Protocolo de Kioto: emisiones, negocio y sostenibilidad
Para que saliera adelante era necesario el apoyo de al menos 55 países industrializados que sumaran entre ellos el 55% de las emisiones de los gases causantes del calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafloruro de azufre.
El compromiso consistía en reducir en un 5,2% las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero entre 2008 y 2012 poniendo como año base 1990. 141 países se sumaron a esta iniciativa en un primer momento. Sin embargo, tras la decisión de dejar al margen a los países menos contaminantes, en general en vías de desarrollo, quedaron sólo 40.
El protocolo de Kioto sufrió un duro revés cuando en el año 2001, con la llegada al poder de George W. Bush, los Estados Unidos se desligaron del acuerdo. Este país dejó el pacto a tan sólo nueve puntos de poder ratificarse.
El proceso quedaba de esta forma paralizado, pero el 22 de octubre de 2004 los diputados rusos aprobaron en la Duma la adhesión al Protocolo, dando así un paso histórico en cuanto a política medioambiental se refiere. Tal como establece el acuerdo debían pasar tres meses, una vez ratificado el pacto, para que éste entrara en vigor.
Implicaciones concretas de Kioto
No todos los países firmantes tienen el mismo nivel de responsabilidad, cada uno se compromete a reducir sus niveles de emisión conforme a la contaminación provocada en el pasado. Pero, en líneas generales, todos se adhieren a unas pautas establecidas en el artículo 10 del Protocolo.
En primer lugar, se comprometen a llevar a cabo, donde corresponda y en la medida de lo posible, unos programas nacionales y, en su caso, regionales para mejorar la calidad de los factores de emisión.
En el segundo punto se establece que formularán, aplicarán, publicarán y actualizarán periódicamente programas nacionales y, en su caso, regionales que contengan medidas para mitigar el cambio climático y medidas para facilitar una adaptación adecuada al cambio climático.
En la tercera medida, se responsabilizan de cooperar en la facilitación y promoción de recursos para el impulso ecológico en beneficio de los países en vías de desarrollo.
Igualmente de colaborar en investigaciones científicas y técnicas para crear archivos de datos con el objetivo de aclarar cuestiones acerca de las repercusiones adversas del cambio climático. Así como las consecuencias económicas y sociales de las estrategias para paliarlo.
En el quinto apartado afirman que procurarán fomentar programas educativos dirigidos a la población para incrementar sus conocimientos acerca del cambio climático. Además, implementarán programas para formar expertos en esta área, en particular, en los países en vías de desarrollo.
En último lugar, se establece que incluirán en sus comunicaciones nacionales información sobre los programas y actividades emprendidas en relación con el Protocolo.
Los países integrantes de este acuerdo son los encargados de financiar los gastos que suponga llevar a cabo las medidas anteriormente mencionadas. Para poder alcanzar los objetivos del Protocolo, cada país establece unas reducciones de emisión a las empresas. Son los denominados Planes Nacionales de Emisión. Estos planes no sólo se limitan a otorgar unos derechos de emisión a cada compañía, sino que consideran la imposición de multas y sanciones en caso de incumplimiento.
La primera asignación se realizó el 28 de febrero de 2005. A partir de esta fecha, las empresas disponen de un año para reducir lo acordado. La sanción por cada tonelada emitida por encima del nivel pactado supondrá una multa de 40 euros en un primer periodo de adaptación. Pero está cantidad aumentará a 100 euros a partir de 2008.
La responsabilidad de España con el calentamiento global
La UE en su conjunto se compromete a reducir un 8%, respecto a sus niveles en 1990, sus emisiones de gas a la atmósfera para el periodo 2008- 2012.
Se convierte así en el máximo precursor del Protocolo de Kioto. Ya que muchos de los países que integran la Unión Europea tienen unos niveles de contaminación muy bajos, a otros se les ha permitido la licencia de aumentar sus emisiones respecto a 1990. Este es el caso de España.
Debido a que su proceso de industrialización ha sido más tardío que el de otros países europeos, y que en el año base su cuota de contaminación era reducida, se le permite rebasar en un 15% la cifra de esta fecha.
Sin embargo, todavía estamos muy lejos de conseguir este objetivo ya que en el último informe los datos sitúan las emisiones españolas en un 43% por encima de las alcanzadas en 1990. De esta forma, nuestro país se encuentra a la cola de Europa en el cumplimiento de lo adoptado en Kioto.
