¿Cuál es el papel de las políticas en la sostenibilidad de las cadenas de suministro?

Las cadenas de suministro son una poderosa palanca para la sostenibilidad, pero en la actualidad nuestro mundo está inmerso en patrones de producción y consumo insostenibles que requieren un cambio sistémico y unas políticas que envíen urgentemente las señales correctas.

Algunas empresas están estableciendo objetivos más agresivos para lograr la sostenibilidad de la cadena de suministro, reconociendo los efectos que éstos tienen sobre la competitividad, y las más preocupadas están trabajando con proveedores de manera estratégica, incluso en temas como la reducción de emisiones y la inclusión socioeconómica.

Aun así, queda camino por recorrer y todavía existen muchos desafíos para alcanzar una integración más amplia de la sostenibilidad de la cadena de suministro en todas las organizaciones.

Las anteriores son algunas de las ideas contenidas en el informe Supply Chain Sustainability Policies: State of Play, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF), y que pretende construir puentes entre los esfuerzos de las empresas y las discusiones políticas, trazando los principales desarrollos de políticas y recopilando puntos de vista de las compañías sobre lo que se requiere hacer para mejorar las  cadenas de suministro.

Este documento se ha publicado en un momento en que la invasión rusa de Ucrania ha provocado, además de un gran sufrimiento a millones de personas, desafíos de suministro generalizados que pueden tener graves impactos en las cadenas de valor mundiales y regionales y, por ende, en el desarrollo sostenible.

Un panorama regulatorio en evolución

En general, las políticas gubernamentales sobre la sostenibilidad de la cadena de suministro han evolucionado con el tiempo a medida que se han ampliado los temas en los que se centran.

Los gobiernos de la OCDE acordaron una guía para empresas globales sobre flujos de inversión beneficiosos, conocida como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Directrices MNE), en el ya lejano año 1976. Estas directrices han sido revisadas varias veces para centrarse en la conducta empresarial responsable, proporcionando principios voluntarios para las empresas globales en una variedad de temas, desde el empleo hasta el medio ambiente y los impuestos.

Posteriormente, en 2018, fue adoptada la Guía de diligencia debida para la conducta empresarial responsable, también de la OCDE, que ofrece explicaciones prácticas para ayudar a las empresas a implementar las Directrices MNE para empresas multinacionales en sus operaciones y cadenas de suministro, y se desarrolló una debida diligencia específica para el trabajo infantil en los sectores de minerales, prendas de vestir y calzado, agricultura, industrias extractivas y finanzas.

De manera similar, el trabajo a lo largo de la década de 2000 condujo al desarrollo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP), redactados en torno a tres pilares: el deber de los Estados de proteger; la responsabilidad de las empresas de respetar; y el acceso a un recurso efectivo para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro.

Estos desarrollos anteriores implican en gran medida directrices no vinculantes, por lo que durante la última década han aumentado las demandas de una debida diligencia obligatoria en la cadena de suministro sostenible.

La Comisión Europea adoptó en febrero una propuesta de directiva para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministros mundiales.

Un ejemplo de esto, a nivel europeo, es la propuesta de la Comisión Europea, realizada en febrero de 2022, de una directiva sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial, que implica obligaciones vinculantes para las grandes empresas de identificar, prevenir y minimizar los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro.

Los esfuerzos de la Unión Europea para desarrollar una taxonomía para las inversiones sostenibles desde una perspectiva ambiental están impulsando la discusión sobre una taxonomía de inversión social, que incluye temas como los derechos humanos y cómo se trata a los trabajadores de la cadena de suministro.

Los requisitos de divulgación financiera también se han ampliado, como resultado de una mayor atención por parte de los políticos, y guías como la del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) han sido revisadas para alentar la divulgación de las emisiones de Alcance 3, las que se derivan de la cadena de valor de una empresa.

