Program Related Invesment: combinando inversión y filantropía
¿Cómo puede una fundación financiar proyectos sociales y recuperar sus fondos, incluso con alguna ganancia? En Estados Unidos y el Reino Unido hay una fórmula legal para ello que cobra cada vez más fuerza.
Cuando la Fundación Gates entra en el capital social de Visterra, innovadora empresa de biotecnología que desarrolla medicinas para enfermedades contagiosas, comienza a formar parte de una lista de inversores de capital de riesgo de primera categoría. Sin embargo su inversión entra dentro de su programa de actividades habitual y no de las inversiones financieras de la fundación. Igual pasa cuando la modesta Lora L. and Martin N.
Kelley Foundation Trust otorga un préstamo de bajo interés de 200.000 dólares a la ONG Craft3. Durante cinco años Craft3 utiliza esos fondos para mejorar residencias y escuelas infantiles en barrios humildes de Oregon, en EEUU. Al cabo de cinco años Craft3 devuelve los fondos, más un interés mínimo, a la fundación, la cual tiene la obligación de dedicar el capital recuperado a otras subvenciones o proyectos durante los doce siguientes meses. En contraste, los intereses generados por la inversión pasan a formar parte del patrimonio permanente de la fundación.
Según la Charity Commission del Reino Unido, un Program Related Investment (inversión en proyectos relacionados con el fin social, o PRI) es «una inversión realizada por una entidad sin fines de lucro para avanzar su misión e implica la potencial devolución del capital dentro de un periodo establecido». La Hacienda de Estados Unidos (IRS) clasifica los PRI como subvenciones. La inversión y los costes de un PRI cuentan dentro del mínimo de cinco por ciento del patrimonio que cada fundación debe desembolsar al año.
Gracias a una ampliación del código fiscal estadounidense en 2012, cada vez más fundaciones patrimoniales americanas aprovechan los PRI para las actividades ligadas a sus fines programáticos.
Se trata de inversiones en empresas privadas para conseguir objetivos sociales específicos e inversiones en entidades sin ánimo de lucro. En una nueva propuesta de reglamento para el funcionamiento de los PRI, el IRS aclaró este punto con ejemplos de inversiones permitidas:
– Inversión en el capital social de una empresa farmacéutica comercial, que quiere crear una vacuna para una enfermedad que afecta a personas pobres en países en desarrollo, cuando la Tasa Interna de Retorno (TIR) previsto es bastante menor que el interés de mercado.
– Entrada en el capital social de una empresa que reduce la contaminación recogiendo material reciclable en un país en desarrollo. Por ser una inversión arriesgada, el potencial de conseguir una tasa de retorno alta, si es que la empresa tiene éxito, no la descalifica como PRI.
– Un préstamo con condiciones favorables a una empresa que emplea un número importante de personas pobres en una zona rural de los EEUU, cuando las fuentes tradicionales se niegan a prestar el capital necesario para reparar daños causados por un desastre natural.
La fundación familiar Heron, pionera en el campo de las inversiones de impacto, adoptó esta apertura de miras en el campo de acción. Según explica su director, «nos interesa mucho menos la caracterización jurídica (fundación, asociación, empresa, cooperativa…) de las entidades en que invertimos que sus resultados frente a los objetivos de la fundación».
Los fundadores de Clif Bar (fabricantes de barritas energéticas) hicieron su prime PRI en marzo del 2013 a través de su fundación familiar. Un préstamo de 100.000 dólares a bajo interés les pareció la forma más adecuada de transmitir su fe en un nuevo programa del Bard College, un MBA en sostenibilidad.
Según el director del programa de MBA, Eban Goodstein, «recibir un PRI para financiar el lanzamiento de un MBA dirigido a construir un futuro más sostenible brinda una lección importante a nuestros estudiantes… aprenden a encontrar soluciones lucrativas a problemas sociales y de medio ambiente».
Las PRI se distinguen de otras formas de inversiones de impacto por ser inversiones cuyo fin principal es el fin social. El retorno financiero es secundario y siempre debe ser menor que el que se exigiría a una inversión de riesgo similar.
Según el IRS, para calificar una inversión como PRI es necesario que se espere un beneficio social para que los patronos de la fundación hagan la inversión. Dicho esto, el potencial retorno del capital inicial permite que la fundación pueda volver a aprovechar ese dinero para otros proyectos sociales.
La Fundación de John S. & James L. Knight financia, mediante PRI, proyectos comerciales y de entidades sin fines de lucro. Un simple requisito de la fundación resume la diferencia entre sus PRI y sus otras inversiones de impacto. Cuando se trata de PRI, además de devolver los fondos prestados, la primera edición del proyecto financiado tiene que ser open-source. En contraste, las empresas en la cartera de su Knight Enterprise Fund, que busca retornos competitivos, no tienen ninguna obligación parecida.
