Prohibir el avión, ¿y por qué no el coche?

Es un experimento que vigila la Comisión Europea para extenderlo a toda la Unión si sale bien. Es la primera vez que se va a aplicar, aunque en 2019 ya hubo una propuesta por parte de los eurodiputados de Países Bajos para prohibir los vuelos regionales, sobre todo entre los aeropuertos de Schiphol (Amsterdam) y de Zaventem (Bruselas), que están a 200 kilómetros por carretera uno de otro. Al final, la propuesta no se llevó a la práctica para no contravenir las leyes europeas sobre libre circulación de personas.

De todas formas, la medida que se ha puesto en marcha en Francia puede tener algo de ‘postureo’, según han comentado algunos analistas de la actualidad francesa. Porque se estaba preparando una normativa que iba a prohibir los trayectos de menos de cuatro horas en los que se superpusieran avión y tren y, al final, el Gobierno francés ha reducido el tiempo a dos horas y media, por lo que solo serán afectados tres trayectos: París-Burdeos, París-Nantes y París-Lyon, que apenas suponen el 4% de los vuelos interiores en Francia.

Tal y como estamos con el cambio climático, todo lo que sea reducir emisiones en un sector tan contaminante como el transporte es bienvenido entre los ciudadanos más o menos comprometidos con el medio ambiente. Pero no se puede hacer a cualquier coste.

¿Tiene derecho un Gobierno a eliminar la libertad de empresa y la libertad de desplazamiento de las personas aunque sea con el loable objetivo de no ensuciar más la tierra? Tengo mis dudas. Alguien ponía la aparición de los semáforos como ejemplo de que para preservar un bien superior se puede coartar la libertad de los ciudadanos. Un semáforo te impide circular o andar por donde quieras, claro que sí, pero los bienes preservados, desde el orden en las calles hasta la propia vida humana justifican esa coacción.

La prohibición de ciertos vuelos por parte de las autoridades por sus consecuencias para el medio ambiente se sitúa en otro orden de cosas. Porque si se admite esa medida sin más, también deberíamos aprobar que se pudiera prohibir el uso del coche en, por ejemplo, los trayectos en ciudad inferiores a media hora, y obligar a todos los ciudadanos a que usen el metro o el autobús en esos itinerarios. El razonamiento es el mismo: como el metro contamina mucho menos, obliguemos a todos a usarlo y que dejen el vehículo privado en casa.

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Prohibir es lo fácil. Lo complicado es adaptar los sectores a un modelo de transporte más sostenible y que satisfaga a todos. En España tenemos ejemplos de que una buena gestión del transporte ferroviario es suficiente para ir arrinconando el uso del avión. Al margen de lo que pensemos sobre la eficiencia del AVE en relación a su coste y su utilización, es un hecho que su puesta en marcha y la posterior liberalización del sector ha cambiado la forma de viajar en nuestro país.

La alta velocidad ha ido ganando cuota de mercado al avión con los años. Por ejemplo, en el trayecto Madrid-Valencia, el tren transporta ahora el 88,7% de los viajeros por el 11,3% que lo hace en avión. Entre Madrid y Málaga, esa proporción es del 87,7% al 12,3% y en el eje Madrid-Sevilla es similar: 88,1% sobre 11,9%. Entre Madrid y Barcelona, en el que el ferrocarril pelea con la potencia del puente aéreo, el número de pasajeros que usan el tren es del 75% por el 25% que sigue prefiriendo el avión.

Y los expertos señalan que muchos de los pasajeros que siguen usando el avión lo hacen por temas de trasbordos. Por ejemplo, un ciudadano que quiera ir desde la semana pasada de Burdeos a Atlanta en Estados Unidos, deberá coger un tren de alta velocidad hasta la estación de Montparnasse (París) (2 horas y 55 minutos) y de allí trasladarse al aeropuerto de Orly (más de 1 hora). Cuatro horas en un trayecto que en avión dura 1 hora y 15 minutos y con la comodidad de no tener que trasladar equipaje. Eliminar ese vuelo supone un contratiempo importante para el viajero.

La extensión del Ave -Galicia, País Vasco,…- seguramente reducirá el uso del avión por los ciudadanos en la misma proporción que las líneas que ya están en funcionamiento. Y, entonces, también nos daremos cuenta de verdad de la inutilidad de la proliferación de aeropuertos en España tan cerca unos de otros, como ocurre en La Coruña-Santiago-Vigo en Galicia o en Fuenterrabía-Vitoria-Bilbao-Pamplona en Navarra y el País Vasco.

El ferrocarril es un medio de transporte con un impacto bajísimo en emisiones –responsable únicamente del 1% de las emisiones en el continente– y con una gran eficiencia: consume únicamente el 2% del total de la energía utilizada en transporte, y desplaza el 13% de las mercancías y el 7% de los pasajeros. Estas cifras nos dan una idea clara de las posibilidades de mejora: si, como ocurre con la alta velocidad, todos los viajeros que habitualmente utilizan el avión en distancias cortas se pasasen al tren, los ahorros en emisiones y la eficiencia podrían ser considerables. Pero la solución no es la prohibición, sino la creación de condiciones para hacer más cómodo el transporte en tren que en avión.

Si la razón de la prohibición del uso del avión es la reducción de emisiones, podría tener sentido también la prohibición del uso del vehículo privado en la ciudad, como hemos dicho antes, algo que ninguna Administración sensata se plantea salvo en circunstancias de excepcional peligro y siempre de forma parcial.

En cambio, si las autoridades se emplearan a fondo en el desarrollo de infraestructuras para facilitar el uso del transporte público en las ciudades, facilitarían que el ciudadano dejara el coche en casa en sus trayectos cotidianos: los aparcamientos disuasorios, una buena red de autobuses, el metro puntual, los circuitos para bicicletas, unas calles por las que se pueda andar sin obstáculos…

La alta velocidad tiene detractores por su altísimo coste y la desconexión que produce en el territorio por donde transcurren las líneas. Es cierto que, excepto el trayecto Madrid-Barcelona, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura en absoluto se recupera con su utilización. Pero ya que tenemos una buena red, utilicémosla con cabeza -precios, frecuencias, incidiendo en su eficiencia medioambiental…- para empujar al ciudadano a utilizarla. Sin prohibiciones.