El diálogo, clave para la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas

Desde 2015 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trabaja para regular los impactos de las multinacionales en los pueblos indígenas a través de un Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG) encargado de elaborar el Tratado sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos.

El próximo mes de octubre se discutirá un primer borrador de este documento, que pondrá el foco en la amenaza que supone para la supervivencia de estos pueblos el agotamiento y la contaminación de sus recursos naturales e hídricos, demostrando la clara vinculación que existe entre la degradación ambiental y la pérdida de sus medios de vida tradicionales.

La UE trabaja también en esta línea. Recientemente celebró en Bruselas un espacio de diálogo multisectorial sobre consulta previa y empresas europeas con intereses o actividad en América Latina liderado por los europarlamentarios Ramón Jáuregui y Beatriz Becerra.

Bajo el epígrafe Desde el conflicto al entendimiento a través de la consulta previa, representantes institucionales, empresariales y de las comunidades indígenas coincidieron en la necesidad de potenciar el diálogo entre estados, empresas y comunidades locales para poner en marcha los mecanismos legales necesarios para el fomento de buenas prácticas por parte del sector empresarial, a lo que se sumaría el hecho de ‘premiar’ esos cambios.

¿El objetivo? Garantizar las oportunidades que ofrece la actividad empresarial conjugándolo con el respeto a la identidad cultural, riqueza ambiental y condiciones de vida de los pueblos indígenas en Latinoamérica.

Este encuentro, en el que colaboraron el Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de la ONU, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid) y la empresa española Zabala Innovation Consulting, sirvió para reflexionar sobre la importancia de implementar los procesos de consulta previa como garantía de una actividad empresarial “no conflictiva” en estos territorios de América Latina.

Durante la apertura del evento, Ramón Jáuregui señaló que “derechos humanos, protección del medio ambiente y empresas, es una ecuación aún por desarrollar de vital importancia”. Pero para conseguirlo, “debemos alcanzar una norma internacional que pueda ser aplicable”.

En opinión de la europarlamentaria Beatriz Becerra: “Los gobiernos deben proteger a pueblos y empresas”, sin embargo, “falta un compromiso legal y vinculante para que todos usemos las mismas normas de juego y que éstas sean referente para la sociedad”. “No es suficiente la buena voluntad, y por eso la consulta previa es una herramienta”, aseguró, comprometiéndose a promover esta cuestión dentro del Parlamento y entre las direcciones generales de la Comisión Europea.

Por su parte, la representante del Centro Regional para América Latina y el Caribe, Diana Chávez, abogó por “un diálogo constructivo” entre los actores económicos y gubernamentales “para la construcción de capacidades”. “Las empresas tienen derecho a conocer la jurisprudencia local, las responsabilidades y los derechos de ejercer su actividad empresarial. Ahí entra el rol de los estados”, añadió.

El diálogo y la consulta pública ofrecen “oportunidades históricas que dependen de la voluntad política”. “La participación regional e interregional es muy importante, así como la posibilidad de alianzas en el ámbito social”, recalcó por su parte Martin Oelz, director de la Unidad de Pueblos Indígenas del Servicio de Género, Igualdad y Diversidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, Elvira Andrade, representante de la empresa minera Cerrejon recordó que, en muchas ocasiones, “las empresas desconocen cómo proceder”. Por ello, consideró el papel de la consulta previa como “una gran herramienta para armonizar las oportunidades de desarrollo con la buena convivencia”.

Los pueblos indígenas, los más afectados

En agosto de 2016 la Red Española del Pacto Mundial publicó la Guía Empresas y pueblos indígenas, un documento en el que recordaban que las poblaciones indígenas continúan, a día de hoy, conservando sus culturas e identidades tradicionales, -el idioma, las creencias o la forma de relacionarse con el entorno natural- caracterizándose, precisamente, por sus fuertes vínculos con los territorios y sus recursos naturales, además de contar con sistemas sociales, económicos y políticos singulares.

Según sus datos, actualmente, existen alrededor de 5.000 grupos indígenas en todo el mundo, compuestos por más de 370 millones de personas que viven en algo más de 70 países de los cinco continentes.

Históricamente, estos pueblos no han tomado parte en los procesos de decisiones políticas de los estados en los que viven y suelen ser los grupos más afectados por las actividades empresariales, especialmente de las corporaciones trasnacionales. Muchos de los proyectos de estas empresas se llevan a cabo sin consultas adecuadas o sin haber obtenido su consentimiento previo. Entre las consecuencias más graves se encuentran los impactos sobre los ecosistemas o los desplazamientos de población.

