Siete claves que marcarán la agenda ASG este 2023

Este año se inicia con una situación mundial sin grandes cambios respecto a cómo acabó 2022. Continúa la agitación de los mercados energéticos, la elevada inflación, subidas de tipos de interés e incertidumbre política, y con un telón de fondo de fatiga pandémica y catástrofes climáticas. Ante esto, los reguladores de todo el mundo están subiendo su apuesta en todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), lo que genera mucha influencia tanto en el entorno de inversión como en los retos y oportunidades a los que se enfrentan las empresas.

Las principales tendencias a gran escala que configuran el mundo de la inversión ASG son ya conocidas a estas alturas: el riesgo del cambio climático y el camino hacia la reducción a emisiones cero de CO2, la creciente amenaza de la pérdida de biodiversidad, las desigualdades sociales, la regulación y, más últimamente, el debate y la controversia sobre qué debería ser exactamente la ASG.

Dentro de ese panorama genérico, el informe ESG and Climate Trends for 2023 realizado por MSCI señala diferentes temas a tener en cuenta para este nuevo año relativos a la gobernanza de las organizaciones, la regulación de los mercados, las innovaciones en la cadena de suministro, las inversiones o la medición y la transparencia.

1. Aumenta la influencia de los inversores en los consejos 

En 2022, MSCI observó que los inversores tendieron a votar en contra de los planes climáticos de las empresas cuando las trayectorias de emisiones de estas no se ajustaban a los objetivos de temperatura mundial.

Este 2023 será el momento de la verdad en el que se comprobará si el rechazo de los inversores a las estrategias climáticas de las empresas sigue en aumento o si, por el contrario, más inversores confiarán en las empresas y sus planes climáticos en medio de condiciones económicas difíciles.

Sobre los consejos de administración de las empresas y sus decisiones, los inversores se muestran cada vez más dispuestos a cuestionar su actuación en relación con el clima, incluso examinando la información sobre la gestión del riesgo climático o los planes de reducción de emisiones en algunos mercados. Aquellos consejos más centrados en el clima ayudarán a las empresas con emisiones intensivas a resistir ese escrutinio.

2. Diversidad generacional

En cuanto a la edad media de los nuevos directores, se espera que alcance un récord, acercándose a los 60 años. Los directores de empresas de mercados desarrollados suelen ser mayores que los de mercados emergentes, lo cual puede tener implicaciones significativas para las habilidades de los consejos de administración y su diversidad.

Durante este año se observará cómo los comités de nombramientos consideran estos factores, aumentando la diversidad generacional y ayudando a las empresas a seguir innovando.

3. Los marcos de divulgación aportarán claridad 

En la última década, los fondos orientados a ASG han tenido poca regulación. Sin embargo, esto está cambiando rápidamente y el interés regulador por los nombres de estos fondos y sus obligaciones de clasificación y divulgación está aumentando a nivel global.

Así, se observarán cambios en los nombres y etiquetas de estos fondos debido a la mayor transparencia exigida por reguladores como el Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible de la UE.

Los inversores necesitan información comparable, coherente y significativa para tomar decisiones, lo cual hace también muy necesario el desarrollo de marcos de divulgación de objetivos climáticos ante el actual desajuste normativo que dificulta la evaluación y el compromiso de las empresas.


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4. Exigencia de pruebas de estrés

Por otro lado, cada vez son más las autoridades de todo el mundo que exigen a las instituciones financieras la realización de pruebas de resistencia al riesgo climático, y es probable que se sumen más en el futuro próximo.

Sin embargo, según un análisis de MSCI sobre bancos de todas las jurisdicciones que exigen o tienen previsto exigir pruebas de resistencia climática, ninguno de ellos podía afirmar que estaba totalmente preparado, si bien algunas entidades estaban mejor situadas que otras.

Así, se tendrá que ver próximamente qué bancos pueden realmente hacer frente al reto de desarrollar datos y capacidades de modelización del riesgo climático para satisfacer las exigencias de las pruebas de resistencia climática reglamentarias.

5. Una cadena de suministro más ética y transparente

En varias jurisdicciones están en vigor o pendientes de aplicación normativas modernas sobre esclavitud que exigen a las empresas identificar las violaciones de los derechos humanos, como el trabajo infantil, el trabajo forzado o la trata de seres humanos, en sus cadenas de suministro. Por su parte, los consumidores también están ejerciendo una presión cada vez mayor al incluir consideraciones éticas en sus decisiones de compra.

Fruto de estas regulaciones y reclamaciones se espera el desarrollo próximo de proyectos piloto que utilizan blockchain para la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro.

En caso de éxito, estos experimentos podrían anunciar el comienzo de un cambio radical en la gestión de la cadena de suministro.

