Por una transición energética lógica y vinculada al desarrollo local

Después de dos semanas de charlas, reuniones y negociaciones, la Cumbre del Clima de Glasgow llega a su fin. Y lo ha hace dejando una sensación más agria que dulce, con algunos compromisos positivos sobre descarbonización, reducción de emisiones de metano y acceso a energía limpia, pero sin planes de acción claros.

“En nuestra opinión, los anuncios políticos concretos carecen de credibilidad para muchos de los compromisos cero neto que hemos visto. Necesitamos planes de acción para reducir las emisiones a la mitad de cara a 2030, y no limitarnos a ofrecer vagas ambiciones a largo plazo”, asegura Eva Cairns, responsable de Cambio Climático de la compañía de inversión Abrdn.

En los últimos días, aprovechando la celebración de la cumbre, muchos expertos como Cairns han cuestionado las políticas de transición energética que se están adoptando a lo largo y ancho del mundo.

Algunos se preguntan si el camino que hemos emprendido es el más lógico y si puede convertirse en oportunidad para un nuevo desarrollo económico, sostenido y sostenible, vinculado a terrenos menos favorecidos, como el rural.

Renovables y agricultura

Un ejemplo lo plantea Verónica Kuchinow, presidenta de la Comisión de Transición Energética del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña. “Se han hecho estudios sobre la capacidad del territorio para generar renovables, y muchas veces esto entra en conflicto con la agricultura para la producción de alimentos. De hecho, se suele ver como una confrontación, como una lucha. ¿Por qué no puede compatibilizarse? Nuestro país necesita ser más independiente desde el punto de vista energético y también desde el alimentario”.

En su opinión, un buen número de proyectos de energías renovables que se están instalando dentro de las fronteras españolas no están bien planteados, porque generan mucha energía en regiones poco pobladas donde no se va a aprovechar y simplemente utilizan los terrenos rurales, mucho más baratos, como meras infraestructuras que no revierten ni económica ni socialmente sobre el territorio.

“Nos interesa que las renovables estén en todas partes, su despliegue debe ser más coherente, sobre todo cerca de las ciudades, donde hay un mayor consumo. En nuestra opinión hay que apostar más por instalaciones más pequeñas y repartidas, en la que haya una contribución activa de los propios consumidores”, comenta Kuchinow.

Por otra parte, explica que la gestión de estos proyectos debería poder quedar en manos de las administraciones locales, y no supeditarse desde el Gobierno central o desde los autonómicos. “Lo ideal es que se encargasen los municipios para restar rigidez, para aportar flexibilidad a los proyectos y facilitar su instalación al mismo tiempo que se busque el beneficio para la población involucrada”.

Al mismo tiempo, la portavoz del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cataluña apunta que hacen falta más facilitadores. “Personas que ayuden a coplanificar, a activar los proyectos, conseguir que hablen y se entiendan los propietarios del terreno con la administración pública, con los explotadores de energía, con empresas que quieran instalar en ese territorio…”.

Un ejemplo que se puede mejorar

Un ejemplo de esa labor compartida lo encontramos en el parque fotovoltaico promovido por Es Mercadal Solar en la isla de Menorca. Se trata de una instalación mediana, con una capacidad de producción de 20Mw que generará unos 40.000 Mwh/año, aproximadamente el 10% de la producción total de la isla, que suministrará energía a unos 6.000 hogares.

Aunque el proyecto está siendo gestionado por el Gobierno de Baleares, se ha planteado como una apuesta local que va a combinar la producción de energía limpia con el cultivo agrícola. En concreto, sus instalaciones albergarán el primer huerto ‘agrisolar’ de Baleares y uno de los primeros de España, con el objetivo de asegurar la integración de la planta fotovoltaica en el entorno mientras se mantiene la actividad agrícola en la zona.

“Los pequeños proyectos, de menos de 5Mw, son mucho más ágiles y se distribuyen mejor por el terreno, además de invertir más en el desarrollo local. Para mejorar esa transición energética debemos apostar por ellos y permitir a través de la regulación que se tramiten por la vía rápida para agilizar su instalación”, explica Kuchinow.

