Jóvenes, sanidad y migración, puntos calientes de la recuperación socioeconómica

A lo largo de la pandemia se han planteado multitud de medidas para mitigar el impacto que la crisis del coronavirus ha tenido desde el punto de vista social. El más reseñable es, con toda probabilidad, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por Moncloa, que diversas entidades han querido analizar.

Hace unos días, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, comparecía en el Pleno del Congreso de los Diputados para hacer balance del trabajo que esta institución realizó durante 2020. Un año complicado, marcado por la pandemia, en el que su actividad se incrementó un 40,5%, como se refleja en su último informe anual.

Fernández Marugán recordó a los miembros de la Cámara baja que para superar la crisis en la que España está sumida es necesario alcanzar “acuerdos políticos, económicos y sociales lo más consensuadamente posible”. Y entre los problemas más acuciantes que ha destacado está, principalmente, la situación precaria de los jóvenes, las carencias del entorno sociosanitario y los procesos migratorios.

Tres puntos para los que se están buscando soluciones a través de paquetes de medidas como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España en Bruselas para recibir los fondos Next Generation. Y que, desde el punto de vista de diversos especialistas, no siempre van a ser suficientes.

Jóvenes

Según el Defensor del Pueblo, el colectivo que requiere de forma más urgente la atención de la sociedad es el de los jóvenes. Si su situación ya era precaria antes de la pandemia, una vez inmersos en ella ha empeorado notablemente.

Y es que, a mediados del pasado año, la tasa de paro entre las personas de entre 16 y 24 años llegó a alcanzar en España el 42%, la más alta de todos los países que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por otra parte, aquellos que sí encuentran trabajo se enfrentan en su mayoría a la precariedad laboral, como apunta también el Documento de evaluación del impacto de la pandemia de la Covid-19 en España y Europa. Análisis de las medidas puestas en marcha en España, publicado recientemente por la plataforma European Anti-Poverty Network (EAPN). Un escenario poco atrayente que dificulta, además, su independencia económica y el acceso a una vivienda, lo que repercute en una fuerte caída de la natalidad y en una fuga de talento.

¿Qué soluciones se están aportando? En el caso concreto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se plantean medidas de formación en competencias digitales, nuevas ayudas para jóvenes doctores, acompañamiento y programas de refuerzo para reducir el fracaso escolar y el abandono temprano, entre otras.

También la creación de varios programas para que puedan tejer una experiencia profesional más consolidada: uno de contratación y de formación en alternancia para personas de 16 a 29 años en tareas de interés social; otro de contratación de un año en administraciones públicas como primera experiencia profesional, y un último para la contratación de jóvenes investigadores o tecnólogos en centros de investigación, universidades o empresas que inviertan en I+D.

No obstante, desde el Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) consideran que las propuestas en materia de empleo joven “carecen de ambición y no abordan los problemas de acceso al empleo de este colectivo”. Así lo explica su informe El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: un resumen anotado.

Sus autores creen que sería importante aprovechar los fondos para generar información pública de calidad sobre tendencias del mercado laboral y profesiones de futuro que faciliten la toma de decisiones tanto para los jóvenes como para los centros formativos. Por otra parte, insisten en la necesidad de tener una visión “más holística de los problemas” para mejorar el funcionamiento del mercado laboral y reducir la tasa de paro estructural.

“Por ejemplo, el aumento de la movilidad geográfica de los trabajadores pasa por un mejor funcionamiento del mercado del alquiler y por facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda”, apunta el informe de Fedea.

Entorno sociosanitario

En su discurso, el Defensor del Pueblo explicó cómo la pandemia agudizó las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS): enormes listas de espera, saturación de las urgencias hospitalarias, escasez de profesionales sanitarios, precariedad en atención primaria, insuficientes recursos en salud mental, etc.

Por otra parte, también habló de las deficiencias detectadas en el entorno de las residencias, que en muchos casos llegaron a la emergencia sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y con recursos materiales básicos y, en general, insuficientes. “Se han puesto de relieve los problemas estructurales del modelo de atención a los mayores”.

