Discapacidad y empleo: cuando la empresa cree en las personas
Las personas discapacitadas en España forman un colectivo muy relevante de la sociedad. Según datos la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, elaborada por el INE en el año 1999, el número total de personas con discapacidad en España ascendía a 3.528.221, lo que supone un 9% de la población.
El mundo de la discapacidad es complejo y existen muchos tipos de minusvalías. Del total de personas con discapacidad en España, un 50% padecen discapacidades sensoriales (1,7 millones).
Las discapacidades auditivas o visuales son las más comunes. Por otro lado, existe un 55% que tienen discapacidades físicas (1,5 millones), que abarca desde la incapacidad de andar hasta el haber padecido una enfermedad como el cáncer. Por su parte, la discapacidad mental es menos numerosa pero supone un 15% (0,5 millones); y aquí es donde se enmarca, por ejemplo, el síndrome de Down.
A su vez, hay que tener en cuenta el grado de discapacidad, que varía de moderada a severa. Y, asimismo, no es lo mismo una discapacidad adquirida que la de nacimiento.
De los más de tres millones de personas con discapacidad que hay en España, un 40% se encuentra en edad de trabajar, es decir, existen 1,4 millones de personas en estas circunstancias. Sin embargo, en ocasiones, estas personas no se encuentran en igualdad de condiciones en el mercado laboral, y tienen muchas dificultades para encontrar trabajo.
Prueba de ello son los datos del INE que muestran que en 1999 la tasa de paro de las personas con discapacidad en edad laboral es mucho más elevada (26,1%) que la que hay para la población general española (15,6%). Además, afecta más a las mujeres (33,1%) que a los hombres (22,1%).
De todas formas, en los últimos años los poderes públicos han mostrado un creciente interés por este colectivo. Precisamente la UE presentó en el año 2001 un libro verde bajo el título «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas».
Este documento resalta la necesidad de que la responsabilidad social «se extienda hasta las comunidades locales», ya que «las empresas contribuyen al desarrollo de las comunidades en que se insertan, proporcionando puestos de trabajo, salarios y prestaciones e ingresos fiscales». Entre las medidas que se destacan se encuentra «la contratación de personas socialmente excluidas», haciendo expresa referencia a aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad.
A su vez, la declaración en 2003 del «Año Europeo de la Discapacidad» es una muestra de esta mayor sensibilización. Esta iniciativa fue creada con el fin de sensibilizar a la sociedad y establecer medidas necesarias para la consecución de la plena igualdad de derechos de este colectivo.
Se fijaron como objetivos prioritarios la reducción de los niveles de desempleo para las personas con discapacidad, la mejora de sus condiciones laborables y la eliminación de las barreras físicas y psicológicas en el entorno laboral.
EL MARCO LEGAL. En la Política de Empleo Española también se refleja esta concienciación. La Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) es la encargada de establecer el marco jurídico fundamental y de definir las bases para una política integral relativa a este colectivo. Esta ley se elaboró con el fin de aplicar los principios que la Constitución Española recoge en el artículo 49 para la integración social de las personas con discapacidad.
Además, establece que los poderes públicos deben procurar que la integración laboral de los discapacitados se haga efectiva. Dicha integración, según la normativa, ha de realizarse en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido en Centros Especiales de Empleo, o los denominados Talleres.
La LISMI prevé que en las empresas con más de 50 trabajadores, al menos el 2% de su plantilla, estén formadas por empleados con discapacidad. Para la Administración Pública, la cuota debe ser de un 5% acumulable hasta un 10% de contratación. Por otro lado, el texto propone alternativas a esta obligación como por ejemplo la subcontratación a Centros Especiales de Empleo, los patrocinios o la entrega de donativos.
Para fomentar esta legislación, se han adoptado diversas medidas destinadas a impulsar la contratación de trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias.
En este sentido, la LISMI establece ayudas que consisten en subvenciones o préstamos para la adaptación de puestos de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso y movilidad en las empresas y el pago de cuotas de la Seguridad Social, así como otros incentivos fiscales.