Si esta situación no cambia, estudios de la ONU revelan que España podría sufrir un calentamiento de varios grados en los próximos años.
Ante estos datos desesperanzadores, la ministra Narbona declaró que es posible frenar este efecto si todos somos responsables. Pero para ello, es necesaria la implicación tanto de los representantes de los ámbitos agrícolas, industriales y energéticos como del resto de la población. El Gobierno, por su parte, tiene la responsabilidad de reducir las emisiones de los sectores residenciales y de transporte.
Lograr la aceptación del protocolo por parte de las empresas está siendo un proceso complicado. Se estima que cumplir con los objetivos para la reducción del efecto invernadero costará a las compañías españolas 5.000 millones de euros a partir del año 2008.
Entre los sectores más afectados por esta nueva legislación se encuentran la generación eléctrica, las refinerías de petróleo, la siderurgia, la cerámica, el cemento y las productoras de vidrio y papel. Los responsables de estos sectores estiman que España no calculó bien las consecuencias para la industria cuando firmó en Kioto. Sobre todo después de la puesta en marcha de la directiva europea que convierte en norma comunitaria dicho acuerdo y que afecta al sector de la energía, en especial al eléctrico.
En cuanto al sector energético, éste ha protagonizado en los últimos meses una serie de polémicas debido a este tema. Se ha tratado sobre todo de un conjunto de acusaciones entre empresas y de estas con algunos de sus inversores.
Los principales protagonistas de este asunto, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural, achacan al Gobierno haber realizado unas negociaciones poco eficaces y demasiado rápidas.
Juan Puertas Agudo, director de tecnología, seguridad y eficiencia energética de Gas Natural, considera que «para reconducir la situación hacia las previsiones que el Plan Nacional de Asignación establece para dicho horizonte, equivalentes a un aumento del 24% respecto a 1990, el Gobierno deberá imponer medidas muy radicales. Dichas medidas deberían centrarse en los denominados sectores difusos ya que los sectores industriales ya han implementado las acciones necesarias para reducir su intensidad energética».
La nueva regulación podría tener como consecuencia una serie de fusiones en el sector y esto ha aumentado la tensión entre estas compañías y algunos de sus inversores. Este es el caso de Iberdrola que, tal como ha declarado, estima que el reparto de derechos ha sido generoso con las centrales de carbón, que saldrán beneficiadas en términos económicos.
Por otro lado, el sector eléctrico español se ha caracterizado en los últimos años por una eficiencia en su producción que la sitúa entre las primeras de Europa. Solamente superada por aquellas que cuentan con una alta proporción de generación nuclear. De hecho, han logrado reducir sus emisiones de gases nocivos para la atmósfera en un 14% respecto a 1990, debido, sobre todo, a una buena utilización de las energías renovables.
Este sector apunta que el aumento global de sus emisiones se debe al gran incremento de la demanda de energía respecto al año base y no a una producción irresponsable con el medio ambiente. Por esto mismo, también critican las negociaciones del Gobierno ya que la directiva de la UE en materia de calentamiento global no ha tenido en cuenta que en 2008 las eléctricas españolas se encontrarán entre las más eficientes e intensivas del mercado.
Además, la aplicación de esta directiva les va a suponer más esfuerzos que a las industrias del mismo sector en otros países. Desde Unión Fenosa consideran «que los derechos concedidos a España son claramente insuficientes para atender el crecimiento económico que sigue experimentando el país. Además, el esfuerzo que tiene que realizar nuestro país es muy superior al de naciones como Alemania o Irlanda, lo cual, no responde a una razón fácil de explicar y perjudica nuestra competitividad».
La industria cementera también ha criticado fuertemente las negociaciones dirigidas por el Gobierno, ya que no ha tenido en cuenta las peculiaridades de su sistema productivo. El director general de la patronal del sector, Rafael Fernández, ha explicado la imposibilidad para esta industria de cumplir con los objetivos del Protocolo. A pesar de la inversión de 100 millones anuales para mejorar la eficiencia productiva, los procesos químicos necesarios para generar cemento sólo se traducirán en una reducción total del 1% de las emisiones totales de esta industria.
En el caso de las petroleras el impacto será menor. Las emisiones de las instalaciones petroquímicas son relativamente pequeñas en comparación con las instalaciones de otros sectores como el eléctrico.
