“En México, el gobernante buscará hasta el último minuto no dar información”

La organización internacional Open Government Partnership, la coalición entre gobiernos y la sociedad civil para promover la transparencia y el gobierno abierto en el mundo, celebró su tercera cumbre en la capital de México la última semana de octubre.

Durante los tres días que duró este encuentro de más de 2.000 personas, el Distrito Federal mexicano se llenó de ideas, proyectos y planes para los próximos cuatro años con el fin de implementar los planes de acción para abrir los gobiernos de sus miembros a la sociedad.

En este sentido, el país anfitrión de la cumbre aprobó su ley de transparencia en 2002 y es una de las mejor valoradas por en el ranking internacional Global Right to Information Rating, realizado por las organizaciones Access Info y Centre for Law and Democracy. Obtiene 117 puntos de los 150 posibles, lo cual la sitúa en el puesto noveno de las 102 leyes de transparencia y acceso a la información pública que existen actualmente en el mundo.

Sin embargo, las noticias que llegan desde México hacen pensar que esta norma no funciona correctamente. La corrupción en el país norteamericano se basa principalmente en el soborno a funcionarios públicos de todos los ámbitos y las implicaciones de dirigentes políticos en redes de narcotraficantes o con el crimen organizado.

Según la ONG Transparencia Mexicana, los ciudadanos gastan el 14% de su sueldo anual en “mordidas”, sobre todo para agilizar trámites burocráticos, lo cual impide que las leyes se cumplan según el marco del Estado de derecho y la administración funcionen correctamente.

Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha participado desde el inicio en temas de acceso a la información en México y actualmente continúa trabajando en sus diversas variantes del gobierno abierto, la protección de datos personales y los archivos públicos, desde la perspectiva legal y sociológica de las tecnologías de la información (TIC).

Revista Haz habla con él para conocer la experiencia del país latinoamericano en términos de transparencia y rendición de cuentas, para saber qué funciona, qué falla y qué se puede esperar del futuro.

¿Cómo describiría actualmente la concienciación de los poderes públicos en México con respecto a la transparencia? ¿Se cumple con la ley?

No, existe cierto consenso sobre la importancia de tener la transparencia en la agenda de las relaciones públicas, pero la ley se cumple lo mínimo que es posible; aunque eso sí, hay una gran campaña publicitaria sobre la transparencia como si fuera un producto comercial, pero de ahí a que se aplique, hay una gran distancia.

¿Cuáles son los principales problemas que tienen los ciudadanos mexicanos a la hora de acceder a la información pública?

El principal problema parece ser la burocracia. Cuando los ciudadanos mexicanos solicitan información se enfrentan a largos procesos para obtenerla, con estrategias que intentan desanimar al solicitante con frases como “no entiendo su solicitud, vuélvala a presentar”, “la información es inexistente”, etc.

A nivel de Latinoamérica, ¿qué país considera más avanzado en términos de implementación de la transparencia?

Chile, sin duda. Porque a pesar de que su ley no es la mejor, sí existe una cultura por el Estado de derecho y la rendición de cuentas que forma parte de la transparencia, la cual tuvo una buena acogida en la sociedad chilena. Sin embargo, esto en México no existe, no hay un apego al Estado de derecho y sí hay un gran problema con la ausencia de una cultura de la transparencia.

¿Hacia dónde cree que avanzará el camino de la transparencia en las sociedades latinoamericanas: los responsables públicos y políticos se acostumbrarán a dar información o buscarán fórmulas para evitar esta obligación?

El gobernante buscará hasta el último minuto para no dar información, salvo que esto tenga un alto coste político. Se acostumbrarían si hubiera educación en el tema, pero no existe porque se entiende que un ciudadano formado es un ciudadano peligroso para la reproducción autoritaria del poder. Por esta razón, se realizan miles de talleres y conferencias, pero no se busca interesadamente resolver el tema de fondo: la educación.

¿Por qué los gobernantes se resisten a dar información a la ciudadanía?

En el mejor de los casos, por no abandonar su zona de confort. También por la percepción de que la información le pertenece al funcionario que la generó y por la cultura de la corrupción. El mundo ideal de un gobernante mexicano es tener la imagen pública de estar comprometido con la transparencia lo máximo posible, a cambio de entregar la mínima información necesaria.

¿Cómo afectarán las TIC a los sistemas democráticos? ¿Servirán para mejorar su calidad?

Por sí solas las TIC no generarán el cambio, son una herramienta que requiere contenidos y  necesita ser aprovechada para socializar el conocimiento, para contagiar prácticas democráticas y, en ese sentido, poco a poco se va avanzando. El uso de las redes sociales aunque no sustituye a los medios tradicionales en el día a día, tiene un mayor impacto en la formación de la opinión pública. Los programas educativos gratuitos europeos y de Estados Unidos sobre las distintas temáticas son un mecanismo novedoso y útil para inocular conocimiento y generar interés en la sociedad.

Según la experiencia en México, y otros países con leyes de transparencia más antiguas que la española, ¿se puede afirmar que este tipo de leyes son eficaces contra la corrupción?

No necesariamente. La Ley de transparencia es un ingrediente para combatir la corrupción, pero no combate la corrupción por sí sola. En México, ha tenido un efecto paradójico, casos de información que se hace pública, pero que no pasa nada, no hay consecuencias negativas para quien viola la ley, por lo que en México perdura la impunidad, permitiendo que la transparencia sea sólo una apariencia y que el cinismo impere en el combate contra la corrupción.

Esto sucede porque tanto la fiscalía, como el equivalente al Tribunal de Cuentas, son designados por los propios investigados, lo que genera en sí mismo un acto de corrupción, debido al conflicto de intereses.

¿Qué factores determinan que el ciudadano asuma o no la transparencia como una nueva responsabilidad en el sistema democrático?

En México es la educación. Si no se cambia este tema las cosas no van a cambiar. La sociedad no sabe para qué sirve la transparencia y considera que es un asunto de algunos pocos, lo que en efecto pasa en México; los solicitantes reales representan menos del 5% de los solicitantes posibles por este desinterés.

¿Cree que los países que no inicien el camino de la transparencia acusarán el agotamiento de sus sistemas democráticos?

Sin duda; aunque sea formalmente deben avanzar por razones de exigencia, no sólo democrática, sino también por ajustarse a las buenas prácticas de los organismos internacionales, particularmente en los financieros, como el Banco Mundial, por ejemplo.

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