"Legitimidad social y transparencia son las principales herramientas de los directores de asuntos públicos"

El sector de los asuntos públicos gana cada vez más peso dentro de la estructura de las empresas en España, pero necesita de mayor homogeneidad metodológica y mayor proactividad para consolidarse y afianzarse en su camino hacia la profesionalización.

Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del primer informe sobre Gestión estratégica de los asuntos públicos en cotizadas españolas y extranjeras en España, realizado por el VIPA -Vinces Institute for Public Affairs- y presentado hoy en la sede de la CEOE.

En el marco de esta presentación, Elena Herrero-Beaumont, directora del VIPA, habla para Revista Haz de la función de los responsables de los public affairs y el papel de la transparencia.

Existe una gran prevención contra los responsables de los public affairs o directores de relaciones institucionales porque su actividad se sigue percibiendo como un “cabildeo”, dirigida a conseguir beneficios bajo cuerda. ¿Cómo se puede romper esa imagen? ¿Qué papel podría jugar la transparencia para cambiarla?

La Constitución reconoce en su artículo 23.1 el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. El grado de participación en los asuntos públicos es un rasgo de madurez democrática. Más allá de los ciudadanos, las empresas, como principales generadoras de riqueza en una sociedad, deben estar legitimadas para vehicular dicha participación. Así lo reitera desde hace años la OCDE, que estableció una serie de principios para regular la legítima participación de las empresas en el proceso de toma de decisiones.

Los decisores públicos argumentan que su principal función es la defensa del interés general frente a los intereses corporativos privados. Y es correcto, pero la evidencia demuestra que el interés general es el resultado de la competencia de un buen número de intereses privados. Sin esa tensión entre intereses, es imposible llegar al concepto abstracto de interés general.

En el contexto actual de empoderamiento ciudadano y social, de tecnología y de redes, dichos intereses corporativos deben gozar de una mínima legitimidad social para poder ejercer una influencia política. Es nuestro principio fundacional en Vinces. La legitimidad social viene acompañada de la transparencia que ha de reinar en cualquier proceso público de toma de decisiones. Ello se logra mediante el registro de los diversos grupos de interés habilitado por determinadas instituciones, el registro asimismo de las reuniones oficiales en los Ministerios y en las Cortes Generales, etc.

Por tanto, legitimidad social y transparencia son las dos herramientas con las que cuentan los directores de asuntos públicos para llevar a cabo una participación legítima. Y romper así con las malas prácticas de clientelismo y compadreo, y las conductas ilegales de cohecho y tráfico de influencias, que son estrategias a corto plazo, que terminan por salir a la luz y que arruinan la reputación de las compañías.

La CNMC creo en el año 2016 un Registro de Grupos de Interés con el fin, entre otros objetivos, de transparentar los contactos y reuniones que mantenía con las grandes empresas. Cuando transcurrió un año la CNMC escribió en su blog: “El registro cuenta actualmente con unos 350 inscritos; mayoritariamente son importantes asociaciones empresariales, profesionales y sociales, muy pocas, miembros del Ibex 35”.

Han transcurrido tres años y solo tres empresas del Ibex 35 se han registrado: Cellnex, Telefónica y Red Eléctrica. Este dato parece indicativo de la falta de compromiso con la transparencia de las empresas del Ibex 35 en relación con los asuntos públicos.  ¿Qué opina de este hecho?

Aún queda un largo camino que recorrer en materia de transparencia. En el caso concreto del registro de la CNMC, tan solo tiene sentido para las empresas expuestas a más riesgos regulatorios de competencia. Muchas de las cuestiones de competencia que afectan a las grandes empresas del Ibex 35 se debaten en Europa, y las relaciones anuales con la CNMC abordan cuestiones más generales.

En cualquier caso, yo recomiendo a todas que realicen el registro voluntario con el fin de mostrar su compromiso con la institución y con los consumidores españoles.

