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La nueva ley de servicios sociales busca la cohesión entre autonomías

El anteproyecto de ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y ahora espera la luz verde en el Congreso y el Senado, aunque desde el tercer sector se reclama una mayor consideración para sus organizaciones de acción social.

Aunque todas las comunidades autónomas cuentan desde hace años con sus propias normativas regionales de servicios sociales, el Gobierno central ha sentado las bases para poner en marcha la primera ley nacional de la democracia relacionada con este ámbito. Una reforma que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que, según la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, intenta acabar con las inequidades existentes en el acceso a estos servicios entre las distintas autonomías.

Tras plantear un borrador sometido a consulta pública, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales que debería llegar a Congreso y Senado antes de las próximas elecciones generales que, a priori, se fijarán para finales de este año si no hay cambios reseñables.

Así lo esperan, al menos, muchos de los representantes de organizaciones relacionadas con este ámbito, así como profesionales implicados, como los psicólogos, a los que también afectará esta normativa. Algunos de ellos han hablado con Revista Haz sobre cómo el texto regulatorio viene a dar cohesión y a intercomunicar a las 19 leyes autonómicas ya existentes.

“Las competencias están y van a seguir estando en manos de las comunidades autónomas, pero va a suponer que ciertos elementos puedan ser regulados a nivel estatal, como la gestión de la información y la comunicación dentro de los propios servicios sociales. Es básico y de gran importancia que todos tengan un lenguaje similar, que sea homologable entre unos y otros”, indica Carlos Susías, presidente de la European Anti Poverty Network (EAPN) en España y Europa.

Según Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y secretaria del Patronato de la Fundación Cermi Mujeres, la versión aprobada por el Consejo de Ministros incluye un catálogo común de servicios sociales en todo el territorio y una historia única digital incluida en un sistema de información común, al que se pueda acceder desde cualquier región y que termine con laberintos burocráticos en caso de movilidad de las personas que reciben ayudas.

De hecho, quienes se desplacen a otras comunidades autónomas tendrán derecho a mantener los servicios y prestaciones esenciales, sin pasar de nuevo por largos procesos de papeleos y concesiones. Es más, con la aprobación de la nueva ley se eliminaría el requisito de empadronamiento para acceder tanto a los servicios sociales como a las prestaciones del catálogo común.

Quienes se desplacen a otras comunidades autónomas tendrán derecho a mantener los servicios y prestaciones esenciales, sin pasar de nuevo por largos procesos de papeleos y concesiones.

“Por otra parte, el artículo 18.4 deja claro que habrá ayudas de emergencia a las familias que lo necesitan. Es decir, que no van a estar sujetos a un procedimiento de ley de subvenciones ni nada por el estilo. Son urgencias, lo que significa que no pueden esperar ni estar tres meses dando vueltas a criterio del funcionario de turno”, añade Susías.

La llamada del tercer sector

A pesar de los aspectos positivos que traería esta normativa, algunas voces creen que no tiene en suficiente consideración a las organizaciones del tercer sector. “Se excluye a las entidades que prestan apoyos en el marco de subvenciones o convenios. Muchas de las asociaciones y fundaciones de nuestro entorno se verán afectadas y no se entiende que se haya optado por una fórmula que deja fuera servicios que forman parte de las redes de servicios sociales de las comunidades autónomas”, asegura Raquel Manjavacas Blanco, gerente de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis).

Algo similar opina la portavoz de Cermi, para la que los recursos, servicios y prestaciones de carácter social de las entidades del tercer sector de acción social deberían tener la misma consideración que los sistemas públicos de servicios sociales dentro de su red integrada. “Se reconoce, de acuerdo con lo recogido en la Ley 43/2015, de 9 de octubre y en las correspondientes normas autonómicas, como agente integrante y actor colaborador de los sistemas públicos de servicio sociales a las entidades del tercer sector de acción social”, recuerda Villarino.

Desde la organización que representa también se apuesta por incluir en la ley la regulación de un Consejo Estatal de Servicios Sociales “como órgano de participación, diálogo y consulta de la Administración del Estado con todos los actores relevantes del sistema público de servicios sociales, a escala estatal, en el que se institucionaliza y canaliza la cooperación entre las instancias públicas, sociales y civiles para el seguimiento de lo dispuesto en esta ley”.

Cermi pide la creación de un Fondo Estatal de Solidaridad Social dotado con 3.000 millones de euros y un Consejo Estatal de Servicios Sociales para reforzar la coopración entre las instancias públicas y sociales.

Y abogan por la creación de un Fondo Estatal de Solidaridad Social dotado con 3.000 millones de euros “como aportación extraordinaria del Estado destinada al mejor despliegue de los mandatos de esta Ley en relación con el fortalecimiento de los sistemas públicos de servicios sociales”. Y que, anualmente y sujeto a los Presupuestos Generales del Estado, contará con una cantidad análoga para cada ejercicio hasta el horizonte 2030 “como parte del esfuerzo inversor del Estado en materia social”.

Profesiones implicadas

Además de la transformación que va a supones esta regulación dentro del ámbito de los servicios sociales públicos, también va a plantear novedades para determinados profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales o animadores. “Algunos colegios profesionales se están implicando mucho en la elaboración de esta regulación, que apuesta por la constitución de nuevos equipos multidisciplinares”, comenta Carlos Susías.

“La ley pretende impulsar la atención personalizada ampliando las funciones de un equipo interdisciplinar que incluye la figura del psicólogo lo que, por tanto, refuerza la importancia que se debe dar a la salud mental. Agilizar y modernizar los procedimientos, hacer una red integrada para todo el territorio español… Si realmente se cumplen estos objetivos, redundará en beneficio de los usuarios y, por tanto, de la población en general”, opina Jesús Jiménez Cascallana, psicólogo especializado en psicoterapia clínica y educación.

Es además cofundador del Centro de Psicología e Introspección junto con la psicoterapeuta María Ibáñez Goicoechea, según la cual, la experiencia de este tipo de profesionales puede ser un valor añadido a la hora de definir los detalles que darán forma a la ley definitiva en el futuro. “A lo largo de nuestra carrera hemos tratado a profesionales del sector de servicios sociales cuya salud mental se veía afectada por tener que afrontar situaciones muy complejas con una evidente falta de recursos. Hablamos de situaciones difíciles, duras desde el punto de vista humano, como el trato con adolescentes en casas de acogida provenientes de familias desestructuradas con escaso personal y falta de apoyo”.

Desde su punto de vista, se podrían diseñar también estrategias formativas para estos profesionales que les dotasen de formación específica para resolver retos psicológicos como episodios de estrés, cansancio mental o el afrontamiento correcto de las emociones. “O incluso para reflexionar de forma eficaz y fomentar, tanto entre los usuarios como entre los profesionales, la calidad de vida emocional y psicológica”.

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