Resolver la desigualdad climática, crucial para mitigar el calentamiento global

La crisis climática está ya afectando a las sociedades humanas al perturbar gravemente tanto a los medios de subsistencia como a la propia organización social. Sin embargo, estos impactos no se distribuyen de manera uniforme en todo el mundo ya que, en términos generales, los países de renta baja y media se ven más afectados que sus homólogos más ricos.

Además de sufrir más sus consecuencias, la responsabilidad de las emisiones de CO2 no se reparte uniformemente sino que el 10% de la población que más contamina es responsable de casi la mitad de todas las emisiones, tal y como y como indica el informe Climate inequality report 2023 realizado por el World Inequality Lab.

Este documento trata de arrojar luz sobre las dimensiones de la desigualdad climática en un análisis sistemático y detallado (centrándose en los países de renta baja y media en particular) y de sugerir vías de cooperación al desarrollo y políticas fiscales y sociales que aborden estas diferencias en su esencia.

Pero la inequidad de la crisis climática no se explica solo en función de la renta de los países, ya que también existen importantes desigualdades dentro ellos y entre regiones vecinas. Así, según el estudio, los patrones de consumo e inversión de un grupo relativamente pequeño de la población contribuyen directa o indirectamente de forma desproporcionada a los gases de efecto invernadero.

Como consecuencia de lo anterior, la actual desigualdad general en las emisiones mundiales se debe principalmente a las disparidades dentro de regiones geográficas constituyendo cerca de dos tercios del total, lo que supone una reversión casi completa con respecto a los datos de 1990.

Estas desigualdades tanto en impacto como en generación de emisiones deberían ser determinantes a la hora de establecer soluciones para la crisis climática que estamos padeciendo.

Los más pobres, los que más sufren la crisis climática

La pobreza y la vulnerabilidad a los riesgos climáticos están correlacionadas y se refuerzan mutuamente. Muchas regiones de renta baja se enfrentan a pérdidas de productividad agrícola del 30% o más debido al cambio climático, lo cual agrava la pobreza y la inseguridad alimentaria.

A escala mundial, los países pobres están desproporcionadamente expuestos a la subida del nivel del mar y se estima que más de 780 millones de personas en todo el mundo se exponen al riesgo combinado de pobreza e inundaciones graves.


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Esta tendencia continuará y provocará una pérdida de ingresos de más del 80% en muchos países tropicales y subtropicales a finales de siglo. En la actualidad se calcula que las pérdidas de ingresos del 40% más pobre son un 70% superiores a la media en los países de renta baja y media.

También, la transmisibilidad de muchas enfermedades infecciosas es sensible a las condiciones climáticas y el calentamiento global ha provocado un aumento de la propagación de ese tipo de enfermedades en muchas regiones pobres del planeta.

Las proyecciones indican que la tendencia al aumento de la incidencia de estas enfermedades seguirá agravándose en las próximas décadas, pero la gravedad y el alcance de ese incremento dependerá en gran medida de los escenarios de emisiones.

En el ámbito económico, la relación entre la temperatura y el PIB parece tener forma de U inversa, por lo que los países relativamente fríos o templados (que suelen tener ingresos elevados en la actualidad) pueden beneficiarse en cierta medida del cambio climático, mientras que los países de bajos ingresos situados en regiones cálidas sufrirán pérdidas significativas y cada vez mayores.

Desigualdad en emisiones y desigualdad en mitigación

Hoy en día, la huella de carbono de un estadounidense medio es casi diez veces mayor que la de un indio medio. Una relación que es aún más extrema si se compara con muchos países del sur y el este de África, que suelen tener las emisiones de carbono per cápita más bajas del mundo.

Si las emisiones se distribuyeran por igual entre todos los países, el ciudadano medio de la República Democrática del Congo, por ejemplo, vería sus niveles de emisión multiplicados por diez, mientras que los europeos y los norteamericanos experimentarían un descenso en sus niveles de emisión de casi el 40% y más del 70%, respectivamente.

