Espacios protegidos en España, el tesoro desconocido
Una riqueza natural de valor incalculable pero desconocida. Solo por poner un ejemplo: La Red Natura 2000 –que ocupa el 30% del territorio en España, convirtiéndolo en el país que mayor extensión aporta a esta red de protección europea–, es una total desconocida para el 85% de la población española, según las conclusiones de un informe de SEO/Birdlife publicado en 2013.
La Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007 considera Espacios Naturales Protegidos «aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, que cumplan al menos uno de estos dos requisitos: contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo; o estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, la geodiversidad y los recursos naturales y culturales asociados».
Los espacios naturales protegidos en España nacen como tal con la Ley de Parques Nacionales de 1916, siendo el tercer país europeo (tras Suecia y Suiza) en declarar territorios con el fin específico de conservar la naturaleza.
Actualmente, y en función de los bienes y valores que se deban proteger –y de los objetivos de gestión–, los Espacios Naturales Protegidos, terrestres o marinos, se clasifican en cinco categorías básicas: Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.
Sin embargo, y debido a que la mayoría de las comunidades autónomas han desarrollado legislación propia sobre espacios protegidos, en realidad, en España, existen hoy en día más de cuarenta denominaciones distintas para designar estos espacios.
Según datos de WWF/Adena, en España existen casi 85.000 especies de fauna y flora –el 54% del total de especies europeas, y cerca del 50% de las especies únicas en Europa–, entre las que se incluyen unas 8.000 plantas vasculares, 15.000 hongos, 50.000 invertebrados y 635 especies de vertebrados. Muchos de ellos viven en estas áreas naturales protegidas.
Tablas de Daimiel, Doñana, Monfragüe, Sierra Nevada, Cabañeros, Ordesa, Picos de Europa, Caldera de Taburiente, Cañadas del Teide o Timanfaya (Parques Nacionales); Cabo de Gata, la Albufera valenciana, Lago de Sanabria, Hoces del Río Duratón, Laguna Negra o Somiedo – todos ellos Parques Naturales–, y una larguísima lista de Reservas y Monumentos Naturales, como las Lagunas de Villafáfila –que alberga la mayor densidad mundial de avutardas; una especie actualmente en peligro de extinción–, Zonas de Especial Protección de Aves, o Reservas de la Biosfera forman una grandiosa riqueza natural de inabarcable valor en España; tan cercana, pero tan poco conocida que merecería páginas enteras para descubrir solo una mínima parte de este riquísimo legado.
El desconocimiento general que instituciones, ONG conservacionistas y gestores de estos espacios protegidos detectan en la población puede responder a varios aspectos, entre ellos, el complejo marco jurídico aplicable al Estado español, el grado de descentralización y de desarrollo en las diferentes comunidades autónomas o la complejidad que supone la superposición de distintas figuras de protección.
Gran riqueza, pero poco conocida, ¿qué está fallando?
Todo apunta a que una de las principales barreras a superar a la hora de darle a estos espacios naturales protegidos el valor que les corresponde, es lo escasamente desarrollado que está en España, pero también en Europa, el concepto de «pago por los servicios de los ecosistemas» –o Pago por Servicios Ambientales (PSA)–, porque, por el momento, es muy difícil cuantificar el valor económico de estos espacios para el bienestar humano.
No existen metodologías aceptadas ni generalizadas que permitan medir o calcular de manera neta la repercusión en la sociedad en términos de empleo directo, empresas implicadas en proyectos de turismo sostenible, o de servicios; o los beneficios ofrecidos a los millones de visitantes que acuden a conocer estas zonas.
Y es que, a pesar de los beneficios que se obtienen de los ecosistemas, la mayoría no son reconocidos por el mero hecho de no tener valor monetario, lo que generalmente provoca que su conservación tenga poco peso en la toma de decisiones. Muy al contrario de lo que ocurre en países mucho más avanzados en materia de sostenibilidad y medio ambiente como Costa Rica, donde desde 1999 se han comenzado a aplicar proyectos piloto de pago por servicios ambientales.
En este sentido, la entidad Europarc- España publicó en 2012 el documento El patrimonio inmaterial: Valores espirituales y culturales, un manual para su incorporación en las áreas protegidas en el que se defiende una visión integral en la gestión de este patrimonio natural con el fin de incorporar los valores culturales y espirituales en su planificación, diseño y gestión.
A su juicio, la mayoría de los espacios naturales protegidos españoles tiene una gran cantidad de valores vinculados al patrimonio inmaterial: de tipo histórico, lingüístico, artístico, estético, social (por ejemplo, oficios y conocimientos tradicionales), y hasta religioso o espiritual.
