Médicos sin Fronteras analiza el caso Glivec de Novartis

Las farmacéuticas alegan que el problema del acceso a los medicamentos para tratar las enfermedades infecciosas no se arregla donando los fármacos mientras no se resuelva el problema de la distribución de los mismos en países donde el sistema de salud pública es muy deficiente. ¿Qué opina de ello?

Por muy eficiente que llegue a ser un sistema de salud de un país en desarrollo, es imposible garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos vitales, cuando su coste está muy por encima de sus posibilidades económicas.

La sostenibilidad de un sistema sanitario no pasa por donaciones puntuales de medicamentos, sino por facilitarles su compra a precios que puedan asumir. Le pongo un ejemplo. A principios del año 2000, la primera línea de tratamiento para un paciente de sida costaba más de 9.000 euros al año. Al cabo de dos años, y gracias a la competencia de los genéricos, ese tratamiento logró reducirse a unos 100 euros al año.

Fue este hecho el que posibilitó que más de seis millones de personas se beneficiaran y sigan hoy con vida, con independencia de que el sistema de distribución de medicamentos funcionara mejor o peor en sus respectivos países.

Por tanto si hablamos de acceso a medicamentos en países con escasos recursos económicos, el principal problema, más que en la distribución, radica en su precio.

La imagen de las empresas farmacéuticas como compañías depredadoras e interesadas únicamente en la cuenta de resultados no se corresponde con la realidad de los hechos y las cifras de inversión.

La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA) anunciaba a principios de 2012 la donación durante la próxima década de 14.000 millones de tratamientos para nueve enfermedades tropicales olvidadas, equivalente a 1.400 millones por año. ¿Es suficiente el compromiso que adquieren las farmacéuticas? ¿Qué más podrían hacer?

Creo que generalizar sería injusto. De hecho, existen espacios de colaboración entre iniciativas sin ánimo de lucro y empresas farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos para las conocidas como enfermedades olvidadas, que están dando grandes resultados.

En ocasiones puntuales nos posicionamos frente a actuaciones concretas de empresas multinacionales del sector. Es lo que ha ocurrido con el caso Glivec de Novartis, porque consideramos que con su ataque a la Ley India de Patentes no solo estaba contraviniendo acuerdos internacionales que tratan de mantener el siempre difícil equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y la salud pública, sino también poniendo en grave peligro la principal fuente de medicamentos genéricos de los que en la actualidad dependen la vida de millones de personas en el mundo: los genéricos de India.

Por tanto, las donaciones son una ayuda, siempre y cuando vayan acompañadas de una política empresarial coherente que, consciente de la dimensión del problema, no ataque las fuentes de suministros médicos vitales.

En este caso, la mejor donación que hubiera podido hacer Novartis al esfuerzo para favorecer el acceso de medicamentos a pacientes en países con escasos recursos económicos, hubiera sido retirar su demanda y no lo hizo.

Transparencia Internacional denunció hace unos años la corrupción en el sector de la salud: “Existen amplias pruebas de que la corrupción obstaculiza los esfuerzos para prevenir la infección del Sida y tratar a las personas que viven con el virus en muchas partes del mundo”. ¿Coincide con esta opinión? ¿Cuál es su experiencia sobre el terreno? ¿Puede contarnos algunos ejemplos?

El mayor problema para prevenir y tratar enfermedades como el Sida proviene de la reducción en la aportación de fondos por parte de la comunidad internacional para hacer frente a esta pandemia.

En este momento y a pesar de la evidencia científica avalada por la propia OMS, que afirma que la mejor manera de prevenir la infección del Sida en el mundo en desarrollo es dar tratamiento a las personas que ya están infectadas, todavía hay otros 7 millones de enfermos que necesitan urgente medicación con antirretrovirales y no los están recibiendo.

Están en grave riesgo de muerte y son a la vez una fuente de contagio. Por tanto, el mayor problema no es la corrupción sino la falta de voluntad política y el egoísmo.

¿Por donde pasa la solución del acceso a los medicamentos: precios diferenciales para los países menos desarrollados, mayor flexibilidad en la protección de las patentes, más investigación y desarrollo en las enfermedades infecciosas..?