El consumidor empoderado

Por su parte, May López, profesora de OBS Business School y directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, cree que una transición energética lógica debe desarrollarse en el plano del consumidor, cuyos hábitos de consumo están directamente vinculados a las emisiones de CO2.

“El 28% vienen del ámbito del transporte y, más concretamente, el 15% se debe a los turismos. Antes de la pandemia teníamos en España unos 40 millones de desplazamientos diarios, de los cuales un 70% se realizaban en turismo privado, y el 60% con un solo ocupante. Ahí tenemos una oportunidad de mejora”, explica.

En este sentido, López aporta diversas soluciones que se pueden aplicar para ello: desde una mayor implantación del teletrabajo por parte de empresas y organizaciones hasta acciones para promover un consumo mucho más responsable.

“Nos están habituando a una compra compulsiva, a una superurgencia que no necesitamos, a unos hábitos incomprensibles de devolución fácil… todo ello provoca una mayor cantidad de emisiones solo en el transporte de mercancías”, reconoce.

Además, desde su punto de vista, esos productos que compramos a bajo precio “a la larga nos saldrán caros”, ya que los estamos comprando a empresas que no tributan en nuestro país, que son poco sostenibles desde el punto de vista medioambiental y que no están generando apenas riqueza ni desarrollo local.

“En el proceso de devolución de un producto estamos viendo cómo prefieren antes destruirlo que enviarlo de nuevo al fabricante, porque no le sale rentable. Es decir, estamos produciendo únicamente para destruir”, advierte.

Este es otro aspecto que, desde su punto de vista, merece tener en cuenta a la hora de articular una transición energética lógica, que debe dar apoyo a negocios e iniciativas que garanticen modos de entrega sostenibles.

Como la plataforma Entregasostenible.org, que ayuda a negocios de carácter local a vender sus productos online de una forma responsable y garantizando que su mercancía no se destruye en caso de devolución. “Con este tipo de decisión de compra demostramos que apoyamos un modelo de economía sostenible y a estos negocios que tributan donde operan y que generan puestos de trabajo de calidad”, indica López.

Autoconsumo y coche eléctrico

En opinión de esta docente, también es importante para esa sostenibilidad energética mejorar el acceso y fomentar el uso de tecnologías de autoconsumo y de coche eléctrico. “Desde el punto de vista individual puede ayudarnos a ahorrar en la factura energética de luz, gas y carburantes y, en general, a minimizar nuestro impacto ambiental y dependencia energética”, sopesa.

López explica que existe una gran falta de información y muchos bulos, sobre todo en torno a la movilidad eléctrica, así como un importante retraso e, incluso, dejadez por parte de las administraciones públicas para despuntar en este ámbito. “Ya hay más de 8.000 puntos de recarga instalados en España, pero más de 4.000 no están activos por la falta de agilización de los trámites administrativos”, explica.

Para conocer mejor esta realidad, OBS Business School ha publicado recientemente el informe El vehículo eléctrico en España. Situación actual, objetivos y retos a abordar, que ha sido coordinado por la propia May López.

“Debemos trabajar para alinearnos con Europa, cuyas normativas establecen que debe haber un punto de recarga cada 60 kilómetros, cumpliendo todos los protocolos para que sea interoperable. Es decir, para que se pueda repostar y pagar en cualquiera de estos puntos con todo tipo de tarjetas sin limitación, como ocurre con el carburante en las gasolineras”.

Algo razonable que, sin embargo, en España todavía no se contempla. “Cuando tú vas a recargar en un punto te tienes que bajar la aplicación de la compañía o gestor de turno para poder hacerlo. Una situación que está fomentando un modelo de negocio preocupante que debemos evitar”, advierte.

En conclusión, la transición energética lógica necesita del compromiso de todos los agentes implicados: Administraciones, empresas, organizaciones y consumidores que, a través de hábitos responsables y normativas de incentivo y facilitación, pueden conseguir un gran margen de mejora no solo en las emisiones de gases de efecto invernadero, también en un desarrollo local sostenido y sostenible.