Junto con las iniciativas gubernamentales e intergubernamentales, las iniciativas de sostenibilidad voluntarias sin fines de lucro y de múltiples partes interesadas juegan también un papel importante en la sostenibilidad de la cadena de suministro. Algunos ejemplos de ello son Fairtrade International, Marine Stewardship Council, Forest Stewardship Council, Tropical Forest Alliance o la Fair Labor Association.

Perspectivas y tendencias desde el lado de las empresas

Los enfoques corporativos para la sostenibilidad de las cadenas de suministro han madurado entre los líderes empresariales en las últimas décadas, impulsados por gobiernos, consumidores, ONG e inversores.

Así, las empresas consideran que las cadenas de suministro sostenibles son un aspecto central del negocio y requieren un enfoque coordinado, pero remarcan que los costes aún pueden ser un desafío, sobre todo cuando se establecen objetivos de sostenibilidad y los equipos de compras no reciben la orientación, las herramientas o las expectativas adecuadas.

Un cambio claro en los últimos años ha sido un mayor compromiso corporativo con las emisiones de la cadena de suministro, pero, dado que muchas empresas tienen cadenas de suministro complejas, donde los proveedores de los proveedores no necesariamente tienen la capacidad de informar o lo hacen en diferentes formatos, la contabilidad precisa y completa sigue siendo difícil de alcanzar, por lo que se necesitará un flujo de información más sistémico en el futuro para monitorizar los esfuerzos de reducción.

De manera similar, el aumento de los movimientos de justicia social en los últimos años ha llevado a un mayor enfoque corporativo en la diversidad e inclusión de proveedores, traduciéndose en la práctica en programas que ayudan a identificar, capacitar y hacer crecer proveedores diversos.

Por su parte, la pandemia de covid-19 también ha demostrado últimamente la importancia de mejorar la resiliencia de la cadena de suministro como parte de las iniciativas de sostenibilidad, mientras que la invasión rusa de Ucrania ha provocado un análisis interno en las empresas sobre su responsabilidad por la seguridad de los proveedores en zonas de conflicto.

Entre otras tendencias también contempladas en el informe están el importante papel que juega la tecnología en la visibilidad y trazabilidad de las cadenas de suministro, la necesidad de alianzas en la industria para lograr la sostenibilidad, o la dificultad que tienen las empresas a la hora de abordar la remediación de posibles perjuicios dentro de sus cadenas de suministros.

Las empresas consideran que las cadenas de suministro sostenibles son un aspecto central del negocio y requieren un enfoque coordinado, pero remarcan que los costes aún pueden ser un desafío.

¿Qué iniciativas deben tomar los políticos?

Para las empresas, avanzar hacia la divulgación obligatoria de la sostenibilidad de la cadena de suministro y la diligencia debida es algo ampliamente positivo, ya que atrae a las organizaciones más rezagadas y ayuda a elevar los estándares en todos los ámbitos, creando un campo de juego más igualado.

Así, en la mayor medida posible, los gobiernos deberían utilizar las directrices internacionales existentes como punto de partida para nuevas y más profundas políticas de sostenibilidad de la cadena de suministro, pero siempre teniendo en cuenta que una legislación descoordinada puede debilitar la sostenibilidad en dichas cadenas en lugar de fortalecerla, y que algunas leyes emergentes corren el riesgo de chocar con las agendas geopolíticas.

Sobre ese último punto, se destaca que la legislación debe complementarse con una agenda proactiva y orientada a las soluciones, que ayude a los países en desarrollo a hacer cumplir las leyes laborales, de derechos humanos y ambientales de acuerdo con los compromisos internacionales.

Es también muy importante que los gobiernos den un ejemplo positivo a través de su propia adquisición de bienes y servicios, lo cual enviaría una fuerte señal al mercado y a los proveedores, dado que la contratación pública se estima en un 12 % del PIB en los países de la OCDE. Esto también ayudaría a poner en marcha los sistemas necesarios para permitir adquisiciones sostenibles de manera más amplia.

Comentarios