Cuando la transparencia se sienta en el Consejo de Gobierno

La existencia de consejerías de transparencia, con diferentes denominaciones, no es un fenómeno nuevo surgido de la hornada de legislaturas iniciadas en 2019 en muchas de las comunidades autónomas. Ya contábamos con anterioridad de consejeros y consejeras de transparencia en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Región de Murcia.

Tras las últimas elecciones autonómicas de mayo y la formación de gobiernos de coalición, la transparencia ha ocupado una de las sillas más relevantes del Consejo de Gobierno en Andalucía, Comunidad de Madrid y Castilla y León, puesto que las vicepresidencias del Ejecutivo han asumido las competencias en esta materia (en Andalucía bajo la denominación de ‘Regeneración Democrática’, pero con el mismo propósito en definitiva). Y en todas, con representantes de Ciudadanos ocupando ese asiento.

En las comunidades citadas la existencia de una consejería con competencias en la materia ha supuesto normalmente un avance significativo en cuanto a medidas, legislación, planes y estructuras, así como en lo que se refiere a aspectos relacionados con la comunicación, que incluyen tanto la propia labor informativa del Gobierno autonómico como su presencia en medios.

Esta situación se está replicando con una notable velocidad en una de las comunidades con gobiernos de esa nueva hornada de gabinetes con consejerías de transparencia: la Junta de Castilla y León. Hagamos un repaso de lo que ha pasado allí desde que se formara el nuevo Ejecutivo regional.

En julio, se produce la toma de posesión de Francisco Igea como vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, que completa la estructura política en el área de Transparencia con Fernando Navarro, viceconsejero con amplia experiencia en gestión pública, y con el ‘fichaje’ de Joaquín Meseguer Yebra como director general de Transparencia y Buen Gobierno. Meseguer, procedente del Ayuntamiento de Madrid, donde era subdirector general de Transparencia, es una de las figuras más destacadas en cuanto a derecho de acceso a la información pública y transparencia de España.

La administración de la Junta no es un terreno virgen en materia de gobierno abierto hasta ahora, lleva desarrollándose varios años, pero podemos observar cómo se produce un impulso a partir de este verano. Todas las acciones listadas a continuación han tenido lugar a partir de septiembre de 2019, y la numeración pretende seguir un orden cronológico en cuanto a aprobación por el Consejo de Gobierno, publicación o finalización de un plazo:

