Una década decisiva en la relación entre empresas y derechos humanos

Cientos de estalactitas azules, amarillas, verdes y rojas recubren el techo de la Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones del edificio de la ONU en Ginebra. La cúpula diseñada por Miquel Barceló evoca la imagen de una cueva que es barrida por las olas: la cueva como origen de la civilización, el kilómetro cero del nacimiento del ser humano.

Entre la amalgama de colores se forma una percepción cambiante según la perspectiva que adopte el visitante, y que el propio artista comparó con lo que sucede en las negociaciones multilaterales y los procesos de diálogo. No todos vemos los asuntos desde el mismo punto de vista, pero todos, al final, compartimos la misma cueva y el mismo techo.

Bajo esta cúpula se celebró el pasado diciembre el 11º Foro Internacional de Empresas y Derechos Humanos con la misión de situar a las personas titulares de derechos (rightholders) en el centro de la toma de decisiones. Un punto de partida para la segunda década de los derechos humanos y las empresas, que debe apuntalar los avances conseguidos por el amplio seguimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y DD.HH. desde 2011.

En un mundo cada vez más polarizado, el marco de referencia creado por John Ruggie representa un triunfo del consenso, tal y como reconocen los expertos en esta materia, que coinciden en que es la prueba de que no solo es posible tender puentes entre el ámbito público y el privado, sino que estos acuerdos constituyen el único camino parar alcanzar mejoras reales en la vida de las personas.

Durante tres días, representantes de gobiernos, empresas, organizaciones y sociedad civil intercambiaron experiencias y aprendizajes para afrontar con éxito la Hoja de ruta de Empresas y Derechos Humanos presentada en 2021 con motivo del décimo aniversario de los Principios Rectores. Desde entonces dos palabras están ganando peso en todas las conversaciones nacionales y supranacionales: debida diligencia. Un concepto que hace referencia al proceso por el que las empresas adoptan las medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos de sus actividades en toda su cadena de valor.

En todo el mundo los Estados están introduciendo este concepto en sus legislaciones, con ejemplos tan notorios como la ley alemana de debida diligencia o las regulaciones en Noruega, Reino Unido y Australia. Y como pináculo de esta obra legislativa se alza la futura directiva europea de debida diligencia. Todo un punto de inflexión al abarcar el conjunto de los impactos en la cadena de valor y una nueva demostración de fuerza de Europa como líder en desarrollo sostenible.

NOTICIAS RELACIONADAS
– Derechos humanos y empresas: pautas para la próxima década
– Cumplimiento de los derechos humanos, ¿en qué deben fijarse los inversores?
– ¿Cómo aplicar la debida diligencia sobre DDHH en las empresas?

¿Pero qué sucede en la esfera privada? ¿Está la debida diligencia progresando en las empresas al mismo ritmo? Tal y como se pudo constatar en Ginebra, la debida diligencia se mantiene como la herramienta clave para la gestión de los derechos humanos en la actividad empresarial. Sin embargo, el salto del marco teórico al práctico no siempre se acomete desde un entendimiento profundo del contexto de una compañía.

No se encuentra en la misma situación una empresa que opera en países con un importante desarrollo social que aquella que lo hace en territorios con un grado de madurez menor en materia derechos humanos. Otro gran reto se abre en los entornos de conflicto, como ha demostrado la guerra de Ucrania.

A este respecto, en una de las jornadas pudimos conocer la experiencia de Novartis y cómo ha tomado medidas siguiendo la Guía de debida diligencia para las empresas en contexto de conflicto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. A partir de esas recomendaciones, el laboratorio suizo planteó cómo abordar los retos incipientes tanto en Rusia como en Ucrania. Por un lado, reanudó en junio su actividad en Ucrania tras estudiar los protocolos de seguridad de sus operaciones comerciales y garantizar la integridad de sus personas en el país invadido por Rusia. Por otro, mantuvo la venta de medicamentos en Rusia, pero decidió no realizar más inversiones en ese país.

Protagonismo de las personas: un cambio posible

El conocimiento del entorno es, en efecto, un factor decisivo a la hora de implementar la debida diligencia y gestionar con éxito los riesgos. Y para comprender el entorno hay que recordar de nuevo la cueva concebida por Barceló como ese primer espacio de socialización donde nacen el lenguaje y la comunicación.

Las empresas deben crear conversaciones reales con las comunidades directamente impactadas por sus decisiones. Ya no basta con la escucha -aunque se vista de ‘activa’- ni con el diálogo, se trata de propiciar, desde el inicio, relaciones basadas en los compromisos compartidos y la búsqueda de un proyecto común.

