2,5 millones de hogares españoles sufren inseguridad alimentaria

Un 13,3% de los hogares españoles no pueden acceder de forma regular a alimentos suficientes en calidad y cantidad que aseguren su crecimiento y desarrollo normal, es decir, experimentan inseguridad alimentaria, según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona y la Fundación Daniel y Nina Carasso.
HAZ25 febrero 2022

Un 13,3% de los hogares españoles (2,5 millones) experimentan inseguridad alimentaria, lo que afecta a casi 6.235.900 personas en todo el país. Esta cifra equivaldría a que toda la población de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares juntas vivan de alguna forma esta problemática.

Así se recoge en el informe Alimentando un futuro sostenible, elaborado por la Universidad de Barcelona (UB) y la Fundación Daniel y Nina Carrasso (FDNC), que mide por primera vez en España los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares españoles antes y durante la covid-19.

El estudio revela el problema de la inseguridad alimentaria en España, la falta de acceso a una alimentación sana y sostenible y la necesidad de promover medidas y políticas centradas en las personas y su dignidad para construir una sociedad más justa y asegurar un planeta vivible para las generaciones futuras.

El informe destaca que con la covid-19 el número de hogares que experimentan inseguridad alimentaria ha pasado del 11,9% al 13,3% -656.418 personas más-, un dato que, según sus autores, demuestra que el problema es estructural y no producto de una determinada coyuntura, ya que antes de la pandemia muchos hogares ya sufrían esta condición.

Otro dato que destaca este estudio es que desde que empezó la pandemia, el doble de hogares ha tenido que reducir su ingesta de alimentos, duplicándose la inseguridad alimentaria grave. En total son 975.249 los hogares que se han visto obligados a reducir la ingesta de alimentos, con un total de 2.438.124 personas.

Según el informe, estos resultados evidencian que en España no se garantiza el derecho a la alimentación adecuada y que el país se encuentra lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre cero.

“Todas las personas tenemos derecho a una alimentación sostenible, que nos permita disfrutar de una vida sana y digna. Este estudio nos ayuda a entender que millones de personas en España no pueden acceder a alimentos adecuados de forma rutinaria, con graves consecuencias para su bienestar y el conjunto de la sociedad”, afirma Ana Moragues-Faus, investigadora de la Universidad de Barcelona y autora principal del estudio.

“Una realidad ilustrada de forma recurrente sobre el tema, son las ‘colas del hambre’, cuya magnitud real no conocemos”, añade.

Este estudio basa sus datos en una encuesta representativa realizada a 1.350 hogares españoles, utilizando la escala FIES (Experiencia de inseguridad alimentaria) propuesta por las Naciones Unidas e internacionalmente reconocida, para medir el estado de la inseguridad alimentaria, es decir, el número de personas que carece de un acceso regular a la cantidad necesaria de alimentos inocuos y nutritivos capaces de asegurar su crecimiento y desarrollo normal.

Además de dicha escala y para alcanzar una mayor exactitud en los resultados, se han tenido en cuenta otros datos relevantes como son el nivel de ingresos en el hogar, la precariedad laboral, la recepción de ayudas o el estado de salud de sus miembros.

Desde que empezó la pandemia, se ha duplicado la inseguridad alimentaria grave, afectando a casi un millón de hogares, con un total de 2.438.124 personas.

Inseguridad alimentaria, salud y nivel socio-económico

Otra constatación que se deriva de este estudio es que, en términos generales, los indicadores de inseguridad alimentaria se manifiestan de forma más acusada en los hogares con un nivel socioeconómico más bajo y/o aquellos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes.

En esta línea, la investigación establece una relación clara entre la incidencia de inseguridad alimentaria y los casos donde todos o algunos de los miembros del hogar se encuentran en condiciones laborales precarias.

Asimismo, el análisis de los resultados pone de manifiesto que la inseguridad alimentaria también tiene como consecuencia el exceso de peso, una enfermedad crónica o alguna discapacidad en alguno de los miembros de la familia.

En la encuesta también se pregunta si los hogares disponen de equipamiento para almacenar y cocinar alimentos frescos, de lo cual se desprende que más del 18% de los hogares carece de este tipo de infraestructura.

Prestaciones y ayudas públicas y privadas

El informe presenta también resultados en relación con el tipo de apoyo que reciben los hogares para contrarrestar la experiencia de inseguridad alimentaria, recursos que se materializan en una serie de prestaciones y ayudas.

Así, en el tema monetario, un 57% de hogares las reciben de la Administración Pública y un 13% de familiares, amigos o vecinos. Los apoyos en forma de alimentos o para acceder a los mismos, que llegan a un 22% de hogares españoles, provienen principalmente de familiares, bancos de alimentos, amigos o vecinos, así como de iniciativas de autoconsumo.

En los hogares que sufren algún tipo de inseguridad alimentaria, además del apoyo por parte de las administraciones, las familias juegan un rol esencial ya que más del 36% de estos recibe ayuda monetaria de familiares y más del 33% lo hace en forma de alimentos o expresamente para acceder a los mismos.

Por último, los resultados del estudio arrojan que un 4% de hogares declara no sufrir inseguridad alimentaria y recibe alimentos o ayuda para comprarlos (alrededor de 1,9 millones de personas).

Un planeta sostenible

El estudio pone de relieve la importancia de acceder no solo a una cantidad suficiente de calorías y nutrientes, sino que alimentarse de forma sostenible implica el disfrute de vidas sanas y dignas, y también es una herramienta para atajar los retos ecológicos actuales y generar prosperidad, salud y justicia social.

“Las diferentes crisis (económicas y sanitaria) han afectado a la capacidad adquisitiva de las familias que no pueden acceder a la variedad alimentaria, produciendo cambios en los comportamientos alimentarios individuales, familiares y sociales y a las formas de producción, distribución, obtención, preparación y consumo de alimentos en todos los eslabones del sistema alimentario global”, enfatiza Claudia Rocío Magaña-González, coautora de este estudio, quien expresa que, especialmente, “han afectado a la experiencia misma de llevar una vida digna”.

El informe señala cómo la inseguridad alimentaria es un problema estructural que necesita un abordaje integral, a través de acciones políticas y sociales que pongan la mirada en conseguir una alimentación sostenible, es decir, producir, transformar, distribuir, adquirir y consumir alimentos de forma que beneficie a las personas, al planeta y a los territorios.

Comentarios