¿Cómo va a trasponer España a su ordenamiento jurídico la recién aprobada Directiva europea en materia de protección de los denunciantes? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta la sociedad para amparar de manera efectiva a quienes denuncian irregularidades en el seno de las organizaciones en las que trabajan?

Estas cuestiones centraron el debate de la jornada celebrada el pasado 9 de octubre en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, en esta ocasión, abordó los retos para garantizar la protección de los denunciantes y cambiar la cultura corporativa de España que, hoy por hoy, sigue estigmatizando a quienes denuncian casos de corrupción.

Carlos Balmisa, director de Control Interno de la CNMC, que inauguró el acto, mostró el apoyo de esta institución a los denunciantes de corrupción asegurado que “este evento cuenta con el respaldo de nuestro presidente y con él queremos rendir un tributo a los denunciantes de corrupción sin olvidarnos de que la sociedad civil nos está ‘espoleando’ para que avancemos en esta materia”, afirmó.

“Nada mejor que escuchar a quienes denuncian para entender cuáles pueden ser las consecuencias de dar un paso así en las vidas de quienes se atreven a denunciar velando por el bien común y poniendo en riesgo su propio bienestar”.

Sus palabras fueron el preámbulo de la conferencia inaugural de la jornada, que corrió a cargo de Mar Uriarte, abogada experta en prevención de blanqueo de capitales, que denunció en la Fiscalía Anticorrupción un caso de blanqueo de capitales por parte de ciudadanos chinos que se estaba produciendo en la entidad bancaria en la que llevaba trabajando once años.

Uriarte aseguró a los asistentes al acto, que contó una vez más con público en Madrid y Barcelona, haber pagado un precio muy alto, “personal y profesionalmente”, por haber dado el paso de denunciar, y solicitó “ayuda y apoyo real por parte de la sociedad civil y la Justicia para no sufrir represalias”.

“Nos dejamos nuestra salud por falta de garantías reales que nos protejan cuando damos el paso de denunciar y nos intentan silenciar”, afirmó temblándole ligeramente la voz mientras recordaba que incluso temió por su vida, y quiso dar las gracias a la Fiscalía Anticorrupción “por el apoyo recibido”.

Regenerar la democracia

Por su parte, Simona Levi, fundadora de Xnet, plataforma que aglutina a activistas que trabajan por los derechos digitales, la democracia en red y la libertad de expresión, y que participó en la elaboración del borrador de la Directiva comunitaria en materia de protección de los denunciantes de corrupción como organización independiente, aseguró que “si los poderes políticos hacen dejación de funciones, la ciudadanía tiene que actuar”, y defendió que los ciudadanos que denuncien “estén amparados y protegidos por la Ley y las instituciones democráticas”.

Así mismo, afirmó que Xnet fue una organización pionera en España en la instalación de un canal de denuncias que “ahora están replicando en otras instituciones, como la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana o la propia CNMC”.

Y señaló, a continuación, que la Directiva comunitaria, que tendrán que trasponer los Estados miembro en el plazo de dos años, es susceptible de mejoras en la definición de quién puede ser un alertador –la Directiva establece que tiene que existir una relación laboral entre el denunciante y la organización denunciada para que pueda serlo– y el anonimato del denunciante, cuestión, apuntó, que sigue “siendo objeto de discusión en España, aunque no lo es en el resto de Europa”.

Levi abogó durante su intervención por que pueda denunciar cualquier ciudadano que conozca alguna irregularidad o hecho ilícito, tenga o no relación laboral con la organización o empresa denunciada; por el anonimato para evitar la inmolación del denunciante “que solo quiere –afirmó– corregir una disfunción, una irregularidad”, y por evitar que el tema de la protección de datos pueda ser utilizado por la entidad denunciada para “invalidar” una investigación en marcha.

Finalmente, pidió a todos los partidos políticos “consenso para trasponer la Directiva comunitaria con garantías y cumpliendo con todos los estándares internacionales posibles para mejorar y regenerar nuestra democracia”.

La identidad del denunciante

Andrés Aznar, subdirector de STIC de la CNMC, presentó a continuación el nuevo Canal de Denuncias de la CNMC, en estos momentos en fase final de desarrollo, señalando que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya cuenta con un canal de denuncias, pero que el proyecto en el que están trabajando introduce cambios con los que se protegerá mucho mejor la identidad del denunciante. “Cuando se produce una denuncia, el secreto mayor es la identidad del denunciante –señaló–, y la mejor manera de proteger un secreto es que sea inexpugnable”.

Tras estas palabras, el subdirector de STIC de la Comisión expuso las cuatro características principales del nuevo canal de denuncias de la CNMC: anonimato para proteger la identidad del denunciante; mecanismos de protección a disposición de los denunciantes para que no sea posible rastrear la dirección IP desde la que se envía la denuncia; la posibilidad de que la CNMC asigne al denunciante una ‘cuenta de usuario’ que facilite la comunicación bidireccional a la hora de aportar pruebas documentales o de que la CNMC solicite más datos al denunciante, y, finalmente, el poner a disposición de los denunciantes una serie de formularios que permitirán recabar datos sobre el hecho denunciado de manera ordenada y sistemática para facilitar su posterior investigación.