Para alcanzar esta ansiada meta, el 11º Foro Internacional de Empresas y DD.HH. compartió algunas directrices básicas, siempre bajo la premisa de colocar a los rightholders en el centro. En primer lugar, las empresas han de colaborar con las organizaciones civiles que trabajan sobre el terreno y llegan donde una compañía por sí sola jamás podría. También resulta fundamental garantizar espacios de comunicación donde las personas titulares de derechos puedan expresar sus inquietudes y participar en la toma de decisiones que van a incidir después en su día a día. En esta relación las empresas asumen otra responsabilidad: la de empoderar a los rightholders en el conocimiento y la defensa de sus propios derechos.

En numerosas ocasiones estas recomendaciones pueden parecer inalcanzables, más propias del terreno de la utopía que del mundo empresarial. Sin embargo, la realidad muestra ya varios casos de éxito en los que grandes compañías se han implicado en la defensa de las personas de su cadena de suministro.

Uno de los más notables, presentado en el foro, es el proyecto Fair Food Program de Worker-Driven Social Responsibility Network (WSR). Impulsado por los trabajadores del cultivo del tomate en Florida -uno de los sectores con mayor historial de abusos-, este programa se basa en la transparencia en las cadenas de suministro y la protección verificable de los derechos laborales. Desde 2011 Fair Food Program no solo ha conseguido el reconocimiento como ‘referente internacional’ en la lucha contra la esclavitud moderna (en palabras del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas), sino que ha logrado implicar a clientes de la talla de McDonald’s o Sodexo.

Del soft law al hard law: retos pendientes

Como veíamos al principio, la de los Principios Rectores es una historia de éxito al haberse afianzado en tan solo diez años como referencia para las empresas y, al mismo tiempo, estar inspirando la legislación más avanzada en materia de protección de los derechos humanos.

Normas ya en vigor, como la Transparency Act (Noruega), la Mandatory Due Diligence (Alemania) o la Modern Slaver Act (Australia y Reino Unido), y futuras, como la Directiva europea sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, están obligando a las organizaciones a presentar acciones, y no solo declaraciones de intenciones, para prevenir y mitigar el impacto de su actividad en los derechos humanos.

Plenamente conscientes del enorme hito que suponen estas regulaciones, pero lejos de la complacencia, los participantes del Foro Internacional de Empresas y DD.HH. se interrogaron sobre sus déficits y vías de mejora.

Una de las carencias más citadas es la ausencia de la perspectiva de los rightholders en el desarrollo de estas legislaciones. Si bien muchas de ellas afectan a los países del sur global, el proceso no ha incluido consultas a los representantes locales. Una tendencia con la que rompe la propuesta de directiva europea al cumplir con los principios de la Convención de Aarhus: la regulación debe garantizar el acceso de los ciudadanos a la información, su participación en la toma de decisiones y el derecho a acudir a la justicia.

La responsabilidad de analistas e inversores

“La prueba de nuestra seriedad”. Con estas palabras resume Antonio Guterres, secretario general de la ONU, la importancia de la financiación en la consecución de un futuro justo y sostenible. Consecuentes con esta premisa, los reguladores ya han cumplido con su parte, y ahora es el turno de inversores y empresas.

Mientras se ven importantes progresos en la rendición de cuentas sobre el impacto ambiental, aún son pocos los casos en que existe un análisis exhaustivo del impacto social. Iniciativas como PRI han resultado de momento tener poco impacto. Además, de acuerdo a WBA, tan solo un 3% de las instituciones financieras cuenta con un sistema de debida diligencia en sus operaciones de inversión y financiación.

Por otro lado, el enfoque empleado por analistas e inversores (SASB-materiality approach) para evaluar las empresas solo se centra en los riesgos para el negocio y no en aquellos que afectan a las personas. Estos grupos de interés están llamados en esta nueva década a generar un vínculo más fuerte con las empresas y conocer mejor tanto su actividad como su impacto. Solo a través del intercambio transparente de información, se pueden detectar los ámbitos de mejora en un asunto tan delicado.

El Foro de Empresas y DD.HH. concluyó con una afirmación inapelable: en los últimos 11 años se han logrado avances históricos en la protección de la dignidad humana gracias, en gran medida, al impulso de los Principios Rectores. Pero también se puso de manifiesto que aún queda un largo camino por delante y que cuando en muchas partes del planeta defender los derechos humanos todavía es sinónimo de jugarse la vida, las empresas deben retarse a sí mismas y preguntarse si sus acciones son suficientes.

Porque es el momento de volver a mirar la cúpula de Barceló y recordar que, por mucho que cambien los colores o las formas según donde la observemos, un hecho nunca variará: todas las personas nos encontramos bajo el mismo techo.

Por Pablo Soteras
Socio de Conese