El documento destaca el nexo entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los pueblos indígenas, aportando un cuadro de acciones específicas para que las empresas puedan contribuir al desarrollo de estos pueblos a través del nuevo marco internacional y promover su progreso económico y social. Además, incluye ejemplos de buenas prácticas empresariales, para explicar cómo diferentes empresas ya han iniciado el camino para integrar la dimensión indígena en su estrategia de negocio, así como herramientas y recursos nacionales e internacionales para completar el conocimiento práctico.

Por su parte, Naciones Unidas cuenta desde 2015 con un Grupo de Trabajo Intergubernamental creado por su Consejo de Derechos Humanos encargado de elaborar lo que se convertirá en el Tratado sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos, un documento, según los expertos, “cargado de expectativas y desafíos para los estados y los grupos interesado” y cuyo objetivo fundamental es elaborar un “instrumento jurídicamente vinculante”.

Entre los distintos puntos en los que está trabajando este grupo de expertos se encuentra el Derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, ya que “el territorio es vital para la existencia de los pueblos indígenas y al mismo tiempo éstos dependen de su territorio y los recursos naturales para su subsistencia”. Y es que, la riqueza en sus territorios de estos recursos -minerales, hidrocarburos, bosques, aguas, etc.- sitúa sus derechos “en riesgo de ser afectados por las actividades de explotación que realizan las empresas”.

Según datos de este Grupo de Trabajo, sólo durante 2012 el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas -una figura que reporta anualmente las comunicaciones recibidas sobre violaciones a los derechos de estos pueblos- recibió cerca de 40 comunicaciones relacionadas con las actividades empresariales en los sectores de la minería, la energía y las finanzas sobre estas comunidades. El 25% de ellas se refirieron a pueblos indígenas en regiones como Asia, el Pacifico y América Latina.

En su informe de 2011, el relator especial afirmó que “las actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas”. En cuanto a los impactos ambientales, el documento identificó “una pérdida gradual del control indígena sobre sus tierras, territorios y recursos naturales”, así como “el agotamiento y la contaminación de los recursos hídricos” que a su vez afecta la disponibilidad de agua para el consumo humano, a las tierras de cultivo, el pastoreo y la pesca tradicional”.

También destacó la relación entre los daños ambientales y el deterioro de la salud de las comunidades y la vinculación entre la degradación ambiental y la pérdida de sus medios de vida tradicionales, que lleva a situaciones “de inseguridad alimentaria y de malnutrición”. En cuanto a los efectos sociales y culturales, apuntó que la perdida de tierras y recursos naturales “puede poner en serio peligro la supervivencia de estos grupos indígenas”.

Consulta previa para prevenir conflictos

Mikel Berraondo, director del Área de Innovación Social de Zabala, y uno de los pocos expertos europeos en materia de derechos de los pueblos indígenas, recuerda que “la consulta previa es un instrumento internacional legal que previene conflictos, establece marcos normativos y políticas públicas a largo plazo, fortaleciendo la presencia y capacidad de los estados para una gobernabilidad inclusiva, potenciando el rol de los organismos nacionales de derechos humanos, y priorizando el diálogo”.

“Cada vez más países y empresas en Latinoamérica se están sumando a la priorización de la consulta previa para solucionar conflictos y garantizar las prácticas éticas en la actividad empresarial”, explica este experto a Revista Haz, abogando por la promoción del modelo de “beneficio compartido” entre empresas y pueblos indígenas y señalando a la Unión Europea como “promotora” de estos derechos.

Berraondo, que también coordinada el proyecto Consulta Previa, Gobernabilidad y Empresas en América Latina, impulsado por Aecid, la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y el Centro Regional para América Latina y el Caribe, es además asesor legal de comunidades indígenas en países como Argentina, Paraguay, Colombia o Panamá en procesos jurídicos ante instancias internacionales, como los comités de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“En estos momentos asistimos a un cambio de paradigma en este sentido, ya que las empresas cada vez son más conscientes de que la generación de valor social es un elemento muy importante para su gestión, reputación, y por lo tanto para su competitividad en un mercado cada vez más global”, explica este experto. Y es que, “los derechos específicos que tienen grupos sociales como los pueblos indígenas deben tenerse en cuenta en la ejecución de cualquier proyecto empresarial que se vaya a desarrollar en sus territorios”, asevera.