Aznar terminó su intervención con el deseo de que este nuevo canal de denuncias de la CNMC “motive a los alertadores a denunciar sintiéndose seguros y protegidos”.

Un asunto de integridad

Durante la mesa redonda que se celebró a continuación, que reunió a expertos del sector público más avanzado en la implantación de buzones anónimos, así como a representantes del sector privado que destacan por haber desarrollado las mejores prácticas en la instalación de estos canales y la protección de los denunciantes, se abordó de forma más amplia la situación de los denunciantes de corrupción en España y la futura trasposición de la Directiva comunitaria aprobada este mes de octubre.

Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, mostró su preocupación ante el hecho de que la Directiva comunitaria se termine trasponiendo al ordenamiento jurídico español tarde y mal, “como ha pasado muchas veces con otras Directivas”, aseguró.

“No estamos de acuerdo en que solo pueda denunciar quien tenga un vínculo laboral con la organización denunciada –afirmó–. Esto debería de cambiar cuando se trasponga la Directiva para que puedan denunciar tanto personas físicas, con o sin relación laboral con la entidad denunciada, como personas jurídicas”.

El director de la Agencia de Lucha contra la Corrupción valenciana aseguró que cuentan con un canal de denuncias que garantiza de forma efectiva la protección de los denunciantes y que, además, expedientan y sancionan a las personas físicas y/o jurídicas que obstaculizan la acción de los denunciantes con multas de hasta 400.000 euros.

“Debe de haber instituciones democráticas que, desde dentro del sistema, luchen contra esta lacra social que se traduce en pérdida de recursos económicos y menoscabo de nuestra democracia –continuó–. Desde la Agencia estaremos alertas para que la trasposición de esta Directiva no se traduzca en un ‘retraso’, sino que se haga de tal forma que garantice la protección de los denunciantes y la regeneración democrática”.

“En España seguimos discutiendo el papel que juegan las instituciones democráticas, como la Agencia que dirijo, en la lucha contra la corrupción, pero en otros países europeos no se cuestiona su papel y autoridad en este cometido”, concluyó.

¿Un reto para las Pymes?

Por su parte, Pedro Montoya, director de Cumplimiento y Riesgos de Ferrovial, se preguntó en voz alta si la Directiva europea va a mejorar o no la situación de los denunciantes, y afirmó que “para las empresas cotizadas no va a suponer un cambio en el funcionamiento de sus canales de denuncia”, pero que sí que va a ser “todo un reto” para las Pymes.

“El reto para todas las empresas, grandes o pequeñas –prosiguió– es ganarse la confianza de sus trabajadores a la hora de adaptarse a este nuevo marco normativo y no cuestionarse la naturaleza de la motivación del denunciante. Además, es fundamental proteger a la otra parte, el denunciado, garantizando la presunción de inocencia cuando se gestionan las denuncias”.

El director de Cumplimiento y Riesgos de Ferrovial terminó su intervención destacando como elemento esencial de este tipo de canales “la diligencia en el tratamiento de las denuncias y la independencia de quien gestiona el canal”, sea un ente interno o externo a la organización.

Por su parte, Lidón Safont, directora del departamento de Compliance de Telefónica España, consideró que “la Directiva cuenta con un margen de mejora” que espera se materialice “cuando se trasponga a la legislación española”.

Además, puntualizó, “el canal de denuncias no puede ser un fin en sí mismo, sino un mecanismo más de control, como otros muchos con los que cuenta la empresa y sus empleados”. Y apoyó, en este sentido, las palabras de Montoya asegurando que “esta Directiva va a afectar mucho más a las Pymes que a las grandes empresas que, como Telefónica España, cuentan desde hace muchos años con este tipo de controles”.

¿Recompensa económica o reconocimiento público?

Con respecto a la posibilidad de que los denunciantes reciban una recompensa en España por destapar irregularidades o hechos ilícitos, algunos de los cuáles pueden ser constitutivos de delitos penales, afirmó que, “aunque Estados Unidos es un país pionero en el establecimiento de este tipo de recompensas, no creo que sea algo a lo que tengamos que tender en España”.

Sin embargo, Rosa María Sánchez, directora de Servicios de Análisis de la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, se mostró partidaria de que los denunciantes de corrupción reciban una recompensa económica o de otra naturaleza, como podría ser un “reconocimiento público”, ya que, aseguró, “sus denuncias permiten recuperar dinero para las arcas públicas”.

Con respecto a los canales de denuncias, opinó que “es importante garantizar la imparcialidad e independencia de quien gestione este tipo de canales y que todos entendamos que sirve, más que para prevenir casos de corrupción, para ‘reaccionar’ ante hechos que van contra el interés común y que pueden ser constitutivos de delitos”. Y abogó, finalmente, por reforzar la protección de los denunciantes “con efecto retroactivo”.

La jornada fue clausurada con la reflexión final de Joan Llinares que aseguró que, “el compliance es una gran oportunidad para que las empresas y organizaciones reflexionen buscando un funcionamiento eficiente y acorde a la Ley”. A lo que Rosa María Sánchez añadió que es esperanzador ver cómo “estamos viviendo en España un cambio de cultura en las organizaciones y empresas”, pero que “no hay que olvidar que son necesarios muchos más medios para luchar contra la corrupción”.