La reválida de la RSC de la Universidad, la asignatura pendiente

El debate suscitado alrededor de la crisis económica mundial ha derivado en España en otro de no menor calado que afecta directamente al modelo económico y productivo español.

Todos los expertos e indicadores coinciden que esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de que el modelo productivo español cambie de forma radical en sus pilares en un momento en el que la sostenibilidad y la economía del conocimiento marcarán la senda futura del crecimiento.

Ahora bien, si de economía del conocimiento se trata la discusión se adentra en la cuna de ese conocimiento, esto es, la Universidad como institución sacrosanta de ese intelecto, que afronta en la actualidad la misión y desafío de ofrecer el conocimiento necesario para el mundo en el siglo XXI.

La sostenibilidad aplicada a la Universidad como estamento supone entender la responsabilidad social corporativa de la formación superior como parámetro último de cumplimiento de la misión que a ésta le concierne, que no es otro que servir de fuente de creación y difusión de conocimiento. Si de esto se trata en última instancia, la pregunta salta al instante: ¿en qué consiste la auténtica responsabilidad social de la Universidad y en qué medida la Universidad como institución educativa cumple con su RSC particular? El catedrático Antonio Pulido, en su obra El futuro de la Universidad, publicada en 2009, prosigue en esta línea y se cuestiona si merece la pena discutir sobre la idea, esencia, papel, misión o visión de la Universidad? Y como asegura el profesor Pulido en ese libro, hay más preguntas que respuestas a la hora de contestar a la cuestión.

El actual ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha referido en múltiples ocasiones a la necesidad de un pacto de Estado en educación, aunque al final ésta sólo es la vía política de una cuestión más profunda que merece la pena desmenuzar desde la raíz. Según indica el artículo 1 de la LOU (Ley de Ordenación Universitaria), «la Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio.

2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico.

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida». En resumen, la misión y responsabilidad social de la universidad es la formación y creación de conocimiento para toda la sociedad.

Sin embargo, como subrayaron recientemente los profesores Miguel Díaz y García Conlledo en un evento organizado en Barcelona por la Fundación Ciudadanía y Valores, la Universidad como «templo del saber» está absolutamente devaluada y desatendida por nuestro actual marco normativo.

Mientras, dijeron Díaz y Conlledo en su intervención, «tal entendimiento no se recupere de verdad, el futuro de la Universidad será muy negro y más parecido al de una academia docente de perfil bajo».

La crítica de los académicos mencionados echa por tierra los deseos de la actual ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, que en varias ocasiones se ha referido a la misión de futuro de la Universidad como «transmisora de valores» y «ejemplo de ciudadanía». Si este último es el objetivo social de la Universidad, los profesores Díaz y Conlledo lo desmontan desde dentro de la institución.

Los responsables académicos son conscientes de los fallos internos del sistema universitario para hacer efectiva la «responsabilidad social universitaria», como así denominó el informe Promoviendo un modelo de responsabilidad social, elaborado por la Universidad de Zaragoza, ese desiderátum último.

En dicho informe se explicitan varios elementos que, desde dentro del sistema, dificultan la realización de esa RSC de la Universidad, a saber: falta de directrices sobre la RSC en las universidades, falta de sensibilización, falta de liderazgo, cultura y estructura de las universidades españoles, así como prioridades más urgentes, que en un sentido u otro ralentizan la apuesta por la RSC universitaria.

Los frenos enumerados por el informe aluden implícitamente a la conocida y denostada «endogamia» que, según muchos, ha caracterizado a la Universidad española desde siempre. Ante esto, aseguran Díaz y Conlledo, «es imprescindible un control de la Universidad alejado de la eterna burocracia, el formalismo y la complejidad para encubrir un verdadero vacío de control», lo cual ha llevado a que «muchas universidades se han convertido en un nido de arbitrariedad y nepotismo, de despilfarro y trampolín para otras ambiciones». Por ello, los investigadoes exigen «un proceso de desburocratización, eliminación de la demagogia pseudodemocrática, profesionalización de la gestión y, aunque no suena políticamente correcto, recuperación por el Estado de las competencias sobre la Universidad».

