Los partidos políticos debaten sobre los retos en transparencia y corrupción

Representantes de seis partidos políticos españoles se reunieron el martes en una mesa redonda, organizada por Transparency International-España, para debatir sobre los retos en transparencia, gobierno abierto, prevención de la corrupción y promoción de la cultura de la integridad y el cumplimiento en España.

Durante la actividad, moderada por Manuel Villoria, integrante del Comité de Dirección de Transparency International-España, los participantes mencionaron algunas medidas urgentes: la necesaria protección a los denunciantes, la aprobación del reglamento de la Ley de Transparencia, la regulación de los lobbies, el fortalecimiento de la independencia de poderes y, entre otras cosas, el control de la financiación de los partidos políticos.

Odón Elorza, secretario del Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, destacó la necesidad de crear un gran pacto de Estado para afrontar la corrupción. Reconoció que se pudo avanzar más en la última legislatura: “No estamos satisfechos porque no hemos avanzado como se pretendía y como ha sido reclamado por la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil”.

Agregó que se deben perfeccionar las declaraciones de bienes y patrimonios de los cargos públicos, y que se debe trabajar en tres medidas prioritarias: la reforma del Reglamento del Congreso; el impulso de la independencia de los poderes públicos, especialmente del judicial, y el desarrollo del Reglamento de la Ley de Transparencia y de la reforma del propio instrumento legal.

Francisco de la Torre, responsable de Fiscalidad del Comité Ejecutivo y Secretario de programas de Ciudadanos, resaltó —en consonancia con otros participantes— que era fundamental dotar de más recursos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y llegar a acuerdos para nombrar a un presidente. Agregó que es indispensable fomentar la transparencia en la administración, y que se debe eliminar la figura de los aforamientos.

Apuntó que también son fundamentales las medidas contra el blanqueo y la lucha contra los paraísos fiscales: “Hay que tener tolerancia cero con estos refugios del delito”. Criticó, además, que no se haya aprobado la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, a la que se refirieron también otros participantes como Sergi Miquel Valentí, de Junts per Catalunya, quien aseguró que hay iniciativas de su partido que son complementarias a esa propuesta, especialmente en la protección a los denunciantes: “Para nosotros, es un elemento clave que no haya miedo de parte de los trabajadores o de los ciudadanos para denunciar las malas prácticas en la administración”.

Destacó que también es fundamental el fomento de la transparencia dentro de los propios partidos políticos. En este sentido, refirió la importancia del Código de Conducta de los diputados, que empezará a aplicar en la próxima legislatura, y de las medidas tomadas en el Parlamento de Cataluña que sirven como hoja de ruta para regular los grupos de interés: el informe de la Comisión de Estudio de Lucha contra la Corrupción del Parlamento y la Ley 19/2014.

Marcos Sanz Salas, representante del partido Actúa, también hizo referencia a la regulación de los lobbies: “Actualmente es un caos. Es indispensable que los ciudadanos estén bien informados sobre quiénes han formado parte de la toma de decisiones en todas las administraciones públicas”. Destacó que debe quedar un registro adecuado de todas las agendas públicas para que los ciudadanos puedan saber el grado de influencia en la decisión final. “Así habrá más interacción con la administración y un mayor control ciudadano sobre las decisiones que toman los responsables políticos”.

En esta misma línea, Antonio Llorens de la Cruz, responsable de Transparencia de Coalición Canaria, señaló que se debe afinar aún más la información sobre las agendas públicas: “Esos datos deben estar interconectados con los registros de lobbies para que se sepa cómo ha influido cada grupo en la decisión final”.

También reflexionó sobre los conceptos de regeneración democrática, sobre la importancia de la educación en la prevención de la corrupción y sobre la necesidad de que la ciudadanía participe activamente en el diseño de políticas públicas. Se refirió, igualmente, a la necesidad de debatir sobre la financiación de los partidos: “¿Hacemos una verdadera ley de partidos políticos en el Estado español? ¿O el problema son las personas que forman parte de los partidos y que pretenden perpetuarse en el poder?”.

Julieta de Micheo, del Partido Popular, destacó varias medidas necesarias en relación, justamente, con la financiación de los partidos. Por ejemplo, impulsar una regulación exhaustiva de las nuevas formas de financiación, como el crowdfunding o los microcréditos; controlar mejor los préstamos a los partidos; aumentar los controles a las campañas publicitarias promovidas por las administraciones públicas, y, entre otras, fomentar la colaboración para perseguir la financiación ilegal extranjera de los partidos. “Todos los partidos políticos tenemos mucho que trabajar, para avanzar en conjunto hacia un marco más idóneo para servir a los ciudadanos”.