extrema que carecen de ella. Como en España no existía la figura de la empresa social tuvimos que mirar fuera de nuestras fronteras. Y en Reino Unido encontramos el sello Social Enterprise Mark (SME), una certificación internacional que garantiza que nuestra actividad constituye un beneficio para la sociedad y el medio ambiente, mientras mantiene la rentabilidad económica inherente a su actividad empresarial.

Es verdad que se sigue sin contemplar la figura jurídica de las empresas sociales, pero seguimos avanzando para ampliar el marco normativo de las empresas que buscan el bien común.

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La buena noticia es que cada vez más emprendedores buscan impulsar proyectos en diferentes ámbitos, como el medioambiental, la alimentación, los servicios o la movilidad sostenible para mejorar la vida de todos, contribuyendo a afrontar un desafío social.

Recientemente, el Congreso ha reconocido a las #EmpresasConPropósito en España con la aprobación del Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, conocida como ‘Ley Crea y Crece’, por la cual se brinda la oportunidad a las empresas de transformar su modelo de negocio y rehumanizar la economía a través de la figura jurídica de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC).

Por desgracia, la cultura del emprendimiento, sea tecnológico o de impacto social, en España sigue siendo una profesión de quijotes y soñadores. Según el último ranking Doing Business del Banco Mundial, en el apartado ‘Iniciar un negocio’ nuestro país ocupa el puesto 97, lo que refleja que emprender es un deporte de riesgo, y el emprendimiento social es aún más complicado.

Pero desde hace unos años se está produciendo un cambio profundo promovido por la propia sociedad. Si no tenemos emprendedores y nuevos proyectos, no tenemos futuro como país, lo que resulta cada día más evidente e imparable. Necesitamos que se siga facilitando el emprendimiento en general, lo que facilitará el emprendimiento de impacto y el desarrollo de las empresas sociales.