La compra pública como palanca para lograr la sostenibilidad
La contratación pública representa una media del 12% del producto interior bruto en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y puede actuar como un medio para promover una conducta empresarial responsable (CER) y abordar los riesgos de la cadena de suministro global para las personas y el planeta.
El reciente informe Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement publicado por la OCDE destaca cómo los países miembros de esta organización y los adheridos a sus instrumentos incorporan los objetivos de la CER y la diligencia debida basada en el riesgo en sus sistemas de contratación pública, ayudando a los compradores públicos a garantizar la rentabilidad en su sentido más amplio, al abarcar la sostenibilidad de las decisiones de compra.
A la hora de hacer este estudio, dentro de los objetivos de CER se han incluido consideraciones relacionadas con el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos laborales, las minorías, las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración, el género y la integridad.
En cuanto a sus conclusiones generales se subraya que la adopción de los objetivos de CER en la contratación pública es incompleta y desigual, y que los marcos y las prácticas de las centrales de compras incorporan una limitada diligencia debida sistemática en la cadena de suministro basada en el riesgo. Así mismo, siguen existiendo problemas en la aplicación de varios objetivos y el seguimiento de su adopción es escaso.
De la calidad-precio al enfoque de ciclo de vida completo
Los marcos de contratación pública se diseñaron originalmente para conseguir la mejor relación calidad-precio fomentando la competencia abierta y la no discriminación entre licitadores para reducir los costes y obtener ahorros monetarios.
En ese contexto, el valor se definía como la obtención de la mayor cantidad o calidad por el menor precio, y los resultados de las licitaciones se basaban principalmente en este enfoque centrado en los costes.
En los últimos años, los marcos de contratación pública han experimentado un cambio considerable, pasando de un enfoque puramente centrado en los costes a un enfoque de ciclo de vida completo, que incluye la consideración de los costes medioambientales y sociales como parte de la relación calidad-precio total.
En los últimos años, los marcos de contratación pública han experimentado un cambio considerable, pasando de un enfoque puramente centrado en los costes a un enfoque de ciclo de vida completo, que incluye la consideración de los costes medioambientales y sociales.
Este cambio también refleja las crecientes expectativas de los ciudadanos hacia sus gobiernos ya que los primeros esperan que el gasto público sea eficiente y ejemplar.
Una serie de políticas e instrumentos jurídicos internacionales, así como los llamamientos políticos de alto nivel (ONU, G7, G20), fomentan la integración de los objetivos de CER en la contratación pública.
Por ejemplo, el Acuerdo sobre Contratación Pública, adoptado en 2012 en el marco de la Organización Mundial del Comercio, autoriza las especificaciones técnicas que “promueven la conservación de los recursos naturales o protegen el medio ambiente” a la vez que incluye las características medioambientales entre los criterios de evaluación.
A nivel de la Unión Europea, los pasos hacia la integración de las consideraciones de sostenibilidad en la contratación pública dieron lugar a la Directiva europea sobre contratación pública de 2014 (Directiva 2014/24/UE) que anima a los gobiernos de la UE a adjudicar (o rechazar) contratos públicos sobre la base de consideraciones sociales y medioambientales.
En 2017, la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó la guía 20400:2017 sobre contratación sostenible, que proporciona directrices para las organizaciones que aplican la contratación sostenible en el sector público y privado en lo que respecta a la gestión de riesgos, el tratamiento de los impactos adversos de la sostenibilidad a través de la debida diligencia, el establecimiento de prioridades y el ejercicio de una influencia positiva.
Los marcos de referencia sobre CER deben ser mejorados
Según el informe, la mayoría de los países promueven algunos objetivos de CER a través de la contratación pública, pero solo unos pocos tienen marcos completos que abordan todos los objetivos a lo largo de toda la cadena de suministro.
Por ejemplo, todos los países tienen una estrategia o un marco para apoyar los objetivos medioambientales en la contratación pública, pero pocos tienen marcos vinculados a otros objetivos de CER. Las centrales de compras tienen sus propias políticas y estrategias para determinados objetivos relacionados con el medio ambiente, los derechos humanos y la integridad, por ejemplo.
En el mejor de los casos, solo el 20-25% de estas políticas y estrategias institucionales son aplicadas a toda la cadena de suministro.
Las razones más importantes para que los gobiernos integren los objetivos de compra responsable en el marco de la contratación pública son lograr la coherencia política a nivel nacional y alinearse con las expectativas internacionales en esa materia, pero a la hora de elaborar los marcos normativos y políticos, no se recaba la opinión de las partes interesadas de las empresas y la sociedad civil de la forma más sistemática posible.
Las razones más importantes para que los gobiernos integren los objetivos de compra responsable en el marco de la contratación pública son lograr la coherencia política a nivel nacional y alinearse con las expectativas internacionales en esa materia.
El principal reto para los responsables políticos es la falta de comprensión de cómo lograr los objetivos de CER a través de la contratación pública. La aplicación de estos objetivos parece especialmente difícil en el caso de los requisitos relacionados con las minorías y los derechos humanos (señalados por alrededor del 40 y el 50% de los países, respectivamente).
En cuanto a la supervisión y el seguimiento de los objetivos de compra responsable el informe considera que es escasa. Más del 80% de los países hacen un seguimiento, al menos parcial, del cumplimiento de las consideraciones medioambientales y solo el 50% de los marcos nacionales prevén acciones contra los proveedores que infringen las normas de CER en sus cadenas de suministro. Alrededor del 30% de los países exigen que se cambie de proveedor en caso de infracción.
Medidas a tomar para una compra pública responsable
El estudio destaca una serie de recomendaciones para mejorar la situación de la compra pública responsable en los países de la OCDE.
La primera de ellas es la de adoptar un enfoque integral para considerar los objetivos de CER en los sistemas de contratación pública, que abarque aspectos de dichos objetivos a lo largo de toda la cadena de suministro. Ello requerirá que los gobiernos alineen sus marcos con normas internacionales como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Guía de Diligencia Debida de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable y la Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública.
También se recomienda integrar las perspectivas de las partes interesadas, incluidas las empresas, la sociedad civil, los sindicatos y otras partes interesadas, a la hora de desarrollar y aplicar los marcos de CER en la contratación pública.
Mejorar los conocimientos, la capacidad y la habilidad de los profesionales para aplicar los objetivos de CER en la contratación pública es también clave según el informe, aprovechando las herramientas, estrategias y prácticas existentes para la cartografía de la cadena de suministro, la gestión de riesgos en la contratación pública y la diligencia debida.
Otra mejora propuesta es la supervisión de la aplicación de los objetivos de CER en la contratación pública, especialmente a través de estrategias reforzadas de gestión de contratos, y también la recogida y publicación de los datos resultantes de estas actividades.
Por último, pero no menos importante, se recomienda realizar una colaboración más estrecha entre los responsables políticos y los profesionales a través de las redes existentes de contratación pública, como los Puntos Nacionales de Contacto para la CER o las redes de contratación pública.
El informe cuenta con una segunda parte elaborada a partir de las respuestas a la encuesta de los responsables políticos y las centrales de compras en la que se muestran los marcos políticos y estratégicos actuales de cada país, cómo cada uno incorpora estas consideraciones a lo largo del ciclo de la contratación pública, y las buenas prácticas, destacando las medidas o acciones aplicadas por los países o las centrales de compras para mejorar el cumplimiento de los objetivos de CER.