Empresas como Repsol YPF pretende intensificar sus actividades de I+D en relación con todas la tecnologías de captura y secuestro de CO2 ya que el primer elemento de su estrategia respecto a Kioto es la reducción de las emisiones que se producen en las propias instalaciones.
Además, previsiblemente todo el coste de Kioto acabará por repercutir en el bolsillo del consumidor. El coste de los derechos de CO2 introduce un factor adicional que eleva los costes y, en consecuencia presiona sobre los precios de la energía. Así desde compañías como Unión Fenosa ya se advierte que «más temprano que tarde, la tarifa eléctrica habrá de recoger estos incrementos, pero lo hará de una forma moderada para la economía de los consumidores».
Mecanismos de flexibilidad
Para suplir este tipo de problemas el Protocolo de Kioto ha establecido tres mecanismos de flexibilidad respecto a los límites de emisión de los firmantes del acuerdo.
Las iniciativas de aplicación conjunta consisten en que un país desarrollado inicie proyectos de energía limpia en otro país desarrollado. De esta forma, podrá obtener certificados de reducción de emisiones a un coste inferior del que le hubiera supuesto en su propio país.
En segundo lugar, nos encontramos con los mecanismos de desarrollo limpio que consisten básicamente en el mismo proceso que las iniciativas de aplicación conjunta, pero en este caso la transacción se realiza entre un país desarrollado y otro en vías de desarrollo.
Por último, los países integrantes del protocolo podrían optar por el comercio de derechos de emisión. Consiste en que los países que emitan por debajo del límite impuesto pueden vender sus derechos de emisión a otros estados que los excedan. Se está generando todo un sistema de comercio en torno a estos derechos, también denominados «aire caliente».
En este momento los máximos proveedores de este «producto» son Rusia, Ucrania y Kazajstán. Este sistema se puso en marcha el 1 de enero de 2005 en la UE a través del denominado Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS). No se extenderá al ámbito internacional hasta el año 2008.
España como miembro de la Unión Europea ya ha comenzado a hacer uso de los mecanismos de flexibilidad. La ministra Narbona tiene como objetivo combinar las propuestas medioambientales del Protocolo de Kioto con la cooperación al desarrollo. Para ello, ya ha firmado acuerdos para desarrollar proyectos limpios en Brasil, Uruguay, Panamá, México, Argentina, Colombia, Bolivia y Marruecos.
Las empresas también harán uso de este tipo de mecanismos de flexibilidad. Empresas como Unión Fenosa, Endesa, Gamesa y Repsol YPF van a comprar derechos de emisión de CO2. Por otro lado, pretenden realizar inversiones limpias fundamentalmente en Latinoamérica.
Éstas consisten en proyectos regionales relacionados con las energías renovables, mayor eficiencia energética, captura y utilización del metano y la conversión de combustibles a fuentes con menor intensidad de carbono. Unión Fenosa se ha convertido en la primera empresa española que ha conseguido la autorización de las Naciones Unidas para sacar adelante uno de estos proyectos.
Se trata de la obtención de gas natural licuado de una de sus plantas en Egipto para poner en funcionamiento el sistema de ciclo combinado, mucho más respetuoso con el medio ambiente, en sus centrales españolas. Por otra parte, Endesa está desarrollando en este momento 17 proyectos.
Entre ellos destaca una central hidráulica en Perú con la que pretende obtener cuatro millones de toneladas de derechos de emisión. Con el mismo objetivo, Gamesa ha invertido 100 millones de euros en una central eólica mejicana. Por su parte, Repsol YPF está desarrollando uno los proyectos más innovadores en lo que a mecanismos de desarrollo limpio se refiere. Consiste en la reinyección de CO2 en una de sus refinerías de petróleo en Argentina con lo que pretende eliminar 360 toneladas de este gas contaminante.
Además de estos mecanismos de flexibilidad, se ha creado otro sistema de reducción de emisiones denominado Fondo Español del Carbono. Se trata de un proyecto de colaboración entre el Banco Mundial y el Gobierno español para que España pueda alcanzar los objetivos fijados en Kioto.
Las empresas pueden invertir en este fondo para obtener reducciones en las emisiones de CO2. Sin embargo, para acceder a este sistema es necesario realizar una inversión mínima de 2,5 millones de euros, por lo que muchas compañías no pueden acceder a este mercado de inversiones.
