Las nuevas normas, ¿el principio del fin de las macrogranjas?

Las llamadas ‘macrogranjas’, instalaciones de ganadería intensiva que llevan años generando polémica por motivos diversos, van a empezar a encontrarse con limitaciones normativas que tienen como fin frenar su expansión en algunas regiones de nuestro país.

Hace unos días, el gobierno de Castilla-La Mancha anunciaba que pondrá en marcha en breve una moratoria con rango de ley.

A través de esta no se podrán admitir solicitudes ni tramitar nuevas autorizaciones ambientales integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino de estas características en esta comunidad autónoma, al menos hasta que aparezca una normativa de carácter nacional.

Una línea parecida a la aplicada por Navarra la pasada primavera (en este caso se permite iniciar proyectos de menos de 1.200 animales), o a las implantadas por ayuntamientos como Cieza, Aínsa, Daimiel o El Pueyo de Araguás, que han buscado fórmulas para evitar la instalación de más macrogranjas en sus términos municipales.

El anuncio de la administración castellanomanchega se ha llevado el beneplácito de diversas organizaciones y plataformas de cuidado medioambiental, entre ellas Greenpeace que, por otra parte, se muestra recelosa con el contenido de la normativa y prefiere esperar a su publicación antes de echar las campanas al vuelo.

Por su parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha no está muy de acuerdo con la medida expuesta por el Gobierno regional. Sus responsables aseguran que se va a convertir en una traba más para el desarrollo del sector primario y advierten de que acudirán a los tribunales si el texto perjudicase a aquellos ganaderos que ejercen su actividad dentro de la ley.

El porqué de la polémica

Las macrogranjas llevan varios años en el punto de mira de las organizaciones ecologistas por sus altos niveles contaminantes, especialmente por nitratos en el medio acuático, y el maltrato que, consideran, reciben los animales.

Así lo indica, por ejemplo, el informe El sector ganadero en el País Valenciano. Una oportunidad para impulsar la producción extensiva y agroecológica, publicado recientemente por Amigos de la Tierra y Food and Water Action Europe. Y no es el único.

Asociaciones vecinales de toda España y diversas agrupaciones ecologistas se han reunido en la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Según esta, este tipo de instalaciones arrastran diversos peligros ambientales: la producción de gases de efecto invernadero, el uso del suelo y el gran gasto de agua, las emisiones de amoniaco, la contaminación del agua con los desechos generados por los animales e, incluso, riesgos epidemiológicos.

A ello se añade el flaco desarrollo que aportan a los pueblos donde se asientan, normalmente en zonas rurales. Un ejemplo lo encontramos en Noviercas (Soria), donde existe un proyecto para la construcción de la macrogranja más grande de Europa: más de 23.000 vacas para la producción de leche.

Allí se ha puesto en marcha la Asociación Hacendera, un movimiento vecinal que alerta no solo de los problemas ecológicos que podría acarrear una instalación de estas características, también de los socioeconómicos.

Fuentes de esta organización opinan que va a incentivar la despoblación de la zona ya que, a pesar de que crearía 150 puestos de trabajo también implicaría la posible destrucción de 750, según datos de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG).

Otras voces apuntan a las repercusiones que pueden tener en el sabor y la calidad de determinados productos de la tierra, como el vino, por la modificación que provoca en el entorno de las cepas. O también que son responsables de gran parte de los vertidos que han provocado el desastre del Mar Menor.

Gran crecimiento en pocos años

Todas estas quejas vienen provocadas por el rápido crecimiento de esta industria sin tener en cuenta aspectos medioambientales y de sostenibilidad en las zonas donde se asientan, algo que es especialmente reseñable en ganadería porcina.

Durante los últimos cinco años su producción ha aumentado en España un 15%, al mismo tiempo que descendía un 5% en el conjunto de la UE. En estos momentos hay más de 68.800 explotaciones intensivas (de las cuales, casi 30.000 están en Galicia).

A nivel nacional, supone casi el 40% de la producción ganadera y el 14% de la producción agropecuaria total. Se sitúa en cuarta posición en cuanto a exportaciones globales, sacrifica 56,4 millones de cabezas al año, produce 5 millones de toneladas de carne anuales y es líder en número de cerdos en la UE, con el 22% del censo comunitario en 2020, según datos del Ministerio de Agricultura.

Según Ecologistas en Acción, cada cerdo genera diariamente un mínimo de 4 litros de purín, es decir, la mezcla de sus excrementos sólidos y líquidos, compuestos por agua, nitratos, fósforos y potasio.

Teniendo esto en cuenta, una macrogranja de 20.000 cerdos produciría al año cerca de 29,2 toneladas de este material altamente contaminante, que no siempre se trata de la mejor manera y que, como han denunciado la gran mayoría de organizaciones ecologistas, termina filtrándose en suelos y aguas.

Posibles soluciones

Una de las propuestas que se han planteado para que el impacto de estas plantas sea menor es la creación de plantas de biogás anejas a las macrogranjas para la generación de energía con los desechos de los animales.

Una idea que ha servido para unir a Repsol, Naturgy y Reganosa en un gran proyecto con granjas gallegas para crear una red de hasta 21 plantas. De ellas, 16 estarían dedicadas al tratamiento de purines y servirían para la producción de gas de uso industrial.

Otra opción es adaptar el ejemplo de los Países Bajos. Según el informe de Amigos de la Tierra, el gobierno de este miembro de la UE lleva desde 2019 ofreciendo ayudas a los propietarios de explotaciones industriales para que incorporen métodos de trabajo más sostenibles y reduzcan el tamaño de sus granjas.

Las dotaciones anuales para este fin han superado los 170 millones de euros, y han conseguido que más de 500 criadores de cerdos se suscribieran al programa, enfocado en la reducción de molestias por olores y en la disminución de contaminación por nitrógeno.

De hecho, son muchas las asociaciones que opinan que sería mucho más beneficioso transformar la ganadería intensiva en extensiva. Sobre todo por el impacto positivo que tendría sobre el medio rural y su entorno, con un mayor control de los desechos, una mejor calidad de vida para los animales, un mayor número de puestos de trabajo en pequeñas explotaciones e, incluso, la reducción de los incendios forestales gracias al fomento del pastoreo y del uso de los animales para mantener limpias las zonas de mayor riesgo.