La reputación de algunas empresas que se dedican a asesorar en el área de public affairs se ha visto dañada, últimamente, por algunos fichajes estrellas procedentes del mundo de la política. Es difícil que estos nombramientos no causen recelo en la sociedad. ¿Cómo se abordan estas situaciones en otros países? 

Estas situaciones son las que favorecen precisamente el tráfico de influencias, el compadreo, los conflictos de intereses, la falta de igualdad de oportunidades para todos, la falta de meritocracia e incluso ciertas conductas ilegales. Hay que evitarlas.

En nuestro código de conducta, que adherimos a los contratos con nuestros clientes, nos comprometemos a no contratar directa o indirectamente a cargos políticos o altos funcionarios para el ejercicio de la actividad profesional de representación de intereses. De hecho, empresas multinacionales extranjeras tienen prohibido contratar a despachos de lobby cuyos consultores guarden algún vínculo de consanguinidad con políticos o altos funcionarios.

Existe en España una legislación que regula la contratación de ex altos cargos políticos con los periodos que deben suceder antes de su posible contratación. El problema es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la oficina de conflictos de intereses no da un seguimiento debido a este tipo de contrataciones.

¿Cuáles son los departamentos de public affairs que tendrán éxito?

Mi socio David Córdova, y CEO de Vinces, los definió estupendamente bien hace un tiempo y me atrevo a añadir un cuarto:

1º Los que no tengan miedo a alinearse con los objetivos de negocio.

2º Los que se comprometan en su plan anual con indicadores de resultados.

3º Los que comuniquen periódica y metódicamente sus éxitos dentro de la compañía.

4º Los que actúan de embajadores ante los stakeholders políticos y sociales.

La profesionalización del sector

El informe Gestión estratégica de los asuntos públicos en cotizadas españolas y extranjeras en España señala la necesidad de que las empresas cotizadas españolas desarrollen una gestión profesionalizada de los asuntos públicos para garantizar la sostenibilidad del negocio, a la altura de lo que realizan las multinacionales extranjeras. Esta actividad nació en Estados Unidos en los años 50, consolidándose en los 80-90.

Como aspectos positivos a destacar, del informe se extrae que esta actividad cada vez es más crítica para las empresas y se percibe como altamente estratégica (el 70% de los encuestados considera que el comité de dirección percibe su papel y su puesto como estratégico). Además, el puesto directivo principal está muy bien remunerado, con salarios mínimos en torno a los 100 y los 120 mil euros.

Los asuntos públicos figuran como prioridad máxima o están entre las tres prioridades de los CEO y de los Consejos de Administración, confirmándose como una función clave para la sostenibilidad de las compañías. Por su parte, los accionistas comienzan a atender con mayor interés todo lo relacionado con riesgo político/regulatorio.

Sin embargo, se trata de un cargo y un departamento que muestra gran diversidad y falta de homogeneidad en las cuatro áreas analizadas:

• En primer lugar, existe gran disparidad en los títulos, siendo Relaciones Institucionales el más utilizado (en el 60% de los casos). Un aspecto que necesita consenso en los diferentes entornos: en el académico e institucional Asuntos Públicos es el más consolidado (Public Affairs Council, 1954, USA; 2013, EU). En el entorno empresarial sigue habiendo disparidad: según la última encuesta de la Foundation for Public Affairs en 2018, el 58% lo llama Relaciones con Gobiernos y el 27%, Asuntos Públicos.
• En segundo lugar, se detecta una gran variedad en torno al tamaño de los departamentos, situándose en un 40% los que afirman que su departamento cuenta con en torno a 3-6 personas.
• Falta de una metodología propia: el 70%, reconoce que carece de una metodología propia para desarrollar la actividad.
• Por último, y a pesar de ser un puesto reconocido y valorado en las empresas participantes, y de que el director considera que los órganos de gobierno perciben su función como estratégica, en un 60% de los casos el director no se sienta en el Comité Ejecutivo, lo que indica que aún hay espacio para su consolidación en la estructura organizacional de las empresas.