Todas estas herramientas se lo ponen más fácil a las empresas pero de cara al futuro cualquier compromiso serio requerirá de la participación de sectores no industriales como el transporte, el comercial el doméstico. Así desde empresas como Repsol YPF se reclama que «la estrategia de lucha contra el cambio climático deber ser integral. No se puede hacer recaer todo el peso del compromiso sobre algunos sectores industriales, pues hacerlo sería un fracaso».
Críticas al protocolo
Sin embargo, algunas organizaciones como Greenpeace han criticado la eficiencia a largo plazo de estas tácticas. Así lo ha afirmado en últimas declaraciones José Luis García Ortega, representante de Greenpeace en el Consejo Nacional del Clima: «Se están lanzando mensajes engañosos que perjudican a la industria al hacerles albergar falsas esperanzas de no tener que reducir sus emisiones. La única realidad es que las empresas españolas deben hacer frente, como las demás de Europa, a las reducciones de emisiones a las que obliga la Directiva y el que no lo haga tendrá que pagar comprando derechos de emisión».
Otra de las críticas que se hace a estos mecanismos es que lo que van a lograr es redistribuir por el mundo los derechos de emisión de gases en lugar de reducir el efecto invernadero.
Por otra parte, Raquel Montón, responsable de la campaña de energía de Greenpeace, cree que el Plan Nacional de Asignación no es lo bastante eficiente para alcanzar los objetivos del Protocolo. «Habría que internalizar en los servicios y productos el coste medioambiental, sin menoscabar la calidad de vida que tenemos, pero evitando el derroche de recursos que muchas veces llevamos a cabo. Hay que trabajar en la gestión de la demanda y fomentar el ahorro».
Otra de las organizaciones más implicadas en torno al cuidado del medio ambiente es Adena que ha mostrado su preocupación acerca de los efectos del cambio climático.
«Los impactos del cambio climático se están multiplicando y haciéndose cada vez más graves. En todo el mundo se está notando una aceleración en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y los síntomas del calentamiento global se están empezando a percibir en todos los ecosistemas».
En este sentido, Adena se muestra conforme con el Protocolo de Kioto pero considera que «es sólo un primer paso para ir concienciando a la comunidad internacional sobre el problema del cambio climático y para que los países desarrollados den ejemplo al resto de países».
La responsabilidad medioambiental puede generar una serie de beneficios, no sólo para la sociedad y el entorno, sino también para las empresas. Por un lado, la reducción y el tratamiento de residuos pueden constituir un gran negocio con miras al futuro. Por otro lado, la tendencia social de realizar un consumo sostenible puede ser una baza a favor para una empresa que encaje con estas nuevas corrientes.
Las empresas que ahora se sitúen en posiciones innovadoras respecto a producción podrían conseguir una ventaja competitiva en el futuro.
Por María Cabrera y Sandra Otaegui
El mercado de emisiones
El 20 de junio de 2005 entró en funcionamiento en España el Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE) que permite realizar un seguimiento de las obligaciones adoptadas en Kioto. Se trata de una base de datos electrónica en la que las empresas publican y actualizan sus derechos de emisión para luego poder comerciar con ellos, tal y como establece la Directiva de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.
Los títulos con los que se comercia son los del periodo establecido, es decir, ahora mismo se compran y venden títulos europeos (European Union Allowances, EUAs) del periodo de reducciones establecido que va de 2005 a 2007. En el futuro encontraremos los EUAs 2008-2012.
Además, gracias al desarrollo de los mecanismos de flexibilidad, también se puede comerciar con los CERs (Certified Emisión Reductions) que provienen del mecanismo de desarrollo limpio y, en el futuro, se sumarán los ERUs (Emisión Reduction Units) del mecanismo de aplicación conjunta.
En cuanto al mercado, la Comisión Europea inicialmente planteó la creación de un único mercado electrónico sin embargo, finalmente se decidió dar lugar a distintas plataformas con el fin de desarrollar y dinamizar el recién nacido comercio de emisiones.
La industria española ya cuenta con la primera plataforma para la compra y venta de estos derechos. Se trata de la empresa SendeCO2 en la que participarán los mercados del norte como Holanda, Reino Unido y Alemania además de España, Italia y Portugal.
Las empresas que forman parte de la plataforma podrán participar en esta «bolsa» de emisiones con dos productos: sus derechos de CO2 y los certificados de reducción de emisiones por mecanismos de desarrollo limpio.
Las operaciones de compraventa se negocian entre vendedor y comprador, y para su formalización existe un contrato estándar desarrollado por la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) que sirve de base para negociar las operaciones.
