La transparencia en la Iglesia ‘progresa adecuadamente’
El último informe de 'Rendición de cuentas y transparencia en la Iglesia', que elabora la Fundación Haz, refleja una mejoría generalizada de los niveles de transparencia de las diócesis españolas.
En efecto, en el informe de 2020 solo eran cuatro las diócesis que mejoraban más de 10 puntos, frente a las 12 de esta última edición.
Estos datos evidencian el papel positivo que la Oficina de transparencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) está teniendo a la hora de impulsar la transparencia en las diferentes diócesis. Es de justicia reconocer ese esfuerzo en una tarea que no siempre resulta sencilla, pues cada diócesis es autónoma e independiente, sin que la CEE, ni ninguno de sus órganos, tenga competencia alguna sobre las mismas en esta materia.
Este reconocimiento de la patente mejoría, no debe ser una excusa para no seguir avanzando y reconocer que todavía existen amplios márgenes de progreso en ámbitos muy importantes. El gran reto que tienen actualmente las diócesis es impulsar las prácticas de buen gobierno en sus órganos de supervisión y apoyo.
En el marco de este propósito cobra especial urgencia la necesidad de profesionalizar el funcionamiento y rendición de cuentas de las comisiones de asuntos económicos. En efecto, el papel de estas comisiones resulta esencial para impulsar y supervisar determinadas políticas y procesos que garanticen una correcta administración de los bienes de la Iglesia y disminuyan los riesgos de un mal uso de los mismos.
Ahora bien, resulta difícil que ese mandato pueda llevarse a cabo si no existen procedimientos que garanticen una selección de sus integrantes basada en criterios de competencia técnica, si estos no reciben una formación adecuada para poder realizar su labor de supervisión con eficacia y si no se someten periódicamente a un proceso de evaluación para mejorar su desempeño. Todas estas prácticas, tendentes a perfeccionar la labor de gobierno, se llevan aplicando desde hace tiempo, con muy buenos resultados, a todo tipo de instituciones, lucrativas y no lucrativas, y no existen motivos para que no puedan extenderse al ámbito de las organizaciones de la Iglesia.
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El Espíritu Santo no va a dejar de asistir a su Iglesia porque sus miembros hayan decidido utilizar todos sus talentos y capacidades humanas al servicio de la misma. Muy contrario, la extensión y uso de estas prácticas es un síntoma evidente de que han secundado con docilidad sus inspiraciones y consejos.
La necesidad de fortalecer y profesionalizar estos órganos de gobierno y supervisión nos ha persuadido de la utilidad de enriquecer este informe con un nuevo indicador, destinado a reforzar las comisiones de asuntos económicos con la adopción de alguna de las prácticas mencionadas. Estamos convencidos que esta nueva exigencia servirá de acicate para que la rendición de cuentas de las diócesis mejore en aspectos claves como son el impulso y desarrollo de las auditorías externas, que reforzarán una revisión objetiva e independiente de la información económicofinanciera, o el desarrollo de políticas de inversión que ayuden a alinear los objetivos económicos con los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Esperamos que este informe, al igual que ha sucedido con los anteriores, sirva de estímulo para que las diócesis sigan mejorando en su compromiso con la transparencia y las prácticas de buen gobierno y contribuya a fortalecer el extraordinario impacto que la Iglesia católica viene realizando en tantos ámbitos de la sociedad y, particularmente, en favor de los colectivos más necesitados.