Sobre este último aspecto entran temas ideológicos y políticos de fondo que dan lugar de por sí a un debate específico, pero de lo que no cabe la menor duda es de la necesaria desburocratización que requiere el estamento universitario, paso previo a cualquier intento por cumplir la RSC que compete a esa institución dentro de la sociedad.

En el fondo, sólo una vez cumplidas estas premisas puede comenzar a hablarse de un objetivo de buen gobierno aplicado a la Universidad, lejos entonces de burocracias, endogamias y demás impedimentos administrativos.

Si, como ha manifestado el rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, «la misión de la Universidad es formar la inteligencia de los jóvenes para convertirla en talento aprovechable», el primer requisito indispensable para cumplir ese objetivo es orientarse desde dentro a romper las barreras internas y lastres del propio sistema universitario, para que, de ese modo, la formación de la inteligencia sea la auténtica misión y responsabilidad social de la Universidad, lejos de luchas internas entre académicos y, siguiendo el término anterior, burócratas.

No puede ser de otro modo, como ha advertido el ministro Ángel Gabilondo: «La educación es el mayor desafío que tenemos en este país y todos debemos estar implicados. Estamos en un periodo de transferencia del conocimiento y ese conocimiento debe retornar a la sociedad, produciendo bienestar y riqueza, por eso la Universidad es de toda la sociedad. Tenemos que hacer un sistema que debe ser mucho más abierto, flexible e integrador; incorporando todas las formas y modos de educación, flexibilizando la entrada y salida del sistema, sabiendo que la formación cualificada es la mejor causa de inserción laboral, de empleabilidad y de mejora del sistema productivo».

Ahora bien, la Universidad sólo empezará a cumplir con esa responsabilidad social que tanto el ministro como los diferentes agentes sociales le solicitan en la medida en que abra su mente al mundo y cierre de un plumazo su, valga la redundancia, cerrazón intelectual en ciertos aspectos, como la endogamia anteriormente aludida. Si, como reza el artículo 1 de la LOU, se trata de un conocimiento para la sociedad, ésta debe estar presente como principio y fin del conocimiento que nazca de la universidad, y no como un mero agente externo ajeno a las luchas internas de poder entre los diferentes grupos de poder que se crean dentro del claustro académico de las diferentes universidades españolas.

Un simple dato basta para refrendar ese alejamiento aún palpable entre el estamento universitario, inmerso en luchas internas, y lo que la sociedad desea de la universidad.

Numerosos informes se han hecho eco en los últimos tiempos del absentismo creciente de los alumnos en las votaciones y elecciones en la universidad pública. Algunos achacan a los alumnos esa falta de interés ante las elecciones universitarias, pero una experta en comunicación política y elecciones, María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, apunta a los propios profesores como responsables de ese fracaso, ya que, dice, las campañas con las que se intenta captar el voto estudiantil están «muy alejadas de sus propios intereses».

La raíz del problema se encuentra, prosigue Canel, en la percepción que tienen los estudiantes de la política universitaria, esto es, «una pugna de espacios de poder» inherente a la estructura del sistema. «Hoy por hoy –afirma Canel– ese sistema facilita que la marcha de la vida universitaria esté relacionada con la existencia de grupos de poder y que no siga unas líneas más acordes con la docencia y la investigación, lo que realmente se resuelve en la Universidad».

El reciente sistema de acreditación universitaria establecido por la agencia ANECA ha servido como un filtro de calidad a la hora de seleccionar al profesorado universitario, pero no ha impedido de por sí que sigan existiendo ciertas tensiones dentro del claustro no sólo por enfoques académicos diversos sino por cuotas de poder.

