“El nuevo modelo de concesión de subvenciones está basado en el pago por resultados”

HAZ24 febrero 2014

Concepción Dancausa lleva trabajando en la administración pública desde hace más de treinta años. En 1991 fue nombrada subdirectora general de organizaciones no gubernamentales y subvenciones en el Ministerio de Asuntos Sociales y cinco años después, el 17 de mayo de 1996, tras el acceso al Gobierno del Partido Popular, Javier Arenas, a la sazón ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la nombró directora general del Instituto de la Mujer.

El 5 de mayo de 2000 fue nombrada secretaria general de Asuntos Sociales. Entre 2003 y 2008 asumió el cargo de presidenta de la Asamblea de Madrid. En junio de 2009, fue nombrada concejala de Familia y Asuntos sociales en el Ayuntamiento de Madrid, y desde diciembre de 2011 lo es de Hacienda y Administración Pública y primera teniente de alcalde de Madrid en el consistorio presidido por Ana Botella.

En el año 2011 decidió impulsar la creación de una Oficina de Innovación Social, adscrita inicialmente al área de Familia y Asuntos Sociales y, posteriormente, al área de Hacienda y Administración Pública.

No es fácil encontrar una persona con una experiencia tan amplia y variada en la administración pública. Revista Haz ha querido entrevistarla en este número 50, dedicado a la innovación, para pedirle que comente varias de las medidas impulsadas por la Oficina de Innovación Social y anticipe algunos de los proyectos futuros.

Hace dos años, siendo delegada de Familia y Asuntos Sociales, tomó la decisión de poner en marcha una Oficina de Innovación Social. ¿Por qué? Si hay algún sector más reacio a la innovación es precisamente la administración pública en la que todo está regulado y, por naturaleza, la actividad que se desarrolla es poco amiga de innovar y asumir riegos. ¿Cuáles fueron los motivos?

Hace 500 años, Maquiavelo escribió algo que todavía hoy podemos suscribir: «No hay nada más difícil de planificar, nada con un éxito más incierto ni más peligroso de gestionar que la creación de un nuevo orden de cosas». Es verdad. Cinco siglos después, sigue resultando complicado adoptar una nueva idea, un nuevo enfoque, incluso cuando este aporte beneficios evidentes. Y es cierto que en las administraciones públicas resulta especialmente difícil introducir cambios.

Pero también es cierto que en un mundo tan competitivo como el nuestro, la innovación es una necesidad ineludible, y que las administraciones nos hemos encontrado ante la necesidad de adaptarnos a una realidad en la que las demandas de los ciudadanos crecen mientras los recursos disminuyen.

A esto hay que unir el hecho de que hay muchos retos, como la lucha contra la pobreza, la exclusión social, el desempleo o los riesgos medioambientales, que no hemos logrado solucionar con las fórmulas aplicadas tradicionalmente.

En este contexto, en el Ayuntamiento de Madrid entendimos que era necesario buscar nuevas aproximaciones a necesidades no cubiertas, o cubiertas de forma insuficiente.

Y así empezamos a pensar en la conveniencia de trabajar en la línea de la innovación social, un concepto que la Unión Europea defiende en su Estrategia 2020 como «una potente herramienta para abordar los desafíos sociales que plantea el envejecimiento de la población, la pobreza, el desempleo, los riesgos medioambientales, los cambios en las costumbres laborales y personales, y las expectativas de los ciudadanos con respecto a la justicia social, la educación y la atención sanitaria».

Entendimos que la innovación social era el camino adecuado para el Ayuntamiento, porque se apoya en dos conceptos fundamentales para nosotros: la colaboración entre los agentes públicos, privados y el tercer sector, puesto que parte de la convicción de que la mejor forma de resolver los problemas es aprovechando las fortalezas de cada uno; y la eficiencia, porque el objetivo de esas nuevas fórmulas es lograr un mayor impacto utilizando menos recursos.

Así nació la Oficina de Innovación Social del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es desarrollar un sistema de colaboración con la sociedad civil que favorezca la generación de ideas y la ejecución de iniciativas innovadoras para resolver las necesidades sociales de la ciudad de Madrid.

