¿Quién se ocupa de los malos olores? La contaminación odorífera, un molesto vecino

El olfato es el sentido más sensible del ser humano. Con él percibimos miles de olores distintos -algunos estudios se aventuran a decir que hasta un billón- y también nos ayuda a detectar sustancias tóxicas para la salud. La pregunta es, ¿qué pasa cuando en el día a día estamos expuestos a olores molestos en nuestro entorno?

Depuradoras, fábricas, industrias… esas columnas de mal olor que llegan hasta las poblaciones empujadas por el viento, o retenidas por un anticiclón, generan una polución que puede llegar a afectar a la salud. Es la contaminación odorífera, una nefasta vecina.

“Cualquier tipo de olor, incluso los buenos, puede molestar en función de su frecuencia e intensidad, y causar trastornos de salud como ansiedad, estrés, insomnio, dolor de cabeza o agravar problemas respiratorios”, explica Rosa Arias, ingeniera química, fundadora de Science for Change y experta desde hace dos décadas en la gestión del olor.

Alrededor del 50% de los casos de problemas de olor identificados en España están localizados alrededor de los núcleos urbanos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza o Valencia. También es algo que salpica a pueblos o pequeñas ciudades repartidas por toda la geografía. Sin embargo, a día de hoy no existen en España normas estatales o autonómicas que regulen la contaminación por malos olores.

Dicho de otra forma: es muy probable que el mal olor del vertedero, depuradora, granja o fábrica cercana a tu ciudad o pueblo, no tenga ninguna vigilancia ni control, más allá del que puedan imponerle las licencias ambientales particulares.

A la vista de este vacío legal, en los últimos años han surgido iniciativas de ámbito científico para tratar de aportar soluciones. Rosa Arias es también coordinadora del proyecto de investigación europeo D-Noses, nacido en 2018 y financiado por la Unión Europea, que a día de hoy sigue arrojando importantes análisis y propuestas de mejora para la gestión del olor en distintos países. La clave: situar a los ciudadanos en el centro de la investigación.

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En el marco del proyecto se desarrolló la aplicación OdourCollect, que permite a cualquier usuario señalar sobre el mapa de la aplicación, en tiempo real, la presencia de un mal olor, así como tipificar el tipo y su intensidad. De esta forma, el equipo de D-Noses ha podido construir un plano fidedigno de los puntos de mal olor a nivel global. “Estos datos sirven para que ayuntamientos e industrias emisoras puedan actuar y diseñar planes de buenas prácticas adecuados para reducir las molestias en la ciudadanía”, detalla Arias.

Hasta hoy, dicha aplicación cuenta con más de 10.000 observaciones de olor y alrededor de mil usuarios activos.

Proyectos como D-Noses intentan compensar la sorprendente carencia de conocimiento de los problemas de olor a nivel europeo, que se agrava especialmente en España. El propio Defensor del Pueblo reconoce la ausencia de normativa. En un informe emitido en 2019 alerta de la falta de una “regulación específica” en nuestro país sobre la contaminación odorífera. “No existe una definición legal de lo que se considere contaminación por olores, ni una regulación por la cual se establezcan derechos y obligaciones, límites, etcétera”, esboza este organismo.

En el último Informe de la calidad del aire en España, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y correspondiente a los datos del 2020, no se hace ninguna mención a la contaminación atmosférica por olores.

Fracasos y un vacío legal que perdura en el tiempo

La contaminación odorífera es un tipo de contaminación atmosférica. Y como tal, las competencias para regularla se reparten entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Las comunidades autónomas son libres de desarrollar y ejecutar leyes que amplifiquen la legislación estatal en protección de medio ambiente, pero ninguna lo ha hecho en materia de olores.

Sí que ha habido intentos en algunas de ellas. La pionera fue Cataluña, que en 2005 desarrolló un anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera. La iniciativa se quedó en un borrador. Este proyecto, que estaba “muy bien desarrollado”, según Arias, fijaba unos límites de emisión de olor máximos según varias tipologías de industria.

Más recientemente, en 2017, el Gobierno de Canarias intentó sacar adelante un decreto en el que también se clasificaban las actividades, se establecían unos límites de emisión de olores para cada una y se imponía la obligación de adjuntar un plan de minimización de las emisiones. Esta iniciativa se quedó estancada en la fase de información pública.

La única comunidad autónoma que dedica espacio en su legislación autonómica a la contaminación por malos olores es Andalucía, en un decreto aprobado en 2011, aunque no fija valores máximos ni sanciones.

Resulta paradójico que un problema tan visible no haya llegado todavía a la agenda política. Para los expertos, existen varias causas que lo explican.