Evidentemente, si ya desde el propio sistema no se apuesta por esa docencia e investigación, es decir, por el conocimiento, es difícil hablar de un cumplimiento efectivo de la RSC de la Universidad, pues ésta parte desde el conocimiento que nazca desde dentro de estas instituciones, y siempre un conocimiento no sólo endogámico, sin conexión con la realidad y sociedad en general, sino con ligazón directa con la sociedad en general.

Como ha dicho Ángel Gabilondo, «estamos en un momento muy difícil en todo el mundo y creemos que la educación es clave para cambiar el sistema productivo hacia un modelo más equitativo, más sostenible, hacia un modelo que se corresponda más con la sociedad que queremos, más libre y más justa». Si, como ha dicho el ministro, la educación es clave, la responsabilidad social de la Universidad debe pivotar sobre su relación directa con la sociedad a la que sirve y dota de conocimiento.

En este particular, y siguiendo las tesis del profesor Muijin, experto internacional en sostenibilidad y universidad, «las universidades tienen un papel fundamental tanto por el impacto que pudiera tener la incorporación de la responsabilidad social en el diseño de su oferta formativa como investigadora, como también por incorporarla en su misión, visión y estrategia corporativa».

En esta misma línea, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI (UNESCO, 1998), no precisamente reciente, en su artículo «La misión de educar, formar y realizar investigadores», ya señalaba «la necesidad de reforzar y fomentar aún más las misiones y valores fundamentales de la Educación Superior; en particular, la misión de contribuir al desarrollo sostenible y la mejora del conjunto de la sociedad». Por tanto, la auténtica responsabilidad social de la Universidad nace de esa unión con la sociedad y del compromiso de proporcionar conocimiento para la mejora de ésta.

En esta mencionada y tan ansiada unión universidad-sociedad, de la misma forma que las empresas han comenzado a publicar los informes de sostenibilidad, ciertas voces desde el ámbito académico han empezado a reivindicar la necesidad de que se publiquen también informes de sostenibilidad en las universidades. Manuel Larrán Jorge, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Cádiz, y Antonio López Hernández, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, han desarrollado una propuesta de memoria de sostenibilidad universitaria que, como indican, busca contribuir a promover un modelo de responsabilidad social en las universidades, de evaluación, control y mejora de la calidad; ambientalizar la gestión universitaria; definir y fomentar la participación de los grupos de interés (stakeholders) y la comunicación interna y externa; promover la formación superior y la investigación en materia de responsabilidad social de forma transversal en los programas formativos; propiciar una red andaluza integrada en redes más amplias de universidades responsables; y promover el estudio, difusión y transferencia de experiencias universitarias que aporten nuevas soluciones a problemas vinculados con la capacidad de respuesta de las universidades a su entorno. En el fondo, se trata de romper con la tradición endogámica de antaño y abrirse a la sociedad a través de la transparencia, que a su vez redunda en una mejor gestión y buen gobierno universitario internos.

En los últimos tres años varias universidades han puesto en marcha planes estratégicos en los que destaca un punto en común a todos ellos: la creación de campus sostenibles, que buscan amoldar los campus al medio ambiente para qué aquéllos contribuyan a la sostenibilidad.

La iniciativa muestra el interés creciente de los centros por la responsabilidad social, pero no suple de facto la auténtica RSC universitaria, en donde aún quedan pasos por dar. Uno de ellos es, precisamente, el de las memorias de sostenibilidad, publicadas ya por alguna universidad española, como la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y planteada a partir de las guías del Global Reporting Initiative (GRI).

En este proceso, el centro gallego de educación superior ha definido la responsabilidad social universitaria como «una política de compromiso ético en el desempeño de sus responsabilidades por parte de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a través de la gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad para promover el desarrollo sostenible». El informe de la Universidad de Santiago, publicado desde el curso 2006-2007, muestra un evidente perfil multistakeholder, que ofrece el impacto de la universidad a los diferentes agentes y grupos de interés que se ven afectados por ella, así como describe el impacto económico de la institución al conjunto de la sociedad.