La Oficina de Innovación Social nació adscrita al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, sin embargo, cuando usted fue designada delegada de Hacienda y Administración Pública decidió transferirla a Hacienda. ¿Cuáles fueron las razones?

Es cierto que, en un principio, la Oficina de Innovación Social del Ayuntamiento de Madrid nació como un proyecto del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales. Sin embargo, su desarrollo y, sobre todo, el contacto con iniciativas análogas de otros países y ciudades, nos han demostrado que es conveniente extender su proyección a todos los ámbitos de actuación municipal.

Con esta idea de darle un carácter más transversal, la oficina quedó integrada, tras la última reestructuración del Ayuntamiento, en el Área de Economía, Hacienda y Administración Pública, que es la encargada de garantizar la sostenibilidad de las cuentas, la que tiene capacidad para impulsar la simplificación administrativa en beneficio de la actividad empresarial y la que promueve el desarrollo económico de nuestra ciudad y la creación de empleo.

De esta forma, la oficina ha seguido trabajando en sus proyectos de contenido social, pero también ha podido desarrollar otras líneas de actuación muy importantes, como el proyecto de pago por resultados en las subvenciones o la colaboración con Madrid Emprende para impulsar el emprendimiento social como motor de desarrollo económico, a través de proyectos innovadores que aporten valor social.

concepcion_dancausa_javier_cavanna

Uno de los motivos que impulsó la creación de la Oficina de Innovación Social y Participación Ciudadana adscrita a la Casa Blanca fue tratar de incentivar la colaboración con el sector privado, empresas y ONG.

Estoy convencido de que muchas empresas desearían colaborar con el Ayuntamiento de Madrid en sus programas y actividades sociales, pero, cuando hablo con ellos, me transmiten que se siguen topando con mecanismos muy rígidos y burocráticos. ¿Cómo se podría avanzar en una colaboración más eficaz y, sobre todo, flexible entre el sector público y el sector privado?

Somos conscientes de que todavía existe una carga burocrática importante, pero estamos trabajando por reducirla y facilitar al máximo las relaciones de los ciudadanos y las empresas con el Ayuntamiento. Para el Ayuntamiento, es prioritario fomentar la colaboración público-privada.

Dos ejemplos de esta voluntad son la Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de Actividades Municipales del Ayuntamiento de Madrid y el Foro de Empresas por Madrid.

La Ordenanza de Patrocinios Privados se aprobó hace apenas un año para optimizar la colaboración de la administración municipal con el sector privado.

En 2013 también se constituyó el Foro de Empresas por Madrid, un modelo transversal innovador de participación empresarial que va a reforzar el intercambio de ideas entre el Ayuntamiento de Madrid y el tejido empresarial madrileño.

Aunque dos años es poco tiempo para hacer balance del trabajo de la Oficina de Innovación Social, ¿qué destacaría en este tiempo y cuáles son los principales retos y objetivos para los próximos años?

Creo que podemos hacer un buen balance. Por una parte, hemos iniciado la senda para poner en marcha un nuevo sistema de colaboración público-privada, promoviendo un diálogo intenso con numerosas organizaciones e instituciones, emprendedores sociales, ONG, instituciones del tercer sector, universidades e institutos de innovación.

Un segundo objetivo importante en el que hemos avanzado ha sido la evaluación y medición del impacto social. Hace dos años, organizamos unas Jornadas sobre la Evaluación de la Calidad y Eficiencia en los programas de intervención social, en las que participaron expertos internacionales, que nos sirvieron para abordar nuevas medidas para mejorar la eficiencia de los programas, como el pago por resultados.

El resultado ha sido la puesta en marcha de un modelo nuevo de concesión de subvenciones que, sin duda, marca un hito en la forma de entender estas ayudas.

Otra línea de trabajo ha sido el apoyo al emprendimiento social. En estos momentos, estamos colaborando en dos proyectos interesantes: uno con la asociación Ueia para el desarrollo de un programa formativo de apoyo a los emprendedores y al tercer sector, y otro con la Fundación Telefónica, Think Big, dirigido a jóvenes de entre 15 y 25 años.

En el futuro inmediato, entre otros, nos hemos marcado el reto de promover la innovación y la participación interna, dentro del Ayuntamiento, pues estamos convencidos de que es mucho el talento que podemos aprovechar para mejorar las políticas y las actuaciones municipales.