«Estos valores suponen una riqueza añadida al patrimonio natural tangible de estos espacios; un patrimonio inmaterial que suele configurar los vínculos identitarios, simbólicos y de pertenencia que forman el arraigo que une a una determinada sociedad, especialmente la población local, con los espacios naturales», recalca el documento, que alerta de que, sin embargo, en las últimas décadas «los criterios de planificación y de gestión de la mayoría de los espacios naturales protegidos españoles han priorizado los aspectos tangibles y científico-técnicos del patrimonio natural, mientras que sus dimensiones inmateriales se han ignorado o minusvalorado, desaprovechando su enorme potencial».
Europarc-España es una organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios protegidos en España. Se creó en 1993 y es el principal foro profesional donde se discuten y elaboran propuestas para la mejora de estos espacios.
Pertenece como miembro activo a la Federación Europarc, la organización paneuropea creada en 1973 que reúne instituciones de 39 países dedicadas a la gestión de áreas protegidas y a la defensa de la naturaleza.
Según las conclusiones del Anuario 2011 del Estado de las Áreas Protegidas en España de Europarc, el objetivo de identificar, proteger y gestionar estas áreas de elevado interés natural no es tanto detener la pérdida de biodiversidad, que también, sino «plantear un debate sobre el tipo de naturaleza que queremos para Europa y sus ciudadanos».
Europarc alerta en este Anuario de que las principales carencias detectadas hace años en materia de espacios naturales protegidos no se han resuelto aún; y cita, entre otras, la insuficiente aplicación de los instrumentos de planificación y gestión, o la falta de integración y coordinación entre políticas sectoriales.
En este sentido, la institución destaca la necesidad de mejorar las alianzas institucionales y sociales para subrayar el valor de las áreas protegidas como oportunidades reales de mejora para el bienestar humano, pero sobre todo como herramientas «verdaderamente eficaces en la articulación de un modelo territorial más sostenible».
Protección a nivel europeo: Red Natura 2000
El pasado 21 de mayo se ha celebrado el Día Europeo de la Red Natura 2000, una jornada que tiene como objetivo el fomento de la divulgación y conocimiento entre el ciudadano de a pie de esta iniciativa, que nació en 1992 como un compromiso de los Estados miembros de la UE para la creación de una red representativa de espacios con valores importantes de biodiversidad.
Y es que, según datos de un informe elaborado en España por la ONG Seo/ Birdlife en 2013, el 85% de la población española no conoce la Red; y solo el 3% maneja bien el concepto; algo preocupante si se tiene en cuenta que el 30% del territorio nacional pertenece a ella. A esto se suma además que España es el país europeo que más territorio aporta a la Red, tanto en términos absolutos –número de hectáreas–, como en términos relativos (porcentaje de territorio respecto al total del país).
Durante estos más de veinte años, desde la aprobación de la Directiva de Hábitats en Europa, el mayor esfuerzo de la Red Natura 2000 se ha dedicado a la identificación de los lugares que cumplen con los requisitos de esta directiva, y actualmente forman parte de la Red tres figuras distintas de protección: los denominados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
En toda Europa, la Red Natura 2000 está formada por cerca de 26.000 lugares de alto valor ecológico que ocupan el 18% del territorio de la Europa de los 27, además de una pequeña parte de las aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros –una superficie de casi un millón de kilómetros cuadrados–, formando el conjunto de espacios protegidos más extenso del mundo.
En términos absolutos, España es el país de la Unión Europea que más superficie terrestre aporta a la Red Natura 2000, con más de 137.000 km2, seguida de Francia, con 68.000 km2. Esto representa algo más del 27% de su superficie terrestre, y más de un millón hectáreas marinas. Datos de 2013 indican que actualmente en España hay 1.892 sitios terrestres y 108 marinos dentro de la Red Natura 2000.
El principal mensaje difundido este 21 de mayo, durante el Natura 2000 Day fue, precisamente, que a través de esta red es posible que la conservación de la naturaleza vaya de la mano de los beneficios para los ciudadanos y para la economía en general. Y que, por tanto, formar parte de ella no es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de estos lugares, sino que, en realidad, genera nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades productivas tradicionales, así como recreativas y de turismo.
En término económicos, la Comisión Europea estima que los espacios Red Natura 2000 proporcionan a los ciudadanos europeos servicios vitales como el almacenamiento de carbono, el mantenimiento de la calidad del agua o la protección frente a inundaciones y sequías, valorados entre 200.000 y 300.000 millones de euros al año.
