La AEF pide a la Junta de Extremadura mejoras en el marco regulador de las fundaciones
La Asociación Española de Fundaciones (AEF) solicita a la Junta de Extremadura una serie de mejoras para el sector fundacional, entre las que se encuentran:
– Racionalizar la actividad administrativa sobre el sector fundacional y mejorar su transparencia. Para ello proponen la creación de un protectorado único en aquellas comunidades donde aún no exista y modificando los decretos que regulan el funcionamiento de los protectorados.
– Dotar de autonomía al sector y poner en el centro de la supervisión la rendición de cuentas anual. Proponen sustituir el sistema de control ex-ante por un sistema ex-post.
– Promover la participación de la sociedad civil e incrementar la financiación privada, con deducciones fiscales.
La reunión con Francisco Gómez Mayorga, secretario general de Administración Pública de la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura, ha tenido lugar en la sede de la Secretaría General y en ella los representantes de la AEF han expuesto a Gómez Mayorga las necesidades de un sector que beneficia a 169.969 extremeños, emplea a 1.123 personas, y representa en la Comunidad Autónoma de Extremadura un Valor Añadido Bruto (VAB) de 72 millones de euros.
“Necesitamos simplificar procedimientos, promover la participación de la sociedad civil, hacer del registro de fundaciones uno de los principales instrumentos de transparencia y contribuir a incrementar la financiación privada de las entidades sin fin de lucro, mediante la implementación de deducciones en el tramo autonómico del IRPF por donaciones realizadas a entidades sin fin de lucro acogidas a la Ley 49/2002.”, ha afirmado Rosa Gallego, directora de la AEF.
Este encuentro se enmarca dentro de una serie de actividades que la Asociación Española de Fundaciones está llevando a cabo en diversas comunidades autónomas para que se pongan en marcha propuestas políticas concretas que fomenten la mejora y estabilidad de un sector clave en la economía y desarrollo del país.
El objetivo es defender los intereses de las fundaciones, mantener una interlocución directa con la Administración autonómica, fortalecer y articular el sector fundacional en las diferentes autonomías y de recibir, de manera más próxima, los servicios de la Asociación.