Este patrón de desigualdad implica responsabilidades diferenciadas en la mitigación del cambio climático. Por tanto, aunque el llamado presupuesto global de carbono restante que puede emitirse antes de alcanzar los 1,5oC de calentamiento global establecidos en el Acuerdo de París es pequeño en comparación con el volumen histórico de emisiones, lograr una senda de mitigación equitativa debería tener en cuenta estas contribuciones desiguales.

Además de la evidente preocupación por la equidad, también entra en juego una cuestión de eficiencia, ya que el esfuerzo marginal necesario para lograr las mismas reducciones de emisiones puede ser significativamente menor para los grupos que emiten más, creando así un fuerte incentivo para las políticas dirigidas a este grupo.

La comparación entre el 50% inferior, el 40% medio y el 10% superior de la población mundial en términos de pérdidas, emisiones y capacidad de financiación de la acción climática ofrece una instantánea sorprendente de las desigualdades climáticas y una guía razonable para identificar a los principales contribuyentes a la financiación de las políticas de reducción de la desigualdad climática.

Actualmente, la huella de carbono de un estadounidense medio es casi diez veces mayor que la de un habitante de la India. Esta desigualdad implica diferente responsabilidad en la mitigación del cambio climático, según el informe.

Así, un 10% de la población es la que se encuentra en una posición ‘cómoda’ si se compara con el resto de la humanidad, ya que sus pérdidas relativas por el cambio climático son pequeñas, mientras que sus emisiones son altas y la posibilidad de financiar actividades de mitigación es también alta.

En el lado opuesto se encuentra un 50% de la población que sufre las consecuencias e impactos de la crisis climática aun cuando apenas realiza emisiones de CO2 y tiene una capacidad financiera de respuesta ínfima.

En un término medio estaría el 40% restante de la población mundial que tendría unas pérdidas y emisiones medias, así como una posibilidad financiera acorde a estas.

Posibles soluciones para reducir la inequidad climática

El aumento o la persistencia de las desigualdades climáticas no es algo inevitable. Los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil pueden invertir las tendencias observadas si se centran en los principales factores de desigualdad climática y utilizan las herramientas ya disponibles para combatirlos.

En cuanto a la mitigación, el World Inequality Lab sugiere que todos los Gobiernos reconsideren sus objetivos mientras que los grandes emisores históricos deben realizar esfuerzos adicionales, siempre teniendo en cuenta que la acción climática sigue siendo la mejor receta para combatir la desigualdad climática.

Acelerar los programas de mitigación puede aumentar desproporcionadamente la presión económica sobre ciertos segmentos de la población de los países y, en tales casos, será crucial ofrecer mecanismos generosos de apoyo a los actores vulnerables (ya sean hogares o empresas).

En los casos en que la financiación de la lucha contra el cambio climático aportada y movilizada por los países desarrollados no alcance las cantidades prometidas para los países en desarrollo y en que la adaptación siga estando muy infrafinanciada, se podrían explorar varias opciones para generar nuevos recursos públicos.

Los impuestos progresivos sobre la riqueza podrían generar recursos sustanciales, sin pedir más esfuerzos financieros al 99,9% de la población de los países ricos y en desarrollo. También pueden movilizarse gravámenes individuales, como los impuestos sobre los pasajeros aéreos y los impuestos progresivos sobre la riqueza, o impuestos sobre sectores económicos específicos y contaminantes.

Cualesquiera que sean las opciones elegidas, lo esencial es que la agenda de financiación de la lucha contra el cambio climático está intrínsecamente vinculada al desarrollo de la capacidad fiscal nacional y a la creación de un ‘Estado de bienestar ecológico’, capaz de garantizar una transición justa hacia el objetivo del Acuerdo de París a lo largo de todo el siglo XXI.

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