1. Publicación del documento de seguimiento de los acuerdos de gobernabilidad: los ciudadanos pueden consultar la evolución de un centenar de medidas que abarcan todas las áreas de gobierno, y que se actualiza semanalmente.
2. Solicitud de adhesión a la Carta Internacional de Datos Abiertos, remitida el 12 de septiembre, que conlleva asumir los compromisos de la declaración del organismo internacional Open Data Charter. Esta acción se implementará a través de un futuro Plan de Datos Abiertos que se espera publicar a lo largo de 2020 bajo la coordinación de la Dirección General de Transparencia. En este punto es justo reconocer el buen trabajo desplegado en los últimos años por la administración castellano leonesa y el equipo liderado por Antonio Ibáñez Pascual, jefe de Servicio de la Web Corporativa, adscrito actualmente a la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno. Y prueba de ello es que su labor ha sido reconocida el pasado 28 de noviembre al recibir el Premio Asedie a la mayor contribución a la innovación y desarrollo del sector infomediario en el año en curso. Y eso no es algo que se genere en tres meses.
3. Puesta en marcha de un procedimiento para la elaboración de una Ley que regule la tramitación de las denuncias sobre delitos contra la Administración Pública e incumplimientos del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, con el fin de procurar un estatus de seguridad jurídica y laboral a denunciantes de posibles casos de corrupción. El trámite de consulta pública finalizó el 30 de septiembre.
4. Solicitud a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de un estudio de revisión del gasto en las políticas activas de empleo, becas y universidades, transferencia de valor a medios de comunicación y promoción industrial. Esta petición de una spending review a una autoridad externa e independiente es una muestra de voluntad en cuanto a transparencia y rendición de cuentas de la evaluación de las políticas públicas.
5. Creación de la cuenta de Twitter @transparencia que “se habilita para promover y dar a conocer todas las informaciones que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía, más allá de las propias obligaciones en materia de publicidad activa”. Aparte de su funcionalidad institucional, hay que destacar positivamente el estilo de comunicación adoptado durante sus primeras semanas de vida, en las que se conjuga la información con el humor, y donde se denota que el equipo que gestiona esa cuenta conoce las materias de la que hablan. Para terminar de ser transparentes, se compartió el cuadro de mando de publicaciones de la cuenta. Todo un acierto.
6. Elaboración de un anteproyecto de ley de modificación del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad, con el objeto de modernizar la legislación vigente, avanzar en la regeneración democrática mediante medidas como la limitación de mandatos e incrementar la transparencia al ejercicio de las funciones de alto cargo. El plazo para recibir aportaciones finalizó el 11 de octubre.
7. Simplificación de los requisitos para ejercer el derecho de acceso a la información pública, eliminando trabas administrativas como el requisito de identificación mediante certificado digital o DNI electrónico, y sustituyéndolo por un formulario web, una medida encaminada a facilitar y promover el ejercicio de este derecho, con unas cifras sensiblemente bajas en la Comunidad (122 solicitudes en 2018). Sus efectos son más que notables: se han producido 25 solicitudes de acceso a la información pública en solo quince días de funcionamiento, entre ellas varias de profesionales de medios de comunicación, con lo que se promueve también una de las funcionalidades de la transparencia: la vigilancia del poder.
8. La anterior medida viene acompañada por el compromiso de desarrollar una aplicación de gestión de expedientes de acceso a la información pública que facilite la coordinación y supervisión de este procedimiento, la obtención de datos estadísticos y la elaboración de memorias de gestión.
9. Publicación de las agendas de altos cargos: esta acción incluye todas las reuniones que realicen en el desempeño de sus funciones todos los altos cargos de la Junta así como los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas.
10. Elaboración de un anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y León, cuyo plazo de consulta pública para recibir aportaciones se cerró el 18 de noviembre. Con esta iniciativa se pretende mejorar las evidentes carencias que se han detectado en la aplicación de la legislación anterior (Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León), corrigiendo aspectos que se han mostrado como inadecuados con la estrategia de gobierno abierto autonómica. Se trata de una medida de calado, que muestra un compromiso firme por avanzar en estos temas, teniendo en cuenta que la legislación vigente autonómica data de 2015.
11. Inicio del procedimiento para la creación de una Agencia de lucha contra el fraude y la corrupción, una estructura de finalidad preventiva que actuará en el ámbito de los entes del sector autonómico y local, incluso de las personas físicas y jurídicas que reciban fondos públicos. El periodo de consulta pública para esta futura ley expiró el pasado 22 de noviembre.
12. Recabar la opinión de los usuarios para organizar los contenidos de la web de transparencia, aplicando la técnica de card sortinga una muestra de usuarios. Una forma de acercarse a la ciudadanía de una de las maneras que suelen ser más sencillas y eficaces: preguntándole su opinión. De esta manera se pone el foco en la experiencia de usuario y en las necesidades de quien te visita (y de quien no, que también estaban representados en la muestra y son muy interesantes porque puede ayudar a indagar sobre los motivos).
13. Publicación en el Portal de Datos Abiertos de los acuerdos del Consejo de Gobierno. La publicación no será automática, pues se producirá una vez las actas sean oficiales, lo que se estima que puede tardar aproximadamente una semana en ocurrir. La primera publicación se ha producido el pasado 29 de noviembre.
14. Adhesión de la Junta de CyL a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP con el rol de socio observador, siguiendo los ejemplos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia como gobiernos regionales adheridos a esta Red que promueve los principios del gobierno abierto mediante el intercambio de experiencias, formación y proyectos.

Con esta última medida se completa en cierto modo el corpus principal de los pilares y principios del gobierno abierto en la estrategia castellano leonesa, en tanto que se han implementado y promovido iniciativas de transparencia, datos abiertos, participación ciudadana, rendición de cuentas y colaboración. No quiere decir esto que se haya cerrado ni que el trabajo esté hecho, solo que se está abordando la cuestión de manera integral.

Como se puede constatar, el campo de actuación es amplio y variado en cuanto a temáticas, y es justo reconocer la celeridad en la puesta en marcha de actuaciones, algunas de ellas proyectos legislativos que conllevarán un esfuerzo considerable en sede parlamentaria y otras aparentemente más sencillas pero que requieren la asunción de compromisos, una cuestión prioritaria, imprescindible, en todo lo que se refiere avanzar en políticas de transparencia y buen gobierno.

El mérito, por si alguna duda cabe al respecto, no puede recaer solo en la esfera política por el impulso y el compromiso adquirido, sino que hay que reconocer el trabajo de los equipos técnicos y administrativos que sustentan todo este entramado y que llevan años trabajando en ello, como he mencionado en algún punto anterior. La conjunción de liderazgo político y capacidad técnica es una garantía de avance. El éxito, en una cuestión tan compleja y tan vinculada a la transformación cultural como es la de la transparencia, deberá aguardar un tiempo para poder valorarse.