El precio viene determinado por la oferta y la demanda existente en cada momento. La oferta proviene de la reducción de emisiones que consigan las empresas a través de la mejora en los procesos de producción, la optimización en el uso de los recursos, la innovación…., así como de aquellas reducciones que obtengan a través de los mecanismos de flexibilidad. Por su parte la demanda proviene de las necesidades generadas por el Plan Nacional de Asignación en cada caso.
Si una empresa no puede cumplir con la cuota de emisiones que se le ha asignado para ese periodo tendrá que comprar derechos en el mercado.
El cambio climático, ¿Por qué preocupa?
El clima de la Tierra depende esencialmente de la energía recibida del Sol. Los cambios de clima, a su vez, dependen del estado del «balance de energía» global del planeta. Cuando se produce un desequilibrio entre la energía que La Tierra recibe del Sol y la energía que es capaz de devolver al espacio exterior, se produce un cambio de clima. Un cambio climático, es una acción para reequilibrar el balance energético.
En el símil con un balance contable desajustado, equivaldría a la acción necesaria para reequilibrar ingresos y gastos. Todos los cambios de clima de la historia de nuestro planeta y de otros planetas, se deben a alteraciones regulares o accidentales de ese balance.
La actividad del ser humano, como especie, desde la época preindustrial (segunda mitad del siglo XVIII) hasta nuestros días, ha modificado involuntaria y accidentalmente la composición de los gases de invernadero de la atmósfera, hasta un grado en que la alteración del balance energético es muy superior a la alteración producida por causas naturales, en la escala de tiempos de siglos.
Los principales gases de invernadero naturales, vapor de agua, dióxido de carbono, metano y oxido nitroso, son los responsables del «efecto de invernadero» natural, que eleva la temperatura media del planeta en superficie, en más de 33ºC: desde los -18ºC que habría sin la presencia de esos gases, hasta los +15ºC actuales.
El efecto de invernadero es esencial para la vida en el planeta, y sufre intensificaciones y disminuciones lentas que alteran el clima, en todas las escalas de tiempo, como consecuencia de cambios solares o astronómicos. Son cambios constantes, pero extraordinariamente lentos para la escala de tiempo propia de una vida humana.
La energía recibida por nuestro planeta en promedio es de 240 W/m2 . Durante los últimos 250 años, la actividad humana considerada en su conjunto, ha intensifi- cado el efecto de invernadero hasta reducir la energía saliente infrarroja en unos 2,5 W/m2 , una cantidad muy superior al resto de las alteraciones naturales en el mismo período.
Si el desarrollo económico durante este siglo XXI, siguiese las pautas actuales y pasadas, de producción de energía a partir de combustibles fósiles, y de producción intensiva industrial y agrícola, esa alteración superará los 4 W/m2 hacia 2050 y aumentará mucho más hacia 2100.
¿En qué se traduce ese cambio del «motor» del clima? La mejor teoría actual del clima y el conocimiento de los cambios del pasado, se aplica a los modelos climáticos y a su vez, se utilizan para describir las respuestas más verosímiles para un conjunto de escenarios de emisiones de gases hasta 2100. Las emisiones futuras dependerán de las evoluciones mundiales de población, energía y desarrollo económico.
Los cambios estimados de temperatura van desde un calentamiento tolerable de 1,5ºC para mundos futuros con poco más de 7.000 millones de habitantes, una globalización moderada y un grado alto de sustitución de energía de origen fósil, hasta calentamientos de casi 6ºC para un mundo en 2100 con más 1.5000 millones de habitantes y sin cambios de tendencia en las pautas actuales de desarrollo y energía.
Todos los escenarios elaborados indican que es casi imposible que el cambio de clima iniciado no se intensifique si continuamos con el modelo actual de producción y consumo de energía y desarrollo mundial.
Este cambio sería muy negativo en un horizonte de décadas para nuestros sistemas humanos (gestión de recursos hídricos, agrícolas, costeros, salud y ciudades) y para los ecosistemas naturales, debido a la irreversibilidad de los cambios a medio plazo y a la dificultad o al alto coste de los procesos de adaptación.
El grupo intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, creado en 1988, avala este diagnóstico del estado del clima y su futuro, y ha sido el soporte de las evaluaciones científicas que dieron origen a la aprobación, en 1992, de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, y al Protocolo de Kioto aprobado en 1997.
