Cerca de Kioto, lejos del cumplimiento
La conferencia de la ONU celebrada en la ciudad japonesa de Kioto en 1997 fijó como objetivo la reducción del dióxido de carbono y de otros cinco gases culpables del crecimiento de las temperaturas globales (metano, óxido nitrosos, hidrofluorocarbono, perfluorocarbono y hexafluorocarbono de azufre).
El tratado, que entró en vigor el 16 de febrero de 2005, solicita a las 35 naciones más industrializadas del mundo reducir las emisiones en un 5,2% por debajo de sus niveles de 1990 entre 2008 y 2012, fecha en la que expira el texto. Entre los firmantes no se encuentra Estados Unidos, culpable de la emisión de un 25 por ciento de los gases contaminantes del mundo.
A mediados de mayo, en el primer aniversario de la firma del Protocolo, la Comisión Europea publicó el primer informe sobre el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos para reducir las emisiones.
Según este documento, España emitió en 2005 un total de 8.817.256 toneladas de CO2 más de las que notificó al organismo europeo para ese año. Así, las 800 instalaciones españolas incluidas en el esquema de intercambio emitieron un total de 181.063.141 toneladas de CO2, mientras que las emisiones medias anuales del primer periodo, entre 2005-2007, se fijó en 162.111.391 toneladas.
El porcentaje de instalaciones españolas que verificaron sus informes de emisión se situó en el 99,1%.
Estos datos avalan los difundidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente que señala a España como el país de la Unión Europea donde más han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según este organismo, entre 2003 y 2004, el volumen de emisiones en nuestro país aumentó en 19,7 millones de toneladas (4,8%), seguido de Italia con 5,1 millones (0,9%). Por el contrario, se redujeron las emisiones en Alemania (0,9%), Finlandia (4,9%) y Dinamarca (8,1%).
Este incremento de emisiones se debe principalmente al CO2 generado por la producción de electricidad y calefacción (8,9 millones de toneladas).
También aumentaron las emisiones generadas por el consumo energético en otras industrias (3,4 millones de toneladas), el transporte por carretera (3,3 millones) y la producción de hierro y acero (2,2 millones).
El turismo y la construcción, dos de los principales pilares económicos del país, son los que más presión ejercen sobre los recursos naturales, según el informe Sostenibilidad en España 2005, elaborado por la Fundació Fórum Ambiental y la cátedra de la UNESCO de la Universitat Politécnica de Cataluña, publicado el año pasado.
Sólo en la década de los noventa, el suelo destinado a usos industriales, urbanos y comerciales aumentó un 26 por ciento, cifra que alcanzó el 50 por ciento en algunas zonas del Levante.
Además, en los últimos 20 años se ha duplicado el consumo de energía primaria mientras que la red de infraestructuras se basa en el transporte por carretera y mercancías, en detrimento de medios más respetuosos con el medio ambiente como el ferrocarril, los transportes marítimos y los colectivos en general. Con estas cifras, España se aleja cada vez más de los objetivos fijados por el Protocolo de Kioto que le corresponden según el reparto interno decidido en la UE, que autorizó un máximo del 15% para el periodo 2008-2012.
PLAN NACIONAL DE EMISIONES. Con la entrada en vigor del Protocolo, España puso en marcha el Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2 con el objetivo de reducir las emisiones un 0,4% en 2007 y emitir sólo un 24% más en 2012.
Además, el PNA repartía derechos de emisión equivalentes a 535,704 millones de toneladas de CO2 para el periodo 2005-2007 entre los sectores afectados por la directiva comunitaria de comercio de emisiones (eléctrico, refino, siderurgia, cemento, cal, vidrio, cerámica y papel).
Sin embargo, el fracaso del primer plan ha sido evidente ya que, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, España emite un 52,6% respecto al año de referencia de 1990. Por este motivo, a principios del mes de julio, el Gobierno presentó el II PNA gracias al cual los sectores industrial y energético podrán emitir un total de 152,6 millones de toneladas anuales de gases entre 2008-2012, lo que supone un aumento del 15,9% de emisiones con respecto al año base de 1990.
Esta cifra implica una reducción de casi 30 millones de toneladas de emisión anuales respecto al primer plan. Por sectores, el mayor esfuerzo recaerá sobre el eléctrico que, entre 2008 y 2012, podrá emitir 54,6 millones de toneladas anuales.
Asimismo, el sector de la siderurgia deberá disminuir un 14,8% sus emisiones de CO2 a la atmósfera.
De todos modos, el II PNA creará una reserva de nuevos entrantes del 5,5% (7,9 millones de toneladas anuales) frente al 3,5% fijado por el anterior plan, aunque no está prevista la subasta de derechos y desaparece la prohibición de construir un ‘pool’ en el sector eléctrico, mientras que cada instalación podrá canjear hasta un 50% de la asignación.