Estas ayudas dependerán del tipo de contrato que se haga a la persona discapacitada dependiendo de si se trata de una contratación indefinida, temporal o el trabajo autónomo generado por el propio trabajador con discapacidad.
Como queda reflejado, la legislación sobre integración laboral de las personas discapacitadas es muy extensa y favorable para estos colectivos. De hecho, el número de contratos a personas con discapacidad se duplicó de 1999 a 2001.
LA SITUACIÓN REAL. Sin embargo, según datos del INE, en nuestro país la participación de este colectivo en el mercado laboral es excesivamente baja, ya que dos de cada tres personas con discapacidad se encuentran fuera del mercado laboral.
Las dificultades que encuentran estas personas están reflejadas en el informe «España y la integración laboral de las personas con discapacidad» elaborada por la Fundación «Invest for Children» este mismo año.
En primer lugar, hay que tener en cuenta si se hace efectivo el cumplimento de esa cuota de reserva del 2%. Y el panorama es poco alentador. Según estima el Consejo Económico y Social, si se aplicara de forma efectiva esta cuota en las 30.000 empresas existentes con más de 50 trabajadores, se garantizaría la creación de cerca de 80.000 puestos de trabajo para personas discapacitadas y situaría la tasa de paro de este colectivo en el 7%, y no el 26% actual. Concluyendo, tan sólo 11.500 trabajadores con discapacidad han accedido a la ocupación por esta vía.
Las causas de esta situación se encuadran en la falta de políticas de sostenibilidad y un bajo control en la aplicación de la LISMI.
A su vez, el informe 2004 del Observatorio de la Acción Social de la Empresa, tras haber realizado un estudio a 70 grandes empresas, denuncia que el número de sus empleados con discapacidad no representaba más de un 1,04% del total de sus plantillas. Y, en general, la mayor parte de este tipo de empleados tiene una discapacidad moderada.
Además, según declara Montse Izaguirre, coordinadora regional de la Fundación Adecco, organismo especializado en la integración laboral de personas con discapacidad, la propia administración exime a las empresas de cumplir con esta obligación, permitiéndoles acogerse a las medidas alternativas.
Por otro lado, una de las principales dificultades en la inserción laboral de los discapacitados es la elevadísima tasa de inactividad que existe, debido a que el 67% de los discapacitados en edad laboral no buscan trabajo.
Entre los motivos de esta tasa de inactividad se encuentra el bajo nivel de estudios y la menor calificación profesional de las personas con discapacidad, así como las restricciones y el rechazo social que tienen a la hora de trabajar como consecuencia de las discapacidades que padecen.
En cuanto a la baja calificación académica, destaca el hecho de que la tasa de analfabetismo entre las personas discapacitadas en edad de trabajar es ocho veces superior a la de la población general española y el nivel de titulados superiores es tres veces inferior.
BUENAS PRÁCTICAS. Otro factor que causa que la tasa de actividad de estas personas sea tan baja es que, tanto las empresas como las personas con alguna discapacidad, carecen de información y de asesoramiento.
Se desconocen, muchas veces, las ayudas que pueden recibir las empresas y las personas discapacitadas para que exista una adaptación laboral efectiva.
En España, actualmente nos encontramos con organizaciones que se dedican al «Empleo con Apoyo». Estas organizaciones hacen de intermediarias entre las empresas y el discapacitado y ayudan ambas a que esa integración laboral se haga en la práctica. En la actualidad, más de 3.000 personas con discapacidad trabajan en nuestro país en empleos con apoyo, cifra que supone un aumento del 47 % en los últimos cinco años.
Un ejemplo de ello es la AESE, Asociación Española de Empleo con Apoyo. Tiene como misión principal impulsar este tipo de empleo en España para que cada vez sean más las personas con discapacidad que, aún teniendo limitaciones significativas, pueden acceder con éxito al mundo laboral integrado. AESE no olvida que su campo natural de trabajo es la empresa, y que, por tanto, los empresarios son los destinatarios de sus actividades.