También es preciso señalar que no se trata de medidas ‘revolucionarias’, prácticamente todas han sido puestas en marcha anteriormente por otras administraciones (Agencias contra el Fraude en Cataluña, C. Valenciana, Baleares…); publicación de agendas o simplificación de trámites para el ejercicio del derecho de acceso en el Ayuntamiento de Madrid, gestión de redes sociales sobre transparencia y gobierno abierto en espejos como @governobertcat, @GVAoberta en el nivel autonómico, o el Ayuntamiento de Alcobendas, en cuanto al formato de gestión de multitud de redes corporativas (más de 20) gestionadas por los funcionarios de cada área. Y lo mismo podría decirse de otras medidas como la adhesión a la Carta Internacional de Datos Abiertos, la regulación sobre altos cargos o la puesta en marcha de canales de denuncias. La más novedosa puede que sea, por la metodología utilizada, la de contar con los usuarios y las usuarias para organizar los contenidos de la web. La revolución, tal vez, sea la de ponerlas todas en práctica de manera casi simultánea.

Retomando el título de este artículo, ¿es necesario sentar a la transparencia en la mesa del Consejo de Gobierno? A la luz de la lista de medidas recogidas podríamos decir, casi por impulso, que sí. Después de ese primer arrebato quizás reflexionemos y pensemos que no es tan necesario, que con voluntad suficiente todas las acciones pueden encomendarse a distintas áreas del Gobierno sin que ninguna deba llamarse ‘de transparencia’ o ‘gobierno abierto’ o ‘regeneración democrática’.

Que hay otras comunidades autónomas que son referencia en gobierno abierto (Euskadi, Aragón) y no tienen cargos a tan alto nivel político con alguno de esos apellidos. Es cierto. Y que tener una Consejería no es garantía de que ejemplos como el de Castila y León se repliquen en tiempo y/o forma, aunque también es justo reconocerles a las pioneras su papel en cuanto que han abierto camino.

Esto daría para otra reflexión más pausada que no cabe en estas líneas, y para la que también sería beneficiosa la receta de ‘macerar con tiempo’ para analizar el desarrollo de las distintas comunidades autónomas en los próximos meses y años.

Pero hay algo más que aquellas medidas concretas enumeradas y que intangibles como la aventura de las ‘pioneras’. Sentar a la transparencia en el Consejo de Gobierno es ponerla al mismo nivel que el resto de áreas de gestión del Ejecutivo, y dotar a su acción de un elemento transversal que impregne y vigile su quehacer colegiado.

Sentar a la transparencia en el Consejo de Gobierno es dotarla de presupuesto, y eso en política es más que un intangible, es la capacidad de hacer.

Sentar a la transparencia en el Consejo de Gobierno significa presentarle en muchísimos casos ‘esto de la transparencia’ a la ciudadanía, es acercarla a la sociedad (salgamos de nuestra burbuja de ‘transparentología’ y asumamos que una parte muy importante de la sociedad no tiene idea de la existencia de portales, leyes y demás asuntos que están en nuestro vocabulario ‘transparentólogo’), que además puede ‘ponerle cara’ a quien es responsable de este asunto, porque de paso la transparencia empezará a aparecer en los medios de comunicación exponencialmente, como puede comprobarse en no pocas regiones, bien por su actividad o bien por cuestiones colaterales (otras competencias del consejero o consejera del ramo, comparecencias del Consejo en los parlamentos, la generación de noticias relacionadas con la cartera y la búsqueda de entrevistas o explicaciones de sus responsables, etc.).

Sentar a la transparencia en el Consejo de Gobierno es darle voz a quien tiene la obligación de escuchar a la ciudadanía.

Para cerrar, me parece muy oportuno citar una vez más a Meseguer, que en este artículo venía a decir que los objetivos se habrán logrado cuando no sea necesario que haya una consejería o ministerio de transparencia, porque será el momento en que se haya naturalizado su conveniencia y presencia en el ADN de la organización, de manera que no será preciso que exista tal departamento, como no existe uno de eficiencia o de imparcialidad.

Para ello, sostiene que debería ‘subir al altar’ del artículo 103 de la Constitución Española para que sea un principio esencial más de la actuación administrativa que sencillamente hay que cumplir y se asuma como tal.

Pero ese día aún no ha llegado a la transparencia, y tampoco se espera que sea mañana mismo. Mientras, tal vez sea una buena idea ponerle un asiento (por convicción) en la mesa del Ejecutivo.