En este sentido, el plan del Gobierno incluye una inversión de más de mil millones de euros que se van a utilizar para comprar nuevos equipos de alta tecnología y otros recursos necesarios para centros públicos, programas de prevención sanitaria, formación de profesionales del sector, optimizar y racionalizar el gasto farmacéutico y crear un repositorio de datos sanitarios centralizados que se nutra de centros públicos y privados.

También se han planificado fuera del plan, a financiar con recursos nacionales, reforzar la atención primaria, la cohesión territorial y la universalidad del sistema. También la ampliación de su cartera de servicios y la reducción de su elevada temporalidad. En este sentido, el informe de la EAPN asegura que todas son medidas necesarias, pero que carecen de un enfoque basado en derechos y principios de servicio público. Algo que también ocurre al hablar de cuidados de larga duración.

Por su parte, el informe de Fedea comenta que la mayoría de las medidas incluidas en el plan son una continuación de las políticas clásicas del Ministerio de Sanidad, que se financian habitualmente con fondos públicos. Y varias de ellas llevaban tiempo planificadas y quedaron paralizadas con la pandemia.

Los autores del estudio de esta entidad creen que, con esa inversión, sería oportuno fomentar fórmulas para mejorar el funcionamiento y resultados del SNS, como reducir las listas de espera diagnóstica y quirúrgica. Y también ampliar los recursos humanos y aprobar nuevos CSUR (centros, servicios y unidades de referencia).

En lo que respecta al entorno de la dependencia, el plan estatal presentado busca implantar un modelo de atención centrada en la persona en la que, en la medida de lo posible, los cuidados se realicen en el domicilio. El objetivo es resolver las necesidades del afectado y de las familias cuidadoras a un coste menos elevado que el de la atención en residencias.

Desde el punto de vista del documento publicado por Fedea, estas reformas tampoco están bien definidas, y no dejan claro el papel que los gobiernos regionales tendrán en ellas (suyas son las competencias relacionadas con asuntos sociales).

Por otra parte, tanto esta organización como los miembros de la EAPN aseguran que faltan incentivos para potenciar el empleo en este ámbito, algo que parece urgente teniendo en cuenta la situación de progresivo envejecimiento de la población.

“Ha llegado el momento de mirar más allá de la emergencia y abordar una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades específicas de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad, en el marco de una política europea”. Francisco Fernández Marugán.

Migraciones

El último punto destacado por el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados fue el de las alternativas que se deben plantear al proceso migratorio en España, especialmente el referente a las personas que siguen llegando a nuestro país.

“La mayoría de las naciones desarrolladas, con su población envejecida, requieren de mano de obra y los migrantes y refugiados, que necesitan un lugar seguro para vivir y trabajar, se la ofrecen”, apuntó Fernández Marugán.

A pesar de ello, el sistema de acogida español es cuestionable, en su opinión, y debe ser reformado para evitar tener que tomar decisiones improvisadas en momentos de elevada afluencia de inmigración ilegal. Desde su punto de vista, las políticas europeas siguen centrándose en el fortalecimiento de las fronteras frente a la migración, en lugar de buscar vías para facilitarla de forma consciente y ordenada.

“El sistema es poco eficaz para ofrecer unas condiciones dignas de acogida a personas que han puesto en riesgo sus vidas con la esperanza de encontrar un futuro mejor”, explicó el Defensor del Pueblo en funciones. Y añadió: “Ha llegado el momento de mirar más allá de la emergencia y abordar una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades específicas de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad, en el marco de una política europea”.

Algo que apenas se tiene en cuenta en los últimos planes sociales para la recuperación poscovid del Gobierno, que no van más allá de ciertas ayudas económicas y servicios básicos de educación y salud para la población migrante con menos recursos. En este sentido, el informe de EAPN recuerda que una de cada dos personas migrantes o de origen migrante extracomunitarias está en riesgo de pobreza o exclusión social.

“Los niveles de precariedad laboral son especialmente elevados entre las mujeres migrantes y las refugiadas, y las que se encuentran en situación irregular o de dependencia sufren tasas de pobreza extraordinariamente elevadas”, añade el texto. Teniendo esto en cuenta, el Defensor del Pueblo recomienda liderar dentro de Europa y con África, principalmente, una política migratoria ordenada y no perpetuar el modelo actual de puerta estrecha, “basado en un análisis irreal y contrario a nuestros intereses”.

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