Apoyo unánime de los partidos políticos a un pacto por la integridad y contra la corrupción
Transparencia Internacional España ha pedido a los partidos políticos, en primer lugar, un claro respeto social y a la voluntad de los ciudadanos que, desde hace tiempo, vienen demandando acabar con la corrupción en los propios partidos y en las instituciones públicas, y por otra parte, que tengan voluntad de acuerdo para hacer realidad un pacto político por la integridad y contra la corrupción, después del 20 de diciembre, independientemente de quien gane las elecciones.
Durante la celebración de una mesa redonda, el presidente de TI‐España y moderador del acto, Jesús Lizcano, les hizo esta petición a los representantes de los partidos políticos invitados al acto, y les preguntó a todos ellos sobre sus propuestas electorales en tres aspectos concretos: regeneración democrática, transparencia y lucha contra la corrupción.
Respecto a la regeneración democrática, Eva Abril, candidata al Senado por Ahora en Común (Izquierda Unida) dijo que no se da de manera natural en casi ningún partido, que son partidarios de eliminar el Senado y que no se pueda ser candidato más de dos legislaturas, con ampliación a una tercera en determinados casos.
Además pidió una Ley Anticorrupción, endurecer las penas, que se controle el enriquecimiento ilícito, 30 años de inhabilitación de cargo público a los corruptos y que devuelvan el dinero.
Por su parte, Julio Lleopart, diputado del Congreso por Unión Progreso y Democracia, se mostró partidario de que la regeneración democrática debe aplicarse en los partidos y ser ejemplarizante. No pueden ir imputados en las listas, y si lo fueran después de ser elegidos, deben de dejar inmediatamente el cargo. Pidió hacer un pacto antitransfuguismo, suprimir los aforamientos y despolitizar la televisión pública y la Justicia.
«Falta entender cómo la corrupción afecta al bolsillo de todos, no llega bien a la ciudadanía y la falta de transparencia lleva a la corrupción», añadió Lleopart. «Hay que dar mayor publicidad a los sueldos, perseguir la malversación imprudente de caudales públicos, y proteger a los funcionarios que puedan denunciar delitos de corrupción», concluyó.
Miguel Ongil, diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos, manifestó la necesidad de una Justicia independiente y erradicar la corrupción para alcanzar una calidad democrática necesaria; eliminar los privilegios de la clase política, y que los ciudadanos conozcan en qué se gasta su dinero y solucionar los problemas territoriales.
La desigualdad es causa de la corrupción, para Ongil. En su intervención pidió acabar con la impunidad de los delitos de corrupción, los indultos y los aforamientos, e inhabilitar a los corruptos y proteger a los denunciantes. También, abogó por limitar el endeudamiento de los partidos y limitar las donaciones, teniendo que hacerse públicas las que superen los 5.000 euros.
Pidió, además, la tipificación de los delitos de corrupción, una ley de cuentas, y controlar las cuentas por parte de los ciudadanos.
Dolores González, diputada de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, por su parte, abogó por el reconocimiento de la transparencia como un derecho fundamental; alertó sobre la invasión de la politización en las instituciones públicas y en el Poder Judicial, y pidió más transparencia en las cámaras regionales y en la financiación autonómica, así como la limitación de los mandatos y la regulación de los lobbies.
«Hay que eliminar las barreras de entradas para pedir información y publicar las agendas de los políticos para saber con quién se reúnen», señalaba.
El representante del PSOE, el senador Ignacio Urquizu, pidió respeto hacia las instituciones; más dinamización en las comisiones de investigación; limitación de los mandatos del presidente;
democratización interna de los partidos, y medios de comunicación de calidad, especialmente los públicos.
Además pidió medidas para la transparencia y contra la corrupción; protección a los funcionarios que denuncian estos casos; que los corruptos respondan con sus bienes e inculcar valores en el sentido educativo para prevenir la corrupción.
Finalmente, Agustín Conde, en representación del PP, manifestó que en España «no hay baja calidad democrática, sino al contrario, es una de las grandes democracias del mundo». Afirmó que la corrupción es un problema que ha afectado a España y que hay que combatirla poniendo ante la justicia al que delinca y aprobando medidas, como ha hecho el Gobierno, que hagan cada vez más difícil que se puedan cometer estos actos. No se pueden condonar ya las deudas de los partidos ni tener préstamos más bajos que la media del mercado, concluyó.
Transparencia Internacional España ha elaborado una serie de medidas para evaluar el grado de compromiso electoral contra la corrupción de los partidos, que valoraron, en general, muy positivamente los partidos asistentes.
Las 10 medidas son:
1. Reforma de la legislación electoral para bloquear las listas cerradas de los partidos.
2. Publicación de la liquidación de gastos e ingresos electorales (en los 3 meses siguientes a las elecciones).
3. Retención de toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
4. Cumplir estrictamente las recomendaciones sobre transparencia financiera del Consejo de Europa (Greco).
5. Prohibición legal de las donaciones de empresas (u otras personas jurídicas) a los partidos.
6. Debate parlamentario anual sobre aquellos partidos políticos que estén en situación económica de quiebra.
7. Una Ley de protección al denunciante de corrupción, fraude, abuso o despilfarro.
8. Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados.
9. Limitación al máximo de la concesión de indultos, excluyendo, en todo caso, los delitos por corrupción.
10. Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.
Finalmente, Lizcano les pidió a todos los representantes de los partidos que participaron en la mesa redonda, que se pronunciaran sobre la voluntad de realizar un gran pacto político por la integridad y contra la corrupción, después del 20-D, y todos respondieron afirmativamente y apoyaron la firma de dicho pacto.