Los tres elementos que apunta son válidos. Enfermedades como el Sida o la malaria que causan cada año centenares de miles de muertes, se encuentran presentes mayoritariamente en los países con menos recursos. Por tanto el tema del precio de los medicamentos es un elemento esencial para poder hacerlas frente con eficacia.

Respecto a la flexibilidad en la protección de las patentes, conviene recordar que en el año 2001, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) firmaron la que se conoce como la Declaración de Doha, por la que conscientes de las enormes desigualdades existentes en el mundo con relación a un derecho humano básico como es el derecho universal a la salud, acordaron que los acuerdos sobre propiedad intelectual, aplicables en este caso a las patentes sobre medicamentos: “pueden y deberán ser interpretados de forma que apoyen el derecho de los países miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

Por tanto las flexibilidades ya existen. Lo que se trata es de respetarlas y de no intentar criminalizar a aquellos países que traten de ponerlas en práctica en sus legislaciones nacionales.

En cuanto a incrementar la I+D en nuevos medicamentos para combatir enfermedades infecciosas relacionadas con la pobreza le daré un dato. Según un estudio publicado en la revista médica The Lancet, de los 1.556 nuevos fármacos comercializados en el mundo entre los años 1975 y 2004, únicamente 20 (un 1,3%) iban destinados al tratamiento de enfermedades tropicales y la tuberculosis, es decir enfermedades relacionadas con la pobreza que dejan decenas de miles de muertos todos los años en países con escasos recursos.

Este es un auténtico agujero negro en el campo de la I+D, que debería solucionarse a través de una acción concertada entre Gobiernos y la industria farmacéutica que aún no existe.

Muchos han celebrado la sentencia del Tribunal Supremo de la India como un triunfo de las posiciones de las ONG, pero para la gran mayoría de los entendidos se trata de un tema muy técnico relacionado con el derecho de patentes y cuyo alcance será muy limitado. ¿Qué le ha parecido el fallo? ¿Qué consecuencias puede tener en el futuro?

No es un triunfo de las posiciones de las ONG sino de los millones de pacientes que esperan seguir teniendo acceso a medicamentos sin los que no podrían vivir.

El problema de la demanda de Novartis radica en que no solo estaba dirigida contra la denegación de la patente para un medicamento en concreto, el Glivec, sino contra la propia Ley India de Patentes que contempla una serie de salvaguardas de salud pública que se apoyan en la Declaración de Doha a la que antes he hecho mención.

Una de estas salvaguardas (sección 3.d) establece que: “no son patentables los nuevos usos y presentaciones de medicamentos ya existentes”, es decir pone coto a una práctica conocida como “reverdecimiento de patente”, cuyo objetivo es alargar el periodo de duración del monopolio que otorga la patente sobre un determinado medicamento, a través de nuevas presentaciones o nuevas mejoras rutinarias del mismo, aunque no representen una innovación real.

En este momento se estima que existen unas 9.000 solicitudes de patentes esperando a ser revisadas por la Oficina de Patentes de India, de las cuales la mayoría son simples modificaciones de medicamentos antiguos cuyo periodo de vida de patente ya ha concluido.

Si la demanda interpuesta por Novartis hubiera prosperado, India se habría visto obligada a cambiar su ley y su mercado se hubiera inundado de nuevas patentes “reverdecidas”.

Esto hubiera provocado el colapso de la industria india de genéricos, que no debemos de olvidar es la fuente de medicamentos de calidad a precios asequibles de la que se nutren los sistemas públicos de salud de los países en vías de desarrollo y buena parte del sistema internacional de ayuda. Las consecuencias por tanto podrían haber sido catastróficas.

Respecto al futuro, somos conscientes de que existen nuevas amenazas, pero al menos y por ahora se ha conseguido que un instrumento valioso como es la Ley India de Patentes quede como está o incluso más protegida, ahora que el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia a la que se podrá recurrir en casos similares.

No quiero terminar esta entrevista sin agradecer a los cientos de miles de personas en todo el mundo, más de un cuarto de millón de ellos en España, que han apoyado con su firma la campaña mantenida a lo largo de estos siete años de batalla judicial en India. A pesar de la complejidad de un tema con tantas connotaciones legales, han sabido valorar la enorme trascendencia de lo que estaba en juego.