El objetivo es conseguir que el empresario español se implique y reciba el apoyo que se merece por colaborar en la disminución del desempleo de las personas con discapacidad. De hecho, existen empresas que están asociadas con AESE y que incluyen en sus directivas de responsabilidad social corporativa la integración laboral de estos discapacitados como es Marina Balear Cadena Hotelera de Palma de Mallorca o Vitamina C &Compaña, S.L. de Tenerife.
Otra organización que también se dedica a este cometido es la Fundación Adecco. Desde 1999 ha integrado a 3.176 personas con algún tipo de discapacidad, según informa la directora de operaciones de la Fundación, Arantxa Jiménez. Empresas como Carrefour y El Corte Inglés siguen esta metodología del empleo con apoyo. Un preparador laboral elegido por la Fundación realiza un seguimiento estandarizado con la empresa, el superior jerárquico y el discapacitado.
De todos modos, la Fundación no siempre proporciona un preparador laboral a las empresas ya que, muchas veces, el discapacitado no lo necesita. Montse Izaguirre, coordinadora regional de la misma, afirma que, en general, la contratación de estas personas depende, en gran medida, del tipo de discapacidad y de su disponibilidad laboral.
Hay que resaltar la importancia de la formación. De hecho, según Rosa Jaso, gerente de Tasubinsa, Centro Especial de Empleo (CEE) en Navarra, «las personas con discapacidad intelectual y capacidades potenciales para el desarrollo de un trabajo productivo, pasan un periodo de formación o capacitación laboral en las actualmente denominadas Unidades Ocupacionales de Capacitación Laboral.
Después de ese periodo, y si las condiciones de generación de empleo de los CEE son las adecuadas, pueden pasar a formar parte de la plantilla de los mismos». También se pueden resaltar otras iniciativas que colaboran en la integración laboral de este colectivo. El programa INSERTA es una de las vías para la creación de empleo que contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Fundación Once.
Este programa se basa en establecer acuerdos de colaboración entre la Once y cualquier empresario que tenga el propósito de contratar a personas con la discapacidad.
Entre la relación de empresas con convenios INSERTAS se encuentran cerca de 50 compañías españolas, de las cuales se puede destacar a ABB Asea Brown Boveri SA, Afinsa, Alcampo, Alsa Grupo SA, Eroski, Carrefour, Amena, Ferrovial, Jazztel, BBVA, Grupo Coren, Volkswagen Audi España SA, Unión FENOSA, Coca Cola. etc. Además, la Fundación Once lleva a cabo el Programa Acción cuya finalidad es combatir la discriminación en el empleo mediante cursos de formación y orientación laboral.
La compañía Carrefour, con su Fundación, es conocida por sus políticas de responsabilidad empresarial, y entre ellas está el esfuerzo especial que ponen en integración laboral de personas discapacitadas y, en especial, aquellas que padecen Síndrome de Down, y que suelen ocupar el puesto de reponedores.
Por su parte, la COCEMFE, Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos físicos de España, ha logrado la integración laboral de 20.000 discapacitados en ocho años.
LA CLAVE DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS DISCAPACITADOS EN LA RSE. Todas estas empresas y organismos sin ánimo de lucro con sus buenas prácticas participan en una misma idea. La inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, en condiciones de igualdad es de gran importancia, ya que el trabajo es un derecho fundamental y una de las formas más positivas de integración social y la vida autónoma de los ciudadanos.
El hecho de que una persona se sienta integrada en la sociedad aumenta su calidad de vida y su sentimiento de realización personal y profesional, mientras que en el caso contrario puede sufrir precariedad económica y el sentimiento de fracaso y marginación social.
Por todo ello, Administraciones, empresas y organismos privados han de continuar trabajando conjuntamente para que la incorporación de las personas con discapacidad al mercado sea realmente efectiva.
