El impacto de los riesgos medioambientales: el caso del lindano

El 31 de mayo de 1989 finalizaba el permiso concedido a la empresa Inquinosa para producir un insecticida organoclorado llamado lindano en honor al químico holandés Teunis van der Linden que lo había descubierto en 1912. Sin visos de renovación, la planta situada en Sabiñánigo (Huesca) estaba abocada al cierre.
<p>Fábrica de Inquinosa. Foto: Stoplindano.es</p>

Fábrica de Inquinosa. Foto: Stoplindano.es

¿El motivo según la Diputación General de Aragón? Los “problemáticos” residuos que generaba. Inquinosa, sin embargo, se excusaba en cuestiones “puramente técnicas” cuando no apelaba al victimismo y acusaba a periodistas y ecologistas de esconder intereses ocultos.

¿Cuál fue el detonante de la detención de la actividad industrial? Sin duda, la amenaza de la Unión Europea a España de prohibir la venta de todo cultivo regado por el área que gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). A pesar de todo, Inquinosa seguiría abierta.

En 1990, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo aconseja su cierre definitivo por sus efectos contaminantes. Grotescamente, se seguía debatiendo la idoneidad de la instalación de una planta de cracking que supuestamente eliminaría los residuos tóxicos de forma limpia y eficiente.

El Gobierno de España le insistía al de Aragón que no había proporción entre la rentabilidad económica que generaba dicha fábrica y la “agresión” que ocasionaba al medio ambiente y al entorno.

El comité de empresa de Inquinosa se “sorprendía” de tales afirmaciones. Tan solo un año después, trabajadores de la factoría presentaban niveles “desorbitados” en la sangre de dos de los cuatro isómeros que componen este “altamente tóxico y persistente” pesticida que pueden afectar al sistema nervioso central y provocar distintos tipos de cáncer. En 1995 Inquinosa cierra definitivamente con un siniestro legado: 160.000 toneladas de residuos altamente tóxicos, más del doble de los que acumula toda Europa.

Esta triste historia comienza en 1973 con la constitución de la empresa Industrias Químicas de Noroeste (Inquinosa). Dos años más tarde, todo Aragón celebraría la instalación de la joven compañía -de tecnología puntera y referente en la exportación- en una pequeña localidad oscense lo que generaría sin duda un gran impacto que impulsaría la vertebración de un territorio desequilibrado. Creación de puestos de trabajo, retención de talento, pago de impuestos locales y orgullo de pertenecía eran tan solo algunas de las ventajas.

Nadie reparó en los posibles efectos negativos. Nadie quiso ver el riesgo de impacto nocivo. Tan solo unos pocos denunciaron los vertidos ilegales que provocaron, desde el primer momento, la muerte de peces a modo de punta de un iceberg que contaminaría el subsuelo y envenenaría el agua de la zona.

La avaricia empresarial, la estulticia sindical y la connivencia (¿corrupción?) política ocasionó el mayor foco de contaminación del Sur de Europa. Todos los culpables se han ido de rositas.

En la actualidad, el coste de limpieza ronda los 1,3 millones de euros anuales. Ya se han gastado 80 millones desde que se destapó el escándalo. ¿Cuánto dinero más hará falta para solucionar definitivamente el drama (si es que tiene solución)? La limpieza del desastre del Prestige, por ejemplo, habría costado 9.000 millones de euros y eso que no causó problemas de salud ni de seguridad alimentaria, aunque sí de pérdida de biodiversidad y productividad…

La avaricia empresarial, la estulticia sindical y la connivencia (¿corrupción?) política ocasionó el mayor foco de contaminación del Sur de Europa. Todos los culpables se han ido de rositas.

Jesús Herboso Pajarrón, director general de Inquinosa, pagaría en 1994 con dos nimios meses de cárcel y un insignificante millón de pesetas (6.000 euros) de multa. El Gobierno de Aragón ha desistido ya de encontrar a los verdaderos dueños de la empresa para reclamarles cualquier indemnización posible. Una maraña de sociedades interpuestas eluden tramposamente cualquier actuación por parte de la justicia.

Tradicionalmente, tan solo se exigía en España la transparencia de las cuentas financieras de empresas y organismos, pero no de sus cuentas no financieras. Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad, aspectos como los riesgos medioambientales (y otros), trascienden al análisis cualitativo para profundizar en el cuantitativo. A la redacción del enfoque de gestión de dichos riesgos se une la medición de su impacto, los objetivos en sus políticas y el análisis y toma de decisiones ante las posibles desviaciones.

El punto de partida de la contabilidad tradicional se basaba en descubrir el camino por el que se llegaba al beneficio, a la rentabilidad. Hoy en día, la visión ha cambiado: toda la contabilidad debe comenzar por la gestión del riesgo y del impacto y solo una vez contabilizados estos, desagregar hasta la obtención del beneficio contable. La rentabilidad se encuentra supeditada al impacto y no al revés.

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