A la transparencia se le hace de noche

Ha pasado prácticamente una década desde la aprobación de la Ley de 19/2013 de Transparencia, y la apertura de las Administraciones en España necesita un notable impulso legislativo. Esta es la música que suena en cualquier foro sobre transparencia y materias afines. Sin embargo, el tiempo pasa y, en lugar de ir apareciendo o modificándose textos, van cayendo plazos, propios o externos, sin que la letra de la canción complete todas sus estrofas.

Hace un tiempo hablamos de la procrastinación aplicada a la transparencia con el eterno real decreto para elaborar el reglamento de desarrollo de la ley de transparencia que nunca llega. Después, sabido que se iniciaban los trabajos para redactar una nueva ley, la verdad es que tenía muy poco sentido presentar un desarrollo reglamentario de una ley que se pretende reformar.

Sin embargo, no puede olvidarse que se han hecho varios intentos (2015, 2017, 2018 y 2019) en forma de procesos de consulta pública, o promesas de que ya estaba muy avanzada la redacción (2020), pero siempre estos proyectos y las aportaciones y sugerencias recibidas quedaron en un cajón. Como tampoco puede olvidarse que la redacción del reglamento era el compromiso número uno del IV Plan de Gobierno Abierto. O que el rosario de ministros del ramo no ha conseguido cerrar este capítulo.

Como decía, ahora nos encontramos embarcados en otra ilusión mayor: la nueva ley de transparencia. Hay aparentes motivos para celebrar cambios importantes, aunque ya se puede dar por prácticamente seguro que no se va a producir uno clave, que no es otro que tratar al acceso a la información pública como un derecho fundamental.

En una jornada reciente organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (vídeo y resumen en este enlace), algunos de los miembros del Foro de Gobierno Abierto y otros que incluso han intervenido activamente en la redacción de las ponencias relativas a la nueva ley, apuntaban algunas de las cuestiones más importantes de lo que puede aportar el esperado texto (siempre recordando con responsabilidad y adecuada prudencia que lo tratado en el subgrupo de trabajo de la reforma de la ley no tiene que llegar a ser necesariamente parte de la ley).

Entre esas posibles mejoras podemos destacar que no se exija en todos los casos identificación para solicitar información pública, la reducción de la barrera que supone la identificación por medios electrónicos, el deber de asistencia a las pequeñas entidades locales, la evaluación de la implementación de la ley o la reforma de la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno (el órgano que junto al presidente componen la estructura del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno).

Un aspecto en el que hay cierto consenso, a pesar de que haya acabado hace poco el periodo de consulta pública para la reforma de la ley de transparencia, es que parece que no va a ser aprobada en las Cortes Generales en esta legislatura. No es que sea imposible, pero parece que no va a haber margen suficiente. Y esto es importante, porque en otoño habrá elecciones generales, y un cambio de gobierno puede volver a paralizar lo avanzado. Incluso si siguen en el poder los actuales representantes.


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Sirva como ejemplo lo que ocurrió en Castilla y León, cuyo proyecto de reforma de la ley de transparencia autonómica se paralizó con la disolución de las Cortes y después, a pesar de seguir el mismo presidente y partido mayoritario en el gobierno regional, ese proyecto de ley ha quedado en el olvido.

Además, recordemos que se avecina un año político intenso, con cuestiones como las elecciones municipales y en algunos casos autonómicas o la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que por turno recaerá por quinta vez en España en el segundo semestre de 2023. El riesgo de que las aspiraciones, políticas y sociales, relacionadas con la mejora de la transparencia queden relegadas a un segundo plano, más allá de retóricas electorales, es más que evidente.

Pero sin estos motivos, que ocuparán buena parte de los esfuerzos y la agenda política, incluso si los ignoramos por completo, las prisas no son buenas consejeras, y menos cuando se va tarde y en lo que atañe a las leyes. Vísteme despacio que tengo prisa. Sirva como ejemplo el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que la transparencia no solo es lo que atañe a su ley, faltaría más.