Así, se debe potenciar entre las empresas un mejor conocimiento de las personas con discapacidad, sus derechos, así como sus potencialidades y contribuciones a la sociedad.
Por otro lado, las empresas no deben olvidar que además de hacer una obra social, cumplir la normativa y recibir beneficios fiscales por la integración laboral y social de este grupo de personas, hacen una apuesta estratégica en su política de Responsabilidad Social Empresarial.
El hecho de que las empresas entiendan la pluralidad existente en la sociedad resulta fundamental para su encaje en el entorno en el que desarrolla su actividad, además de ser un activo al que ningún empresario debería renunciar.
Una historia de superación personal y empresarial: Estrella Candia
Estrella Candia Cuende padece una discapacidad física desde hace 25 años. Aparentemente no se percibe pero, cuando tenía 10 años, le diagnosticaron un cáncer de tiroides. Hasta los 20 estuvo en tratamiento y consiguió recuperarse. Cuando ya parecía que todo iba bien le encontraron otro cáncer, el de mama. Hoy, esta mujer, de 35 años, tiene reconocida una discapacidad del 75%. A pesar de todo, ella reconoce «tengo una vida normal.
Nunca he parado de trabajar y de luchar por estar a la altura». Actualmente trabaja, gracias a la Fundación Adecco, como recepcionista y administrativa en la Planta de Producción de Artiach en Vizcaya, perteneciente a la multinacional United Biscuits, empresa muy sensibilizada con la integración laboral de estos colectivos.
Diplomada en Magisterio, Estrella admite «soy una persona con suerte. He trabajado en distintas empresas con contrato de discapacitada, tanto en el mercado ordinario como en Centros Especiales de empleo protegido».
Ha ocupado puestos de comercial, secretaria, recepcionista y administrativa gracias a la ayuda de distintas fundaciones, como por ejemplo Adecco, a la que está muy agradecida. En los últimos años, ha sido su perfecta aliada para encontrar un puesto de trabajo y, asegura, del modo más eficaz. Se siente feliz y, por ahora, no tiene planes de cambiar.
Esta mujer, nacida en Bilbao, afirma «no he tenido muchas dificultades a hora de colocarme pero sí reconozco que las ha encontrado para mantenerme más de un año en un mismo puesto». Esto puede deberse, según Estrella, a que las empresas suelen contratar a los discapacitados de año en año, mediante sucesivos contratos temporales, con el fin de cobrar varias veces los beneficios fiscales.
Estrella Candia subraya que, desde el año 2000 en que se reconoció su discapacidad, ha recibido «muchas ayudas y beneficios». Sin ir más lejos, en 2002 participó, gracias a Fundosa, en un curso de formación becado exclusivamente para discapacitados, del que extrajo una experiencia muy positiva.
Destaca que tuvo la oportunidad de conocer a personas con discapacidades más graves que ella pero con una formación y cualidades admirables aunque reconoce que ellos tienen muchos más problemas para encontrar trabajo, ya que su minusvalía es más aparente.
Por otro lado, confirma que «no sólo las empresas reciben incentivos fiscales por la contratación de discapacitados, sino que las personas que sufren una discapacidad también desgravan en la declaración de la renta».
Estrella opina que a las empresas les compensa contratar a personas con discapacidad. Desde su punto de vista, «el que ha luchado y superado tantas dificultades puede desempeñar su trabajo incluso mejor que aquellos no la padecen».
Cree que estas personas tienen más recursos para solucionar problemas. Además, para ellos mismos, trabajar es la oportunidad para demostrar que lo hacen igual de bien que los demás y lo consideran un reto.
Aunque la situación es cada vez más favorable, asegura que «todavía hay mucho por hacer». Según Estrella, falta concienciación social y si muchas personas en estas circunstancias se encuentran inactivas, no es por falta de ganas sino por falta de apoyo. De este modo, se convierten en pensionistas desde los 18 años. Para ella, esto resulta una gran pérdida porque los discapacitados tienen mucho que aportar.