En cuanto a materias primas, se espera que en 2023 aumenten los esfuerzos de las empresas por extraer metales secundarios de los residuos electrónicos, tanto para tener contentos a los reguladores como para impulsar el acceso a metales esenciales para las tecnologías de energías limpias.

También este nuevo año será un momento decisivo, tras las catastróficas inundaciones de Pakistán y la retirada de algunas certificaciones de gran parte de China que han creado quebraderos de cabeza en el suministro, para ver cómo se puede sortear la escasez a corto plazo de algodón de origen responsable y qué suministradores están más preparados para apostar por nuevas fibras alternativas.

Se desarrollarán proyectos piloto que usando la tecnología ‘blockchain’ permitan verificar la transparencia y la trazabilidad de las cadenas de suministro.

6. Guerra e inflación tendrán sus consecuencias en la sostenibilidad

A pesar de las presiones inflacionistas, la oferta de bonos verdes se redujo solo un 1% en la primera mitad de 2022, en comparación con la segunda mitad de 2021. Ante esta situación, veremos en 2023 si los bonos verdes pueden mantener una senda de crecimiento creíble frente al aumento de los tipos de interés, la reducción de las primas de diferencial y la creciente preocupación por el greenwashing.

Por su parte, la guerra en Ucrania va a seguir impactando seriamente en el suministro de energía mundial. La seguridad energética de los países ha significado durante mucho tiempo la posesión de reservas de combustibles fósiles o el fácil acceso a ellas, pero un puñado de países ha conseguido alterar el cálculo. Esas continuas perturbaciones del mercado energético podrían afectar a los países indiferentes a la transición mundial hacia una energía limpia y ese hecho podría tener consecuencias en la exposición al riesgo soberano a largo plazo.

También la guerra y el entorno de alta inflación pueden limitar la presión a corto plazo para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), ya que los gobiernos priorizan la seguridad energética y la asequibilidad. En 2023 seremos testigos hasta qué punto las empresas mantienen la vista puesta en las tendencias de descarbonización a largo plazo y en la expansión del despliegue de energías renovables.

Asimismo, veremos si un sector como el de la energía nuclear, que alcanzó su último auge en los años noventa, será capaz de gestionar los altos costes, los largos plazos de ejecución de los proyectos y las limitaciones laborales para rejuvenecerse.

Históricamente, altos precios de la energía como los actuales también han impulsado la actividad de patentes hacia las tecnologías de energías renovables, algo que no parece estar ocurriendo en la actualidad. Este año, deberemos estar atentos a si las empresas energéticas redoblan su apuesta por los modelos de negocio existentes o dirigen más inversiones hacia las tecnologías limpias.

También ahora será el momento para observar, a medida que aumenten los riesgos operativos del cambio climático, qué empresas e inversores son pioneros en aprovechar la ventaja de la adaptación al clima, y si el nuevo subgrupo de fondos centrados específicamente en la exposición al precio del carbono gana suficiente impulso para influir en la descarbonización o se ve anulada por efectos secundarios no deseados.

La guerra de Ucrania y el entorno de alta inflación pueden limitar la presión a corto plazo para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ya que los gobiernos priorizan la seguridad energética y la asequibilidad.

7. Objetivos climáticos creíbles y alcanzables

Las emisiones financiadas se han convertido en una de las principales preocupaciones en materia de ASG, pero las ‘emisiones aseguradas’, es decir, la atribución de las emisiones de un cliente de una compañía de seguros a su asegurador es un concepto emergente.

En 2023 se verá qué aseguradoras mundiales actúan primero para medir sus huellas de emisiones aseguradas y se posicionan por delante de la presión de los inversores o de cualquier futuro requisito normativo de información que pueda surgir.

También se espera que los inversores adopten modelos analíticos inspirados en el análisis tradicional de atribución de resultados como respuesta al reto de contabilizar las subidas y bajadas de las emisiones financiadas asociadas a sus carteras. Esa adopción les ayudará a comprender los cambios en ese tipo de emisiones y a trabajar para mantenerse alineados con las vías de descarbonización a largo plazo.

Por último, y aunque cada vez son más las empresas que se fijan objetivos climáticos (incluido el de emisiones netas cero), sigue habiendo dudas sobre si estos objetivos son alcanzables, y es probable que su credibilidad se convierta en la próxima frontera para los inversores institucionales que pretenden descarbonizar las carteras de inversión y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Así, 2023 será el año en el que las empresas deberán mejoran sus objetivos climáticos de cara a una esperada y creciente presión de los inversores institucionales, que tienen sus propios objetivos de emisiones netas cero que cumplir.

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