Según la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se trata de un gasto «insignificante» y un resultado «muy favorable» si se tiene en cuenta el ahorro de barriles de petróleo que supondrá reducir el consumo de energía y sustituir petróleo por combustibles menos contaminantes.
En este sentido, la ministra explicó que, entre 2000 y 2006, España ha gastado en la compra de petróleo 22.000 millones de euros más cada año sólo por el coste del incremento del crudo.
Así, el coste total para España del cumplimiento del Protocolo de Kioto oscilará entre 2.300 y 3.000 millones de euros. En el caso de los sectores difusos no incluidos en la directiva, el coste oscilará entre 796 y 1.114 millones de euros mientras que para los sectores industriales y eléctricos será de entre 1.432 y 1.953 millones de euros.
Además, el Gobierno ha adquirido ya compromisos para la adquisición de créditos de carbono por 60 millones de toneladas. Se espera que el real decreto del II PNA se apruebe entre los meses de septiembre y octubre, fecha en la que se enviará la notificación definitiva a Bruselas, que deberá adoptar una decisión en los próximos tres meses. El II PNA ha sido acogido con pesimismo por las organizaciones ecologistas.
Desde Ecologistas en Acción consideran que el plan «va contra el espiritu de Kioto» mientras que WWF/Adena recordó al secretario general para la Prevención de la Contaminación que es «imprescindible un plan riguroso» para cumplir los objetivos.
HERRAMIENTAS DE FLEXIBILIDAD. Con el objetivo de facilitar tanto a los países desarrollados como a los que se encuentran en vías de desarrollo el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones se han puesto en marcha una serie de instrumentos para alcanzar la estabilización de las emisiones.
Estos mecanismos también apoyarán el crecimiento sostenible de los países en desarrollo a través de la transferencia de tecnologías limpias.
Tres son los mecanismos de flexibilidad: el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC) y el Comercio Internacional de Emisiones (CE). Los dos primeros se basan en proyectos y están plenamente operativos.
Gracias a los MDL, las empresas de los países con objetivos de reducción pueden implicarse en actividades y proyectos llevados a cabo en países sin objetivos fijados, por lo que les ayudarán a aumentar su desarrollo mediante el uso de tecnologías limpias y sostenibles.
De este modo, la Entidad Operacional Designada (EOD) certificará la obtención de Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) que pueden ser comercializadas y adquiridas por entidades públicas o privadas de los países desarrollados.
Los ingresos derivados de la comercialización de RCE contribuyen a mejorar la viabilidad económica de los proyectos, originando un aumento de la demanda mundial en un gran número de sectores –energías renovables, biomasa, eficiencia energética, edificación, transporte, gestión de residuos, industria o agua, entre otros– al tiempo que se abren las oportunidades de negocio para todas aquellas empresas que participan en las diferentes etapas del proyecto, que van desde la ingeniería y la consultoría hasta la construcción, el equipamiento, la gestión, la financiación y la acreditación.
Por su parte, los AC son mecanismos que permiten a un país inversor obtener créditos por un proyecto a un precio menor del que le costaría en su ámbito nacional, mientras que el país receptor recibe inversiones extranjeras y tecnologías no dañinas para el medio ambiente.
En este caso, el ahorro de emisiones debe ser verificado por el país receptor del proyecto o por una entidad independiente acreditada por el Comité de Supervisión del Mecanismo de Aplicación Conjunta.
En este caso se obtienen Unidades de Reducción de Emisiones (URE) que pueden ser comercializadas y adquiridas por las entidades públicas o privadas de los países para cumplir sus objetivos.
COMERCIO DE EMISIONES. En cuanto al Comercio Internacional de Emisiones se han puesto en marcha varias medidas que no obligan a las empresas a contaminar menos pero que sí les incentivan a hacerlo. Tal es el caso de la Bolsa Europea de Derechos de Emisión, gracias a la cual las compañías que contaminen más de lo permitido pueden comprar el derecho a hacerlo a otras empresas más limpias pues, si emiten gases por debajo del límite establecido, pueden vender los derechos que no utilizan y ganar dinero con ello.
La Bolsa ha sido posible debido a la fusión de los mercados de derechos de emisión de dióxido de carbono Sendeco2 (la primera plataforma de negociación de Derechos de Emisión de CO2 en España, fundada en 2004) y Climex (holandés, aunque también opera en Alemania y Reino Unido).
Los precios de los derechos de emisión de CO2 rondan entre los nueve y diez euros por tonelada. De todos modos, este mecanismo aún se encuentra en una primera fase de mercado, por lo que posee cierto carácter experimental.
Desde febrero de 2006, las empresas españolas también cuentan con el FC2E, el primer fondo de carbono para el mercado nacional lanzado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Grupo Santander y Climate Change Capital (CCC), grupo especializado en políticas de cambio climático. El FC2E cuenta con un capital inicial de 50 millones de euros, ampliable a 100 millones, de los que 25 corresponden al ICO, 20 al Santander y cinco al CCC.
