La taxonomía social que nos espera… digo yo

Ya existe un reglamento de la Unión Europea para la primera que clasifica una serie de actividades en torno a los criterios que se deben cumplir para considerarse como medioambientalmente sostenibles. La segunda, aquella que contribuya significativamente a objetivos sociales en la UE, deberá esperar.

A pesar de no contar, a fecha de hoy, con criterios comunes para determinar qué productos son sostenibles socialmente, el último borrador pone foco en la protección de los derechos humanos y en el impacto social hacia los principales grupos de interés de las empresas: trabajadores, clientes y comunidades.

La clasificación social es similar a la de la taxonomía medioambiental, pero distinguirá entre entidades económicas, por un lado, y productos y servicios, por otro. Además, estará marcada por los estándares internacionales y sus valores más que por la ciencia. Por no hablar de las competencias más limitadas sobre los aspectos sociales que tiene la UE.

Encontrar una definición clara y sencilla de ‘impacto social’ es imprescindible para evitar prácticas de greenwashing o de greenwishing. De todas maneras, el ideal de esta taxonomía social será complementar y completar a la medioambiental. Como sucede con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que no es posible alcanzar uno si no se ha hecho lo propio con los restantes.

En cualquier caso, las empresas pueden ir avanzando en sus estrategias sociales para evitar prisas de última hora y posibles incumplimientos legales. Por ejemplo, determinar el grado de compromiso con la discapacidad que tiene una organización solo se podrá averiguar si esta se implanta desde arriba hasta abajo y de manera transversal (holística, dicen los cursis) en toda la cadena de valor. Si, además, estas prácticas se auditan, verifican o certifican, mejor que mejor.

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Una perspectiva amplia incluye estrategia y liderazgo, gestión de recursos humanos, accesibilidad, compra responsable, clientes, comunicación y acción social. Para cada uno de estos siete bloques se requiere una batería de indicadores trazables y comparables que permitan una evaluación objetiva y rigurosa, auditable por un tercero independiente. Un estándar de excelencia en la gestión responsable, concienzuda y activa para con las personas con discapacidad de la empresa.

¿Cuentas con estatutos y/o manual de procedimientos que recogen explícitamente la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal? ¿También en tu código ético? ¿El sistema de integración e inclusión ha sido revisado por el equipo directivo? ¿La estrategia de gestión de la discapacidad dispone de indicadores de objetivos, incentivos y/o valoración de desempeño de los cuadros directivos? ¿Existe un equipo multidisciplinar, en el que personas con discapacidad internas y/o externas participan en el proceso de definición de estrategias y seguimiento de las políticas de inclusión y gestión de la discapacidad en la empresa?

¿Hay una partida presupuestaria definida y con dotación económica para desarrollar estas políticas? ¿Se dispone de alguien formado en discapacidad (demostrable) así como de procesos redactados para la mediación y resolución de conflictos, además de canales establecidos y redactados para la denuncia de acosos, discriminaciones u otros y reparación de agravios? ¿Se ha contactado con organizaciones representativas de las personas con discapacidad en procesos de consulta con los diferentes grupos de interés y hay evidencias demostrables de esos contactos tanto en su ejecución como en la aplicación de alguna de sus recomendaciones en la estrategia de la compañía? Estas son algunas de las cuestiones a resolver en el primer bloque. Quedan otros seis.