Como subrayó el informe de la USC en 2006-2007, se trata de un «conocimiento universitario al servicio de la sociedad», pilar último de lo que debería fundamentar la RSC universitaria en contacto directo con la sociedad. El informe de sostenibilidad de USC se enmarca dentro del plan estratégico de la universidad, que ha sido una de las instituciones que recibirán los fondos que el Ministerio de Educación ha destinado para el desarrollo de los Campus de Excelencia Internacional (CEI).

El propio ministro del ramo, Ángel Gabilondo, ha insistido desde la puesta en marcha del CEI en la necesidad de vincular la formación, la investigación, la enseñanza en un mismo entorno. Siguiendo el símil del que el ministro ha echado mano en varias ocasiones, que la universidad española, en una zona con una muy buena fábrica de aceite, tenga una investigación sobre aceite extraordinaria, forme personas muy cualificadas y cuente con técnicos de diseño de envases, comerciales o exportadores, para que convivan en un espacio de referencia para el desarrollo del país y que sepa toda Europa que en no sé qué lugar existe eso.

Sin duda, la formación de calidad y el mayor vínculo entre la investigación y la realidad empresarial fundamentan algunos de los pilares de la responsabilidad social de la universidad. No obstante, ante las críticas vertidas desde ciertos sectores y organismos por la baja calidad académica de la universidad española, muchos desde las aulas han echado balones fuera bajo el paraguas de la independencia académica.

Como ha dicho Alfons Sauquet, decano de ESADE, «las universidades han primado la independencia, la cultura de rendir pocas cuentas», un principio este último que va en contra de cualquier intento por hacer realidad una responsabilidad social de la universidad, presente –eso debería ser lo idóneo– no sólo de puertas adentro del estamento académico sino abierta de par en par a la sociedad, y por tanto, sujeta a ciertas responsabilidad y obligaciones con ésta, a la que ha de servir a través de la formación y generación de conocimiento, y a quien entonces deberá rendir cuentas de los resultados y de la calidad docente.

Si la calidad académica y docente es uno de los criterios de esa deseada RSC de la Universidad, la educación superior española no supera la prueba, a tenor, por lo menos, de los ránkings internacionales de universidades que se publican de forma anual. En el reconocido Shanghai Jiao Tong University Ranking, que mide las 500 mejores universidades del mundo, sólo hay un centro español (la Universidad de Barcelona) entre los 200 primeros, y 11 en su conjunto. Algo similar a lo que ocurre en otra de las clasificaciones más prestigiosas, la de The Times, que clasifica 200 instituciones.

Frente a la cruda realidad, la Estrategia Universidad 2015 y el CEI que ha impulsado el Ministerio de Educación van en la línea de la mejora continua de la calidad y la excelencia.

Ahora bien, la auténtica RSC de la Universidad debe ir más allá de la mera calidad de la enseñanza, siendo ésta ya importante de por sí. De algún modo, y siempre siguiendo el enfoque multistakeholder de la sostenibilidad, esa responsabilidad social universitaria debe incidir en el ámbito de debate social dentro del estamento académico de los grandes temas que afectan a la sociedad en su conjunto. «Si somos un agente social intelectual, debemos ser un puntal de opinión y discusión de ideas.

Esa es nuestra responsabilidad social como instituciones: ser un foro libre de debate intelectual, más allá de la formación que demos a los alumnos», concluye un profesor de la Universidad Carlos III. Esa es la asignatura pendiente y el gran desafío de la universidad: los campus sostenibles son una vía, pero la auténtica sostenibilidad universitaria, la universidad responsable, pasa por devolver a la universidad ese aura de ágora o templo del conocimiento del que partió en la Grecia clásica. Ese es el mayor servicio que debe hacer la universidad a la sociedad.

POR JUANMA ROCA