La transparencia baila bachata

Pasada una década de la aprobación de la Ley 19/2013, la transparencia se mueve a ritmo de bachata: va dando pasos adelante y pasos atrás, ralentizando su avance.
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Rafa Camacho4 diciembre 2023

Recurrentemente, cuando se trata de hacer una evaluación global sobre los avances de la transparencia y el gobierno abierto en España, la opinión, si no unánime, ampliamente compartida es que se ha avanzado mucho en estos años. Se tiende a tener en cuenta la situación de partida (crisis de legitimidad, desconfianza en las instituciones, multitud de casos de corrupción, inexistencia de una ley estatal y de órganos de control), pero que aún queda camino por recorrer. Mucho para unos, muchísimo para otros, no tanto para otros más optimistas.

Pasos adelante

En efecto, desde 2013 a hoy se han producido notables avances que a veces tendemos a minusvalorar, y es que en realidad solo se da cumplimiento, y no siempre total, a lo que dicta una ley (considerando solo la estatal) que en perspectiva comparada no es de las más avanzadas del mundo. La exigencia no es solo buena, sino recomendable, y más aún cuando hay elementos como la falta de consecuencias (por ejemplo, la ausencia de un régimen sancionador) que limitan el impacto real en la aplicación de la normativa.

Pero es cierto que la multiplicación de portales de transparencia y las obligaciones de publicidad activa, el ejercicio del derecho de acceso y la actividad de los organismos de control, la creación de estructuras para compartir datos abiertos o las iniciativas de rendición de cuentas han permitido que se dé a conocer una gran cantidad de información que hace unos años era difícil de conseguir. Asimismo, se ha avanzado con mayor o menor éxito en los pilares colindantes del gobierno abierto, como la participación ciudadana y la colaboración.

Este escenario apuntaba a que se tuviera, en términos generales, una visión más o menos positiva, rozando el aprobado para algunos, el notable para otros y la excelencia para los menos. El avance era lento, pero se avanzaba en términos normativos y prácticos, con la salvedad y la complejidad de los múltiples ejemplos relacionados con las solicitudes de acceso a la información. Pero esto ha cambiado. A los diez años, empezamos a dar pasos atrás desde las leyes y las estructuras.

Pasos atrás

En este espacio ya advertimos del aparente proceso de “deconstrucción de la transparencia” en relación a las manifestaciones de intenciones de algunos de los nuevos gobiernos regionales. Nos referíamos a casos en los que la simplificación administrativa y la agilización de los procesos servían de excusa para eliminar elementos de control.


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Ya se está materializando uno de los peores presagios, como es la supresión de la Oficina Antifraude de Baleares, contra la que se han manifestado no solo el resto de Oficinas Antifraude, sino más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil. Obviando toda escucha, el Parlament balear con los votos de PP y Vox ha aprobado este pasado 28 de noviembre la toma en consideración de la Proposición de Ley de transparencia y control de los cargos públicos.

Otro caso no previsto cuando hablábamos del proceso de deconstrucción es la modificación de la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid. La propuesta contempla “eliminar todo el régimen sancionador, suprimiendo todos los apartados de infracciones y eliminando el buzón en el que cualquier persona podía denunciar incumplimientos”, como ha apuntado entre otros Civio. Asimismo, la modificación pretender restar independencia al Consejo de Transparencia y Participación regional, que pasará de tener tres miembros elegidos por 3/5 partes de la Asamblea a un solo miembro elegido por el Ejecutivo regional y “dependiente” del mismo, como señala Manuel Villoria.

Los pasos atrás son evidentes, aunque se quieran justificar en la proposición comparándolos con la ley estatal 19/2013 y añadiendo en la “arbitraria” exposición de motivos, como analiza con juicio crítico Miguel Ángel Blanes. Cabe recordar que la ley estatal tiene un carácter básico sobre la que se esperan mayores avances, como ha sido en muchas de las leyes autonómicas, incluida la propia de la Comunidad de Madrid, que se situaba entre las más vanguardistas.

Ahora la CAM se dirige a desandar el camino, amparándose en aspectos que han sido muy criticados desde todos los ámbitos en estos años y sobre cuya modificación siguen surgiendo propuestas, especialmente en lo que se refiere al régimen sancionador. La transparencia se pone a bailar bachata en la Comunidad de Madrid, como en Baleares.

Cuando se valoren los avances en esta década veremos si la transparencia baila bachata, si da vueltas a ritmo de vals, si se mantiene en el sitio como en el ska clásico, o si se mueve a ritmo de castizo pasodoble, que también va para adelante y para atrás, pero con menos variedad.

¿Todos bailan al mismo son?

Por suerte, la gestión pública suele ser tan variada como los tipos de música o los pasos de un mismo baile. La bachata tiene una variedad  de pasos amplia, y solo en el sentido más básico de “adelante-atrás” se pueden contar hasta seis tipos.

En otro Gobierno autonómico sobre el que pusimos el foco cuando hablamos sobre la deconstrucción de la transparencia, la Comunidad Valenciana, se advierten pasos positivos, a pesar de la reducción del presupuesto, puesto que se mantienen las líneas de colaboración con las universidades de la región, así como las subvenciones para el desarrollo del buen gobierno para entidades locales, y se empieza a trabajar en su II Plan de Gobierno Abierto, un trabajo que también va a emprender el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la OGP Local. Pasos titubeantes se advierten en Aragón, donde se da continuidad a la estructura del LAAAB pero se prescinde de personas clave en el desarrollo de la transparencia en la región en los últimos años.

Siguiendo con el mundo local, parece que quiere tomar la bandera de la modernización y actualización de las normativas sobre transparencia, tras aprobarse dos ordenanzas-tipo que pretenden servir de guía a las entidades locales de España: la Ordenanza tipo de Transparencia Pública, que en su marco y posibilidades de reforma muestra un espíritu muy aperturista y centrado no solo en las necesidades de las entidades locales, sino en la visión ciudadana, y la Ordenanza tipo de Gobierno del Dato, un texto pionero que pretende contribuir a la apertura y correcta gestión de los datos.

En las próximas semanas se celebrarán varios actos con motivo de la efeméride de la Ley 19/2013, y seguro que habrá publicaciones al respecto. Prestaremos atención a cuando se valoren los avances en esta década para ver si la transparencia baila bachata, si da vueltas a ritmo de vals, si se mantiene en el sitio moviendo brazos y caderas como en el ska clásico, o si se mueve a ritmo de castizo pasodoble, que también va para adelante y para atrás, pero con menos variedad que la bachata.

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