Usted ha sido la delegada de Familia y Servicios Sociales, un área tradicionalmente dedicada a ejecutar el gasto de las políticas sociales. Ahora, como delegada de Hacienda y Administración Pública, es la responsable de controlar y supervisar el gasto. ¿Cómo se ven los toros desde esta nueva barrera? ¿Qué ha aprendido en estos dos años al frente del Área de Hacienda?

He aprendido mucho, pero no la obligación de ser eficientes en el gasto, porque siempre he entendido que así debía ser. En todo caso, estos dos años al frente del Área de Hacienda han coincidido con una época muy difícil para la economía española. Hemos tenido que hacer un importante ajuste para garantizar la sostenibilidad de las cuentas municipales.

Desde esta nueva «barrera», he comprobado cómo las administraciones tenemos que acostumbrarnos a gestionar recursos cada vez más escasos. Otro asunto que me ha importado siempre, y ahora especialmente, es la necesidad de simplificar la burocracia para facilitar al máximo la relación de los ciudadanos y las empresas con el Ayuntamiento.

Hace unos meses se aprobó una reforma que ha pasado desapercibida y que, sin embargo, implica una innovación radical en la manera de enfocar la financiación de las políticas públicas; me refiero al decreto que aprueba las nuevas directrices para la tramitación y concesión de subvenciones.

Ese decreto ha sentado las bases por primera vez en España hacia un modelo de «pago por resultados» (Vid. Las 10 iniciativas sociales más innovadoras 2013). ¿Cuáles han sido los motivos de esa decisión?

El Ayuntamiento de Madrid concede subvenciones para el fomento de actividades en ámbitos diversos como la vivienda, la educación, la cultura, la participación ciudadana, la acción social, el deporte, el medio ambiente, el comercio… En 2013, destinamos 40 millones de euros a subvenciones.

A todos nos interesa conocer el impacto real de los proyectos subvencionados. Por eso nos planteamos diseñar un nuevo modelo de concesión de subvenciones basado en el pago por resultados, que nos permite, en línea con la Ley de Subvenciones, ser más eficaces y eficientes, ya que nos da la posibilidad de comprobar su impacto y mejorar la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados.

La Oficina de Innovación Social emite ahora un informe preceptivo, que determina la eficiencia en la asignación de recursos en la concesión de esa subvención. Creo que aquí hemos logrado un avance importante.

Muy probablemente la aplicación de la nueva normativa se encontrará con resistencias, tanto internas entre los funcionarios, pues supone una manera diferente de hacer las cosas, como externas, ya que la mayoría de las ONG carecen de los conocimientos y de los recursos para evaluar sus programas.

¿No cree que esta normativa podría caer en saco roto si no se acompaña de medidas complementarias como la formación, interna y externa, en metodologías de evaluación o incluyendo en las convocatorias de subvenciones, como en su día hizo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), una partida específica para facilitar la evaluación a las ONG?

Tiene razón. La formación, tanto de los funcionarios que gestionan las convocatorias como de los solicitantes de subvenciones, es importante para lograr, entre todos, los objetivos de eficiencia que nos hemos marcado.

En nuestro caso, para facilitar el conocimiento y aplicación de este nuevo procedimiento, a lo largo de 2013 hemos impartido un programa formativo para los funcionarios y hemos creado un espacio de subvenciones en la intranet municipal, donde se puede consultar no solo la normativa vigente sino también una guía para la elaboración de proyectos que hemos creado para orientar a los solicitantes de subvenciones.

También hemos llevado a cabo sesiones formativas para las entidades sociales y las asociaciones.

Como enseña la historia, las crisis económicas siempre han sido periodos muy fecundos desde el punto de vista de la innovación social y, ciertamente, las organizaciones del tercer sector estaban necesitando desde hace tiempo una reconversión.

Ahora bien, ¿no cree que ha faltado por parte de los organismos de la administración pública reflejos, no tanto para recortar el presupuesto como para acompañar a las organizaciones del tercer sector en esta travesía por el desierto con ayudas focalizadas en fortalecer su capacidad de gestión y sostenibilidad económica?