ONG como Seo/Birdlife o WWF/Adena coinciden en la falta de proyectos de comunicación sobre la Red Natura 2000; unos planes de comunicación que deben ser parte fundamental de los planes de gestión de estos espacios.
Según señala WWF en su informe La Red Natura 2000 en España, situación por comunidades autónomas tan solo el 9% de la Red Natura contaba en mayo de 2012 con los correspondientes planes de gestión. España, junto con otros como Irlanda, Grecia o Portugal, se encuentra a la cola en cuanto al número de planes aprobados, muy lejos de Suecia, que ya lo han hecho con el 95% de ellos.
Y precisamente con el fin de atajar el desconocimiento que existe a nivel nacional y europeo en materia de espacios protegidos de la Red Natura 2000, en 2013 se lanzó el proyecto Activa Red Natura 2000, con un presupuesto de 2,1 millones de euros –de los que el 50% son financiados por la Comisión Europea y el resto lo ponen diferentes instituciones y comunidades autónomas–, y que se desarrollará hasta marzo de 2017.
El objetivo de Activa Red Natura 2000 es llegar a la población general, mediante espacios de radio y televisión, páginas webs, o el Día Europeo de la Red Natura 2000, por ejemplo; así como a los sectores productivos: agricultores, ganaderos, pescadores o cazadores; y a actores clave en la defensa de la Red: técnicos en evaluación de impacto ambiental, funcionarios, jueces o periodistas, entre otros.
Según explica a Revista Haz el jefe de la sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Zamora, Jesús Palacios, «el mayor reto después de más de veinte años de trabajo en materia de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 es finalizar por fin este proceso con la creación de las ZEC (Zonas de Especial Conservación), la evolución de los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria). A partir de entonces se tienen que elaborar los planes de gestión y conservación de cada uno de los espacios de esta Red con el fin de aplicarlos específicamente para poder llevarlos a cabo».
Según este experto, «esta gestión requiere de una financiación muy importante, que en este momento no está asegurada: este es el principal reto; conseguirla para alcanzar los objetivos de conservación», algo indispensable para que las personas que viven y trabajan en estos espacios naturales «vean que la conservación de determinados hábitats y especies, en las que ellos colaboran activamente con sus labores tradicionales (ganadería, agricultura, etc.), redunda en un beneficio mutuo y les supone además claras ventajas económicas».
Retos futuros a abordar
En palabras de Jesús Palacios, «los gestores de espacios protegidos en este momento de crisis económica tan importante se enfrentan a una pavorosa falta de recursos, de modo que es muy difícil llevar a cabo los diferentes programas necesarios»; a lo que se suma, además el hecho de que «se avanza de forma muy lenta en materia de desarrollo económico local que implique a los habitantes de estos espacios».
Pese a estos datos, este experto es optimista en otros aspectos: «la concienciación en cuanto a la necesidad de protección de los espacios naturales ha crecido mucho en los últimos años, así como el orgullo de pertenencia que demuestran los habitantes de estos espacios naturales»; una cercanía que es muy evidente en el caso de Castilla y León, donde los centros de visitantes se han convertido en Casas del Parque donde se albergan exposiciones, conferencias y eventos durante todo el año en los que se implican con entusiasmo todos los habitantes de la zona.
«Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, hoy en día es posible que el visitante de los espacios naturales protegidos pueda informarse y tomar conciencia del alto valor del patrimonio natural al que acude, y con ello aprovechar más esa visita y convertirse después es prescriptor y difusor de su importancia y belleza», explica Palacios.
Asimismo, la repercusión económica positiva en las zonas en las que se ubican estos espacios protegidos es también un importante valor en alza, puesto que el beneficio económico, directo o indirecto, para los habitantes, crece de manera moderada; lo que hace que crezca a su vez la aceptación de estas figuras de protección.
En cuanto a la necesaria implicación del sector empresarial en materia de protección y gestión de espacios naturales, este es también un reto pendiente, pese a que esa implicación «es ya una realidad de nuestros días», señala Jesús Palacios.
«Incluso en este momento de crisis, existen grandes corporaciones colaborando activamente en este sentido», apunta. Un claro ejemplo es La Caixa, que vertebra este compromiso a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, financiando numerosos proyectos de mejora ambiental y accesibilidad a los espacios naturales de esta comunidad autónoma.
La asignatura pendiente a nivel empresarial, según este experto, continúa siendo el aumento de esta involucración, no solo en materia de conservación, sino también de difusión y divulgación; una tarea, si cabe, tanto o más importante.