Carlos Díaz fue presidente de la Asociación Medioambiental Internacional de Gestores del Olor (Amigo) y actualmente es director de Ambiente et Odora, una consultoría en soluciones medioambientales especializada en gestión de malos olores. Para Díaz, el principal escollo es el desconocimiento. “Parte de la ciudadanía desconoce que el olor se puede medir. Esto se extiende a la esfera política. En el plano técnico, los trabajadores que se dedican a la calidad del aire en las administraciones públicas y en organizaciones municipales no suelen tener las bases ni la formación adecuada en gestión de malos olores”, comenta.

Díaz explica que el perfil de las empresas que acuden a ellos son industrias que buscan soluciones al impacto de los malos olores que generan, después de las advertencias de las mismas administraciones públicas, o de conflictos con los vecinos.

Arias opina que uno de los principales problemas es la oposición de las industrias. “Corregir los problemas de olor es caro y muchas veces requiere una gran inversión. Las industrias son reacias a tener otro parámetro a controlar e invertir en equipos de desodorización”, explica.

Pese a esto, Díaz opina que los malos olores no gestionados acarrean peores consecuencias económicas para el entorno. “El coste del impacto por olor es mayor que el coste del control del olor”, indica el experto, que señala dos factores negativos asociados: el coste del tratamiento de los problemas de salud derivados en la población o la depreciación de la vivienda en zonas de malos olores.

El poco peso legislativo que existe en España sobre la contaminación odorífera recae en los municipios, que pueden adoptar medidas contra la contaminación atmosférica en entornos urbanos mediante ordenanzas.

Hay un total de once municipios que sí dictan normas sobre malos olores: Castelldefels y Lliça del Vall (Barcelona), San Vicente del Raspeig y Villena (Alicante), Banyoles, Riudellots de la Selva y Sarrià de Ter (Girona), Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña y San Pedro del Pinatar y Alcantarilla (Murcia).

Los malos olores también pueden regularse por las autorizaciones o licencias ambientales individuales, “que son normas propiamente dichas”, recuerda Díaz, aunque se desconoce el porcentaje de las licencias que se conceden que atienden a la emisión de malos olores. Además, en ningún caso siguen criterios unificados.

Medir el olor      

Para que existan leyes que enfrasquen el mal olor, tiene que haber primero criterios técnicos que sirvan de base para legislar. Y sí, hay herramientas y métodos para medir el mal olor. De hecho, existen dos estándares europeos bien definidos para hacerlo.

Uno de ellos es la norma 13725:2003 que mide en el laboratorio la concentración de una muestra de olor. Esta técnica, la olfatometría dinámica, consiste en diluir varias veces en aire neutro una muestra de olor recogida directamente de la fuente emisora (por ejemplo, de la chimenea de una fábrica) hasta que al menos el 50% de los catadores dejan de detectarla. A este punto se le llama umbral de percepción, y se define con la unidad de medida de una unidad de olor europea por metro cúbico. Por ejemplo, una muestra de olor que hay que diluir 10 veces para alcanzar el umbral de percepción, contiene 10 unidades de olor por metro cúbico.

El otro estándar lo emplea Alemania, que de hecho es el referente europeo en gestión del olor. Allí, la norma que lleva regulando la calidad del aire desde 1964 (con sucesivas actualizaciones) incorpora desde finales del año pasado un límite general de emisión de olores. El país ahora obliga a las industrias a mantener los niveles de emisión por debajo de una unidad de olor por metro cúbico al menos durante el 90% del tiempo del año en zonas residenciales y del 85% en zonas industriales.

“Allí se envían a panelistas profesionales a puntos conflictivos durante seis meses o un año para obtener las distribuciones estadísticas del mal olor. Son estudios que suelen ser muy caros. Gracias a la tecnología de poder mapear en tiempo real en cualquier lugar del mundo, con OdourCollect tenemos ya a los propios ciudadanos en los puntos clave”, explica Arias.

El caso es que mientras las soluciones llegan a las mesas políticas, la contaminación odorífera sigue siendo la segunda causa de queja medioambiental a nivel europeo, según informa el propio equipo de D-Noses. Bien es cierto que se trata de una contaminación algo diferente al resto: a diferencia de la contaminación por gases de efecto invernadero, los gases, materiales u organismos que generan los malos olores no tienen por qué perjudicar el medio ambiente.

Es decir, la contaminación odorífera realmente solo es un problema si hay personas a las que les llegue el olor. Como si de un postulado cuántico se tratase, a la hora de gestionar la contaminación odorífera existe una máxima: si no lo hueles, no existe.

Se trata por tanto de una polución subjetiva, aunque no por ello menos molesta, y que tiene una gran capacidad de movilización en entornos locales. De momento, sigue campando a sus anchas en España sin que nadie le ponga límites.