El FC2E apoya proyectos limpios que se lleven a cabo en países en vías de desarrollo bajo los mecanismos establecidos en el Protocolo de Kioto (MDL y AC), mediante la compra de los derechos de carbono que generen estos proyectos y que serán distribuidos entre los inversores del fondo. América Latina, India y China son los principales destinatarios de los proyectos, cuyos derechos cubrirán una parte del exceso de emisiones de C02 de las casi 1.000 empresas afectadas por el Protocolo, pertenecientes en su mayoría al sector energético.
El fondo permite a empresas y pymes conseguir derechos de emisión a unos precios hasta tres veces inferiores a la cotización actual de la tonelada de CO2.
Según sus promotores, se podrán lograr derechos de emisión a 7 u 8 euros por tonelada equivalente de dióxido de carbono, en vez de los casi 23,5 euros actuales.
Está previsto que las sociedades hagan sus inversiones en el periodo 2006-2008, para empezar a percibir sus primeros derechos de emisión en la segunda fase de aplicación del Protocolo.
Según datos facilitados por el máximo responsable de Climate Change Capital en España, Peter Sweatman, el mercado de derechos de emisión en Europa movió el año pasado 250 millones de toneladas equivalentes de CO2, lo que supone cerca de 4.500 millones de euros. Los impulsores del nuevo fondo de carbono consideran que las necesidades españolas en este ámbito podrían superar los 150 millones de toneladas de CO2 para el periodo 2008-2012.
Además, España ha firmado con el Banco Mundial la constitución del Fondo Español de Carbono, cuyo capital asciende a 220 millones de euros, al sumarse a los 170 millones de euros iniciales aportados por el Gobierno los 50 millones de las empresas españolas, que se invertirán en la compra de créditos procedentes de proyectos de desarrollo limpio.
En el fondo, que cuenta con 34 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, pueden participar entidades públicas y privadas españolas. Las reducciones de emisiones generadas por los proyectos incluidos en la cartera del fondo pueden ser elegibles en el marco del MDL y el AC así como del Régimen para el Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea.
El objetivo del Fondo consiste en adquirir reducciones de emisiones de gases procedentes de proyectos de energía renovable o de eficiencia energética que contribuyan significativamente al desarrollo sostenible en los países en desarrollo.
El Fondo opera principalmente en América Latina, África septentrional, Asia oriental y meridional, Europa oriental y Rusia.
El 27 de junio de este año tuvo lugar la primera asamblea general del fondo cuya decisión fundamental giró en torno a la creación del Comité de Participantes que, presidido por Teresa Ribera, estará constituido por tres de las doce empresas que actualmente están en el fondo y por cinco representantes de la Administración General del Estado, concretamente, del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de Medio Ambiente.
El Comité de Participantes determinará qué proyectos van a formar parte de la cartera.
A la espera del total desarrollo e implantación de las herramientas de flexibilidad, la XI Cumbre de Cambio Climático de Montreal (Canadá), celebrada a finales del año pasado, arrojó importantes conclusiones sobre las pautas a seguir cuando expire el protocolo, después de 2012. En este sentido, los 189 países asistentes acordaron ampliar el compromiso de los firmantes de Kioto y abrir una vía de diálogo con aquellas naciones que no han suscrito el Tratado para establecer nuevas reducciones de emisiones.
Por Laura M. Carrera
Consecuencias
El cumplimiento de Kioto repercute no sólo en aspectos medioambientales sino también en la calidad de la salud humana. Un estudio de la Comisión Europea destaca que la contaminación atmosférica provocó 350.000 muertes prematuras al año en Europa, de las que 16.000 se registraron en España.
Para corregir esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha iniciativas como el anteproyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que regulará los niveles de calidad del aire. Esta norma sustituiría a la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico de 1972.
La normativa aborda la gestión de la calidad del aire y la protección de la atmósfera siguiendo varios principios como el de ‘quien contamina, paga’ u otros relacionados con la acción preventiva, la corrección de la contaminación partiendo de la misma fuente o la corresponsabilidad.
El texto incluirá un régimen sancionador de hasta dos millones de euros para las infracciones muy graves, incentivará acuerdos voluntarios de las empresas para promover la descontaminación y obligará a las administraciones a informar sobre la contaminación de forma comprensible.
Aunque es indudable la importancia de la legislación, estas acciones necesitan de la concienciación del ciudadano para lograr un éxito total.
Por ahora, los resultados son poco esperanzadores teniendo en cuenta datos como los aportados por la macroencuesta Conciencia y Conducta Medioambiental en España, publicada este mes de julio por la Fundación BBVA. El informe revela que, aunque un 70% de españoles está preocupado por la naturaleza, la mayoría está poco informada.
Apenas cuatro de cada 10 saben qué es el Protocolo de Kioto y el 62,9% desconoce que el petróleo es la principal fuente de energía de nuestro país. Además, pese a su pesimismo sobre el futuro de los ecosistemas, rechazan pagar más impuestos para conservar el medio ambiente.
