Promesas y peticiones para mejorar España tras las elecciones generales del 20D

Comienza la cuenta atrás. Con los programas electorales presentados y la campaña prácticamente resuelta, España se enfrenta a unas nuevas elecciones generales, y por primera vez en mucho tiempo no son sólo dos partidos los que parten el bacalao.

Los incesantes casos de corrupción destapados en los últimos años, y protagonizados en su mayoría por miembros del PP y PSOE han dado un impulso estratosférico a dos partidos que, aunque de diferente ideología, tienen un nexo común: Podemos y Ciudadanos acercan sus propuestas al campo de lo social y de la transparencia, dos características que les han hecho ganar muchos adeptos tras el descontento generado por los partidos más tradicionales.

De hecho, su éxito en las pasadas elecciones autonómicas y locales, celebradas en mayo, ha servido para que los dos partidos mayoritarios den una vuelta de tuerca a sus propuestas de gobierno y amplíen sus miras en el campo de lo social.

El partido liderado por Mariano Rajoy, por ejemplo, asegura en su programa que está en su ideario promover la economía y el emprendimiento social, así como la RSC.  Pero, ¿cómo? El texto afirma, entre otras cuestiones, que promoverán “un plan específico de empleo para personas con discapacidad, que abarque la formación e incentivos fiscales a empresas para la contratación de personas con discapacidad”.

El PP también tiene intención de mejorar la situación de las familias españolas a través de una nueva Ley de Conciliación y Corresponsabilidad, con la que se intentarán fomentar medidas como la reducción de jornada o el teletrabajo. “Profundizaremos en el desarrollo normativo y efectivo del teletrabajo, como uno de los principales instrumentos para avanzar en la conciliación y corresponsabilidad, y fomentaremos el reconocimiento a empresas y organizaciones que aplican buenas prácticas e incorporan modelos de flexibilidad”, reza su programa.

Estas son sólo algunas de las medidas que se esbozan, sin mucha concreción, en el programa del partido que gestiona el actual Gobierno, a las que se añaden planes económicos transparentes, apoyo a los mayores, planes de empleo y un largo etcétera de buenas intenciones. Y como las suyas, las del resto de partidos, que han sido recogidas por la asociación especializada en responsabilidad social Forética.

PSOE da una gran importancia a la responsabilidad social en su programa, relacionándola con la contratación pública, el empleo juvenil, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, al consumidor y con la prevención de la corrupción en el sector privado. “Se mencionan también aspectos muy relacionados como la transparencia y el buen gobierno, los aspectos sociales que tienen un papel destacado con conceptos como la corresponsabilidad, la conciliación o el teletrabajo”, apuntan desde Forética.

Por su parte, Ciudadanos enfoca más sus medidas de RS en el campo empresarial. “Dedica un apartado exclusivo de su programa a este concepto y lo analiza desde la alta dirección”. Y es que, según se entiende en su programa, es a través de la integración de la responsabilidad dentro de ese rango laboral como se puede extrapolar a todos los órganos de la empresa y a su cadena de valor. También incluye medidas específicas relativas a la sostenibilidad y al medio ambiente, apuntando hacia el desarrollo de las smart cities y la modernización del sector agroalimentario.

Podemos es el último partido analizado por Forética. La asociación asegura en su informe que las propuestas sociales, de sostenibilidad y de RSC realizadas por el partido liderado por Pablo Iglesias tienen un carácter menos voluntario y más imperativo que la del resto de partidos.

Su idea es la de apostar por la contratación pública y por impulsar sectores como el energético y el agroalimentario. Se muestra muy exigente en términos de contaminación ambiental y se incluye el concepto de economía circular, en referencia a la reutilización como criterio en el sistema productivo.

¿Qué se pide a los políticos?

Igual que estas últimas semanas han sido las de los mítines y los debates, también se han convertido en las de las peticiones. Un ejemplo es el de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), que ha reclamado al futuro Gobierno salido de las urnas del 20 de diciembre una apuesta firme por impulsar a las empresas que representa, “un modelo más participativo, que crea empleo, fomenta la innovación, el desarrollo local y la cohesión social, y en el que priman las personas por encima del capital y los beneficios se redistribuyen”, según palabras de su presidente, Juan Antonio Pedreño.

El documento entregado por Cepes a los diferentes partidos políticos recoge varias propuestas en las que destaca una necesidad del sector por tener un mayor contacto con la Administración como agente social. Pero también un cambio en su fiscalidad y una eliminación de las trabas burocráticas que se convierten en barreras para el desarrollo de estas empresas.

Por otra parte, la asociación solicita potenciar la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados en compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social, etc.

Según Pedreño, estas medidas han tenido buena acogida por parte del PP, PSOE y Podemos, que no pierden de vista que la economía social en España está conformada por casi 43.000 empresas que aportan el 10% del PIB y generan 2,2 millones de empleos.

Pero Cepes no ha sido la única en presentar sus peticiones. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha transmitido una lista de 14 propuestas, divididas en cuatro áreas: políticas sanitarias en cáncer, prevención y detección precoz, atención a la persona afectada por el cáncer y su familia e I+D+i.

De todas ellas, han marcado dos como prioritarias: lograr que la población entre 50 y 69 años tenga acceso a programas de cribado de cáncer colorrectal en todas las comunidades autónomas lo antes posible y que los cuidados paliativos, tanto hospitalarios como domiciliarios, lleguen a todas las personas que lo necesitan en España.

Por su parte, la Asociación Española de Fundaciones (AEF) propone que el próximo Gobierno impulse su sector aumentando los incentivos fiscales al mecenazgo y poniendo en funcionamiento el protectorado único de fundaciones, con el objetivo, por un lado, de incrementar la participación ciudadana y la sostenibilidad del Tercer Sector, y, por otro, de racionalizar el entorno administrativo de esta área. El objetivo es el de duplicar el número de ciudadanos donantes y consolidar la independencia y la financiación de las fundaciones y de las organizaciones sin ánimo de lucro.

Según la AEF, a pesar de que la última Reforma Fiscal del Gobierno incrementaba los incentivos de este tipo, aún son bajos en comparación con los implantados por la mayoría de los países de la UE: “Mientras que en España estamos en torno a un 20%, el modelo fiscal francés, por ejemplo establece deducciones del 70% en personas físicas y 60% en jurídicas”, explican desde la asociación.

Desde el punto de vista social, Intermón Oxfam  ha aprovechado la campaña para dar voz a varios segmentos de la población necesitados, a través de personas concretas: Beatriz Moreno, parada, viuda y con tres hijos, solicita que se garanticen unos ingresos mínimos a todos los hogares que lo necesiten, y que se incrementen las partidas de gasto público en educación, sanidad y protección social. Jesús Delgado es autónomo y demanda una Ley contra la evasión fiscal, ya que, según datos de la organización, esta lacra le cuesta a España unos 59.000 millones de euros, de los cuales el 72% pertenece a grandes empresas y grandes fortunas.

Por su parte, Irene Romero, estudiante de medicina, pide una mayor transparencia y acabar con la impunidad; Ahmed Abuzudaida, refugiado palestino, quiere que se asegure la protección de las personas desplazadas o refugiadas; Aurora Morales, eterna becaria, solicita mayores medidas para incentivar el empleo de calidad, y Niyotara Faines, que se vio obligada a huir de la guerra en Burundi en 1993, reclama que España esté mucho más comprometida con la lucha contra la pobreza, la desigualdad extrema y los derechos humanos.