Este anteproyecto de ley, más conocida como nueva ley de secretos oficiales en tanto que viene a derogar la ley franquista sobre esta materia, que pervive nada menos que desde 1968, tampoco ve la luz, y eso a pesar de la tramitación de urgencia el pasado verano, por la que se abrió un exiguo plazo de consulta pública en agosto que dificultaba la participación de la sociedad civil, pero que sirvió una vez más para demostrar el compromiso de ciertos sectores sociales, como los profesionales de la gestión documental y los archiveros, los periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Hace unos días el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en sede parlamentaria, justificaba la inacción en esta materia a que esperan “con avidez” el informe del Consejo General del Poder Judicial. Aún siendo cierto que la espera de este dictamen ralentice el proceso, es tal la cantidad de objeciones que recibió el anteproyecto que la dilación en su redacción final no puede atribuirse tan solo a la lentitud del órgano de gobierno de la Justicia; es más, incluso debería dedicarse una reflexión serena para corregir o al menos tener en consideración las críticas recibidas. Cincuenta y cinco años y lo delicado de la cuestión bien lo merecen.

La tracción externa

Pero todo no va a ser negativo. Tenemos una nueva norma, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esto puede tomarse como una gran noticia. Lo es, en términos generales, y sin entrar a analizar sus virtudes y carencias, lo cierto es que tampoco se puede olvidar que ha llegado tarde, muy tarde.

Tan tarde que España es uno de los ocho países a los que la Comisión Europea llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto ni notificado las medidas nacionales de transposición a su ordenamiento jurídico de la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión [Directiva (UE) 2019/1937]. Esto debería haberse producido, como muy tarde, el 17 de diciembre de 2021. Hagan cuentas. La ley 2/2023 se publicó en el BOE apenas tres días después de esta noticia, veremos en qué acaba esta decisión de la Comisión Europea.

Queda la sensación de cierto estrés legislativo y la certeza de que ha faltado un planteamiento integral, y al final terminan por aflorar las deficiencias de un sistema de integridad pública que “se hace por entregas inconexas”.

Otra cuestión de plazos que trae consigo esta nueva ley: el Estado se compromete a elaborar, junto con las comunidades autónomas, una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción en el plazo máximo de dieciocho meses. Esperemos que esto se pueda cumplir por el bien común. El plazo ya está contando.

Vemos que se legisla en muchos casos a golpe de impulsos por el tractor de Europa, ya sea por la obligatoriedad de transponer las directivas al ordenamiento jurídico nacional, ya sea por las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del que por cierto queda aún pendiente la regulación de los grupos de interés (lobbies) en sus relaciones con diputados y senadores, una regulación en la que (también) se está trabajando en la actualidad (el periodo de consulta pública del anteproyecto de la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés finalizó el pasado diciembre), o ya sea a través de la delegación del Parlamento Europeo que ha visitado España para examinar el uso de los fondos para la recuperación, el verdadero motor que ha impulsado la toma de decisiones al respecto.

La respuesta es más transparencia

Esta sucesión de ejemplos, observados como conjunto, dejan la sensación de cierto estrés legislativo y la certeza de que ha faltado un planteamiento integral, y al final terminan por aflorar las deficiencias de un sistema de integridad pública que “se hace por entregas inconexas”, como acertadamente apunta el profesor Jiménez Asensio. ¿Qué puede implicar esto? Que haya que poner parches a iniciativas recientes, sirva como ejemplo Minerva y el análisis sistemático de conflictos de interés en la ejecución del Plan de Recuperación (lean a Concepción Campos).

Parece que no vamos a alcanzar un sistema satisfactorio de prevención de la corrupción y el fraude; o al menos, que va a costar mucho más tiempo del razonable. Y precisamente en estos días, en los que vuelven a aflorar casos de corrupción en la prensa, pueden volver a despertarse fantasmas no tan viejos (Víctor Almonacid nos deja una serie de reflexiones tan interesantes como preocupantes sobre España) que sigan minando la confianza en las instituciones. Una pésima noticia.

La respuesta, una parte importante de ella al menos, también nos la han recordado desde Europa a través de la europarlamentaria alemana Monika Hohlmeier, la jefa de la delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo: “más transparencia. La otra parte de la respuesta, fundamental, es el compromiso y la apuesta preferente por las cuestiones relacionadas con la transparencia y la integridad, que una y otra vez parecen quedarse relegadas a un segundo plano de la agenda de prioridades gubernamentales.

Deseemos que, a la regeneración política, por impulso propio o a través de la tracción europea, ‘no se le haga de noche’ (como al futbolista que tarda mucho en rematar y pierde la ocasión de gol), que la recuperación que persiguen los fondos y las políticas europeas y nacionales no sea solo económica, sino también ética, y que sigamos construyendo un sistema de integridad con visión integral.

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