Según un reciente estudio por la Universidad de Indiana, Leveraging the Power of Foundations–An Analysis of Program– Related Investing, la mayoría de los PRI se destinan a proyectos de desarrollo económico local, viviendas asequibles y educación. Muchos de ellos pasan por intermediarios financieros sin ánimo de lucro (como las instituciones que financian desarrollo comunitario) que tienen largos historiales de concesión de préstamos a empresas e individuos en zonas humildes.
Cuando se trata de una inversión PRI directa, las fundaciones suelen limitarse a ofrecer PRI a grupos con los cuales ya tienen una relación de confianza. Por ejemplo, la Meyer Memorial Trust vinculó un PRI en forma de préstamo de 800.000 dólares a una subvención tradicional de 200.000, que otorgó para un nuevo banco regional de alimentos, porque era una iniciativa comunitaria que la fundación ya conocía bien.
Desde su primer PRI de 6.000 dólares en 1980, un préstamo a la Asociación de Historia Natural de Yosemite para publicar un libro, la Fundación Packard ha invertido unos 250 millones en PRI. Entre ellos destaca un préstamo de 2,5 millones de dólares para financiar el lanzamiento del Roundtable on Sustainable Biofuels Services Foundation (RSB).
RSB estableció unos requisitos que permitirían calificar la cadena de valor de la producción de biocombustibles de «sostenible». En 2012 el RSB otorgó las primeras certificaciones y la Comisión Europea reconoció sus estándares en una Directiva Sobre Energías Renovables. Según Packard, la primera certificación (la empresa australiana Manildra) demostró que la producción de biocombustibles a escala comercial de forma sostenible era viable y motivó a otras empresas a seguir su ejemplo.
Muchas veces los PRI sirven para catalizar otros fondos adicionales, privados o públicos. Por ejemplo, un préstamo de 1,2 millones de dólares, a bajo interés, de la Packard Foundation al Banco de Alimentos de Santa Cruz, California, para comprar un almacén, motivó a otros donantes a dar otros 5 millones para mejorar su eficiencia y proveer más frutas y verduras a sus clientes.
En el caso de la fundación familiar Alfond, un PRI en forma de una garantía de 20 millones de dólares para un bono estatal para la construcción de un nuevo hospital, permitió al centro hospitalario aprovechar una financiación pública de 276 millones, más de 13 veces el valor del dinero depositado en garantía, y ganando intereses para la fundación.
Consistente con la oferta, la demanda por parte de las ONG para PRI está en auge. Un informe publicado en el 2013 por el Nonprofit Finance Fund revela que el 23% de las entidades sin fines de lucro encuestadas en Estados Unidos piensan buscar préstamos o inversiones el próximo año, un 20% más que el año anterior Fuentes de la Fundación Packard precisan que sus PRI suelen contribuir a que una entidad acceda a nuevos ingresos (que les permite luego devolver el préstamo) o responden a desfases en la entrada de capital público o privado.
Durante los 30 años en los que la Fundación Packard ha ofrecido PRI ha perdido menos del 1%. ¿Cómo lo ha logrado? Los criterios de Packard se parecen bastante a los elaborados por la fundación familiar Meyer Memorial Trust:
– Los objetivos de los PRI deben ser consistentes con el plan estratégico de la entidad receptora.
– Tener una solidez financiera demostrada de la entidad receptora.
– Tener proyecciones financieras a múltiples años que indiquen que se podrán devolver los fondos.
– Contar con patronos y/o empleados con capacidad demostrada en gestionar deudas y efectivo.
– Demostrar que un PRI es la herramienta adecuada para financiar el proyecto.
– Tener en cuenta que es probable que la PRI facilite la entrada de otras fuentes de capital.
– Señalar que existen garantías colaterales o fuentes secundarias para retribuir la inversión.
Aunque la gran mayoría de los PRI vienen del presupuesto de las actividades corrientes, algunas fundaciones usan PRI para conseguir mayor impacto con sus patrimonios. Por ejemplo, cuando la fundación familiar Jessie Ball DuPont firmó su primer PRI, un préstamo de 500.000 dólares para la construcción de nuevas viviendas asequibles, este formaba parte de un fondo de 10 millones de su patrimonio de inversión. Los patronos querían aprovechar un mayor porcentaje de sus activos para sus fines sociales.
Dicho esto, a pesar del atractivo de los PRI, la presidenta de la fundación enfatiza «nuestro objetivo no es hacer préstamos. Prestar es una táctica. El objetivo es ayudar a crear un sistema para asegurar que haya viviendas asequibles». El fin social es lo que pesa.
¿Por qué emplear un PRI?
– Para poder reutilizar el capital para otros proyectos una vez sea devuelto.
– Ayudar a entidades sociales a acceder a financiación pública y/o otras fuentes privadas para avanzar en los objetivos de la fundación.
– Poder correr mayor riesgo que la inversión típica del patrimonio (las decisiones de inversión están exentas de los estándares del «inversor prudente» en los EEUU).
– Aprovechar fondos para proyectos con el potencial de aumentar el patrimonio con retornos potencialmente competitivos.
– Fomentar actividades no aptas para subvenciones tradicionales.
– Fortalecer la capacidad y la reputación de la entidad receptora.