Durante este último año, las ONG y entidades sociales han elaborado varios estudios de diagnóstico sobre los graves problemas que han surgido con la crisis económica. Se trata de problemas que, como usted señala, están relacionados con la reducción de subvenciones públicas y el incremento de la población en riesgo de exclusión social.

En mi opinión, las organizaciones sociales afrontan dos retos clave: el primero, explicar el valor social y económico que aportan, para lo cual necesitan medir el impacto social y económico de sus actividades. El segundo, la necesidad de buscar fórmulas que les permitan mantener cierto nivel de autofinanciación.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, vamos a tratar de apoyarles en esos dos objetivos. En ese sentido, uno de nuestros proyectos es dar a conocer nuevas fórmulas de autofinanciación de entidades sociales, como es el caso de iniciativas de la economía social desarrolladas por ONG.

@jmcavanna

CEnumero50

Comentarios

  1. Se nota que en la definición de este sistema de fiscalizar las subvenciones con pago por resultados no se ha tenido en cuenta la realidad ni de las organizaciones del tercer sector, ni el funcionamiento de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid:
    Me explico, en líneas generales esto funciona de la siguiente manera.

    Una entidad social presenta un proyecto a una convocatoria de subvenciones del ayuntamiento de Madrid.
    El proyecto X comprende 10 acciones, con las que se atiende a 500 personas y cuesta 100.000 euros.
    El ayuntamiento concede 10.000 euros con lo que la entidad tiene que ajustar el proyecto a esa cantidad y lo ajusta haciendo 1 acción con la que se atiende a 50 personas.

    El pago por resultados viene a decir que:
    – Si con esa acción por lo que sea solo atienes a 40 personas te reducimos la parte proporcional de lo que te hemos dado, es decir te damos solo 8.000 euros (primer error, esto solo tiene en cuenta el resultado, no el coste que ha tenido la actividad).

    – Por el contrario, si con esa acción atiendes a 60 personas, el ayuntamiento no te aumenta la subvención a 12.000 euros por haber conseguido mejores resultados, sino que «eso es cosa tuya» (esto pone en duda que se busque la eficiencia y eficacia del dinero destinado).

    – Recordamos. El proyecto original cuesta 100.000 euros e incluía 10 acciones.
    Lo que ocurra con las otras 9 no le interesa al ayuntamiento, es decir, si en la actividad financiada para la que habías previsto atender a 50 usuarios, por las circunstancias que sea (luego explico esto)atiendes a 40, y en las otras 9 acciones con las que habías previsto atender a 450 personas, consigues atender a 900, la financiación que recibirás será de 8.000 euros, aunque el verdadero impacto del programa global finalmente sea un aumento de los destinatarios en un 1.000 %.

    Aunque habría muchas cosas más que comentar y que demuestran la incongruencia de este planteamiento, cabe destacar, sobre todas las demás la siguiente:

    – Fecha de concesión de la subvención.
    Esta practica incomprensible es habitual en todas las administraciones publicas si bien es mayor o menor en unas que en otras.

    La subvenciones se orientan a financiar proyectos que se desarrollen en un año natural, es decir desde el 1 de Enero al 31 de diciembre, pero las convocatorias de subvenciones no suelen salir hasta el segundo trimestre del año, por ejemplo en el mes de Mayo, y tardan unos 3 meses en resolverse, nos plantamos en Septiembre. Como en el 99,9 % de los casos la financiación es inferior a la cuantía concedida, te piden que reformules el proyecto ajustándolo a la nueva cantidad, pero sin salirte de lo que planteaste en Mayo. Pongámosle un mes entre el periodo para presentar la reformulación y la aprobación por parte del Ayuntamiento, nos plantamos en octubre.

    Hasta el mes de octubre no sabes el dinero del que vas a disponer para ejecutar un proyecto que comenzaba en Enero y que termina en diciembre.
    No hace falta explicar a todo el mundo que en algún momento ha gestionado un proyecto, lo que esto implica.

    Pues bien, esta es la realidad y en el contexto con el que hay que contar cuando se plantea algo, me gustaría que alguien me explicara el sentido que tiene el sistema por resultados.

    Espero haber sido lo suficientemente clarificador.

    Un saludo a todos