El Ingreso Mínimo Vital llega a menos de un tercio de las personas sin hogar

La Fundación Hogar Sí ha presentado la investigación Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el sinhogarismo: ¿Una protección estructural para toda la sociedad? Esta investigación indaga en los mecanismos que impiden o dificultan que las personas en situación de sinhogarismo accedan al IMV así como ofrece una serie de propuestas para corregirlos y que estas personas accedan a la prestación de la manera más autónoma posible.

“El IMV nació en el marco del escudo social de las acciones para paliar los efectos de la covid-19 dentro de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023 pero la concepción de una garantía de rentas es una medida clave en el futuro de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la exclusión”, explica José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí.

Para llevar a cabo esta investigación se han realizado casi 250 encuestas a personas en situación de sinhogarismo y más de 170 a profesionales que han gestionado el Ingreso Mínimo Vital.

El equipo de investigación señala que es preocupante que solo el 26% de las personas en situación de sinhogarismo que han participado en estudio estén percibiendo el IMV, pese a que el 76% lo ha solicitado.  De aquellas personas en situación de sinhogarismo que no lo han solicitado, el 46% no lo ha hecho por falta de información o por no saber cómo hacerlo.

Según las encuestas a profesionales más del 90% considera que el sistema de gestión permite poca o nula autonomía para realizar la solicitud y el 68% de las personas en situación de sinhogarismo considera que el IMV no aumenta la autonomía para su vida. Además, la cuantía media percibida es de 371 euros.

“Las organizaciones del tercer sector somos el canal principal de información y gestión del IMV en el caso de las problemáticas de exclusión más severas como es el caso del sinhogarismo pero esto debe cambiar. El acceso a los derechos no puede depender de que las personas encuentren quien les pueda ayudar. El objetivo de los mecanismos públicos debe ser que las personas gocen de autonomía y para esto necesitamos trámites ágiles y cuantías que permitan acceder a unos mínimos de bienestar”, señala Caballol.

En cuanto a las resoluciones, el 32% de las personas en situación de sinhogarismo no saben la causa de denegación del IMV o no se lo han dicho, en relación con esto el 50% de las alegaciones se resuelven con silencio administrativo.

Protección estructural para toda la sociedad

Desde la organización, en base a las conclusiones del estudio, han realizado una serie de propuestas para mejorar el alcance del IMV entre las personas en situación de sinhogarismo.

Entre algunas de las medidas que propone la fundación en materia de organización, se encuentra la mejora de la coordinación entre los organismos de las diferentes administraciones con el objetivo de simplificar los trámites de aportación de documentación.

“En un momento de pandemia, con una atención presencial limitada, y con enormes dificultades para conseguir citas en organismos públicos, no se puede tener a personas en situación de extrema necesidad de un lado a otro recopilando documentación que está en manos de las administraciones”, explica Caballol.

De igual forma, dada la brecha digital existente, pide la implementación de un programa que vaya destinado a ofrecer una red de oficinas de atención exclusiva a asuntos del IMV a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la posible participación de organizaciones del tercer sector especializadas.

En cuanto al proceso de tramitación, algunas de las propuestas de la organización son aplicar la lectura fácil a todo tipo de solicitudes, así como diferentes idiomas; la solicitud y comunicaciones por otras vías, no exclusivamente por Internet, y que las denegaciones sean en todos los casos debidamente motivadas, no solo manifestando la causa, si no aportando documentación que justifica la denegación.

En líneas generales la organización valora el IMV como “una medida clave y necesaria que llevamos tiempo esperando” y plantea una serie de propuestas para mejorar el diseño de esta política pública como la valoración del derecho individual, no familiar y centrado en el concepto de hogar o unidad convivencial, ya que deja en una situación de desventaja a las personas que carecen de uno.