A su juicio, “algunas empresas están ya muy avanzadas en este sentido, con política internas de relación dentro de la comunidad en la que operan, compromisos de derechos humanos y experiencias muy positivas, incluso de apuesta por modelos de gestión de los proyectos basados en el beneficio compartido y en la debida diligencia en materia de derechos humanos y protección ambiental”.

Otras empresas “están comenzando a tener en cuenta los derechos humanos, en general, y de los pueblos indígenas, en particular, en sus análisis estratégicos, y como parte de los riesgos reputacionales, sociales, ambientales, e incluso jurídicos que deben enfrentar”. Asimismo, “También lo están viendo como una ventaja competitiva con respecto a la competencia, generando un valor social de su marca que se traduce en un mejor posicionamiento en el mercado de sus productos y servicios”, explica Berraondo.

En este sentido es optimista, pese a que “todavía quedan cambios pendientes en el sector empresarial”. “Creo que las buenas prácticas en relación con los derechos humanos y la protección ambiental terminarán siendo parte de los modelos organizacionales de las empresas”, añade. Además, “en algunos países los gobiernos están siendo muy exigentes en materia de cumplimiento de estos derechos por parte de los sectores empresariales, por lo que el contexto, evidentemente, es de cambio de modelo”, recalca.

Como experto, cree que la consulta previa es válida como herramienta para garantizar que la actividad empresarial, no sólo no es conflictiva en estos territorios, sino que tiene un impacto positivo a nivel económico, social y por supuesto ambiental. “Sí, siempre que se realice con todas las garantías”, señala, recordando que “efectivamente es un elemento preventivo de conflictos y un instrumento que permite que las actividades empresariales tengan más en cuenta las necesidades de las comunidades locales además de las que implica el proyecto, y por tanto que se transformen y reviertan estos impactos”.

Mikel Berraondo se refirió también a los estudios de impacto en derecho. “La realización de estos estudios, y el cumplimiento de los planes de mitigación que surgen a partir de ahí, son los que pueden transformar la relación de las empresas con las comunidades y la aceptación positiva de los proyectos”, defiende.

Y es que, en su opinión, el tener en cuenta la participación de todos los agentes a los que afecta o implica el proyecto genera “esa transformación social y económica que puede ser beneficiosa para todas las partes”. Aunque, evidentemente, “en todo proceso de diálogo y participación alguna o todas la partes puede que tengan que renunciar a una parte de sus propuestas”.

La clave, según sus palabras, es “la seguridad jurídica y la confianza de las comunidades, así como una metodología participativa con ellos, lo que hace que aporte valor a los proyectos”.

Barreras a superar

“La principal barrera en los procesos de consulta previa es la desconfianza entre los actores, el desconocimiento que tiene unos de otros y los marcos de derecho en los que se tiene que actuar”, señala Berraondo. A su juicio, las empresas, “desconocen en muchas ocasiones los estándares internacionales y no recogen los derechos de los pueblos indígenas como una cuestión clave dentro de la estrategia de la empresa”.

Esta es la razón de que posean “procesos de gestión inadaptados a las necesidades de la consulta previa, lo que además se potencia por la necesidad de las empresas de avanzar rápido en sus proyectos”.

Según explica, “las barreras también se refieren a los impactos negativos de algunas actuaciones en las comunidades, los conflictos socioambientales que se generan como consecuencia de la falta de garantía de derechos por parte de los estados y también a las diferencias raciales que provocan problemas de exclusión”.

Por ello, “se debe promover más el diálogo y la participación de las comunidades indígenas y tratar de resolver los impactos negativos, tanto sociales como económicos o ambientales. Para ello la creación de espacios de diálogo es imprescindible”, afirma este experto.

“Estamos comprobando como cada vez hay más empresas que realizan estudios de impacto de manera seria, y que tienen voluntad real de encontrar espacios de diálogo y concertación con las comunidades, y también que cada vez hay más comunidades dispuestas a implicarse en proyectos empresariales siempre que estos proyectos se basen en el beneficio compartido y respeten sus derechos fundamentales y sus territorios”, añade.

En su opinión, ésta es la vía para las empresas que quieran ser competitivas a través de esa generación de valor social y respeto. “Es algo necesario en un mundo globalizado en el que, además, los consumidores toman decisiones basadas en ese componente socioambiental”, concluye.