Universidades: apuntalando el desgobierno - Revista Haz

Apuntalando el desgobierno

El Consejo de Ministros aprobó el pasado el pasado 21 de junio el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario. El proyecto ha sido ampliamente contestado por los partidos políticos de la oposición. Resulta difícil, sin embargo, decidir qué posiciones resultan más desatinadas, si la del gobierno autor de la propuesta o la de los partidos criticando su contenido.

El texto es un cóctel de lugares comunes, corrección política y promesas irrealizables. Hay que reconocer que los redactores no se han dejado nada en el tintero. Se habla de la universidad como lugar para “promocionar la universidad y la riqueza lingüística”, sin descuidar “el desarrollo local, la cohesión territorial y el cambio climático”. Se consagran nuevos “derechos del estudiantado”, como el llamado “paro académico”, y se promete la total gratuidad con una progresiva reducción de los precios públicos.

Como es natural, no podía faltar una mención a la necesidad de adoptar un compromiso más serio con la igualdad de género para “construir una universidad más equitativa”.

La ley no prevé ni impulsa ningún mecanismo para asegurar la sostenibilidad futura de la universidad ni el control eficiente de sus recursos.

Como el papel lo aguanta todo, sobre todo si es con cargo al déficit público y han de soportarlo las futuras generaciones, se asume el compromiso de aumentar la financiación pública hasta alcanzar el 1% del PIB y de eliminar la precariedad universitaria, reduciendo del 40 al 8% el máximo de contratos de carácter temporal del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en la universidad.

En cuanto al gobierno de la universidad, el proyecto de ley empeora el ya de por sí defectuoso y complejo sistema de gobernanza de la universidad, abriendo la participación de los estudiantes “en el gobierno de la universidad en sus distintas unidades y en la propia gestión de servicios”. Se aumenta la representación mínima del estudiantado en diversos órganos de gobierno de la universidad, y se manda la creación de un consejo de estudiantes en cada universidad.

La ley no prevé ni impulsa ningún mecanismo para asegurar la sostenibilidad futura de la universidad ni el control eficiente de sus recursos. En cuanto al gobierno, empeora el ya de por sí defectuoso y complejo sistema de gobernanza.

El reciente informe de Fedea Universidad pública y rendición de cuentas elaborado por de Benito Arrullada, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, resume con claridad las graves carencias del proyecto de ley que solo contribuirán a ahondar más su ya frágil sistema de gobernanza: “La situación de las universidades públicas españolas sugiere que en la actualidad podrían estar sirviéndose más a sí mismas que a la sociedad; pero el proyecto de ley no contempla reformas sustanciales, y las pocas que acomete, en caso de que fueran aplicadas, es probable que empeoren su situación”.

Y añade: “La universidad padece un sistema de gobierno anómalo y un grave déficit de rendición de cuentas, pero el proyecto de ley pretende aumentar su financiación pública sin mejorar su gobierno ni asegurar su rendición de cuentas. En esas condiciones, en caso de prosperar el prometido aumento de gasto, es probable que sirva tan solo el interés privado de los universitarios, pero no el interés público”.

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