Derechos humanos y empresas: pautas para la próxima década

Cuando los Principios Rectores (UNGP) cumplieron diez años en 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de promover la difusión e implementación de los Principios Rectores en todo el mundo, hizo un balance de la primera década de implementación.

Este balance destacó que los Principios Rectores han llevado a un progreso significativo al proporcionar un marco común para todas las partes interesadas en la gestión de los riesgos e impactos en los derechos humanos relacionados con las empresas.

Pero, todavía quedan desafíos considerables cuando se trata de realizar una implementación coherente con respecto a garantizar una mejor protección y prevención de los impactos adversos en los derechos humanos, con especial atención a los más marginados y vulnerables, y para garantizar el acceso a la reparación por los daños que ocurren.

El informe UNGPs 10+ A roadmap for the next decade of business and human rights, respaldado por un amplio proceso de consulta de múltiples partes interesadas, complementa la evaluación de la primera década con recomendaciones prospectivas para la próxima y establece áreas de acción clave para definir el camino a seguir y acercarse progresivamente a una implementación más completa de los Principios Rectores.

El grupo de trabajo ha identificado ocho áreas de acción para avanzar más rápido y con mayor ambición para apoyar la urgente necesidad general de una acción más coherente, y ha definido los objetivos prioritarios relacionados con cada área de acción y las acciones de apoyo correspondientes que deben tomar los estados y las empresas, así como otras partes interesadas.

Una brújula para enfrentarse a los desafíos globales

La primera de las ocho áreas de acción se basa en la reafirmación de que los Principios Rectores son la principal herramienta para lograr cumplir los desafíos globales.

Mediante su aplicación, se pretende lograr que el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas sea un elemento central de las estrategias de transición justa y desarrollo sostenible, aplicando los tres pilares de los Principios Rectores: el deber de protección del Estado, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de acceso a la reparación.

Para lograr lo anterior, se debe potenciar la acción colectiva para hacer frente a los retos sistémicos, optimizar la transformación digital mediante el respeto de los derechos humanos y garantizar la coherencia y la alineación en el desarrollo de las normas.

El deber de protección de los Estados es la segunda área de acción señalada en el informe. Ese deber ha de ser respaldado a través de mejoras en la coherencia de las políticas para reforzar la eficacia de la acción gubernamental y con una completa e inteligente combinación de medidas para fomentar una actividad empresarial responsable que respete los derechos humanos.

La diligencia debida en materia de derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores y aplicada de forma generalizada a todas las funciones y relaciones empresariales, constituye una herramienta esencial para lograr esa mayor coherencia.

Por su parte, la tarea de lograr el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas es enorme, tal y como se resalta en la tercera área de acción. El informe establece como muy necesario el aumento de la aceptación por parte de las empresas de su responsabilidad en este campo y el llevar a la práctica los compromisos de respeto, integrando la diligencia en materia de derechos humanos en los modelos de gobierno corporativo, cuestionando aquellas prácticas empresariales que sean incompatibles con dicho respeto.

Estados y grupos de interés juegan un papel esencial

La necesidad de que los estados tomen medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas dentro de su territorio y/o jurisdicción es un componente central de los Principios Rectores, y la necesidad de pasar de la teoría a la práctica real en la lucha contra las barreras de acceso a medidas de reparación destaca como cuarta área de acción del informe.

Los Principios Rectores prevén que el acceso a la reparación efectiva de los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas debe facilitarse tanto a través de mecanismos judiciales estatales como no judiciales para garantizar los mejores resultados posibles para los titulares de los derechos.

Por otro lado, dentro de la quinta área de acción y como un tema transversal para apoyar una mejor prevención y reparación, la participación significativa de las partes interesadas debe estar en el centro de las estrategias estatales y comerciales para lograr respuestas legítimas y efectivas para abordar los riesgos e impactos en los derechos humanos en un contexto empresarial.

Mientras que abordar el papel de las empresas es esencial para afrontar los desafíos globales clave, hacer lo propio con el papel del sector financiero es igualmente crítico, dado su rol en el impulso de las economías y el comportamiento de las empresas dentro de ellas. Por tanto, es primordial aprovechar ese impulso ESG del sector financiero y alinear la S (de social) en ASG con los Principios Rectores.

Además, hay que sacar partido de la función de diversos ‘moldeadores’ de la práctica comercial dentro de la comunidad empresarial, entendiéndose por ellos desde abogados comerciales hasta otros proveedores de asesoría corporativa, incluidas firmas de contabilidad, auditores, proveedores de aseguramiento y auditoría social, consultorías de gestión y firmas de relaciones públicas.

Su responsabilidad y rol en la realización de mejores procesos y prácticas comerciales que respeten los derechos humanos necesitará, sin duda, de una mayor atención durante la próxima década.