El sector fundacional catalán se adelanta a la ley y publica el primer Código de Buen Gobierno

La Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF) ha presentado el Código de Buen Gobierno y buenas prácticas de gestión de las fundaciones catalanas. A la presentación virtual asistieron más de un centenar de organizaciones representativas de todos los sectores: educativo, salud, social, investigación, cultura, etc.

El acto contó con la participación de Pere Fàbregas y Sara Pérez, presidente y directora de la CCF respectivamente; Carles Ribas, secretario de la Fundació Catalunya-La Pedrera, organización que ha patrocinado los trabajos de redacción del código; Gemma Capdevila, representante de la Generalitat, y el director de nuestra Fundación Haz, Javier Martín Cavanna, que ha colaborado coordinando las tareas de redacción y prestando asesoramiento.

Con la propuesta del Código la Coordinadora ha querido adelantarse a las obligaciones derivadas de la Orden de la Generalitat de 2018, que exigía a las fundaciones que reuniesen determinadas condiciones de tamaño y financiación pública a cumplir con un conjunto de prácticas de transparencia y buen gobierno entre las que se encontraban la suscripción de un código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión y la elaboración de un informe de gobierno corporativo, para el que la Coordinadora también ha elaborado un modelo de documento.

“La sostenibilidad de las organizaciones, más allá de su propia actividad, pasa por contar con buenas prácticas de gobierno y gestión, entendiendo no solo las exigidas legalmente, sino también aquellas prácticas voluntarias que contribuyan a fortalecer la confianza de la sociedad en la organización, gracias a una sólida reputación corporativa”, señala Fàbregas a Revista Haz.

En sus palabras, “la necesidad de ser transparentes es especialmente relevante porque somos organizaciones que gestionamos la confianza y los recursos de la sociedad para impulsar fines de interés general. Desde la Coordinadora hemos hecho un esfuerzo para ayudar a la modernización del sector”.

Un sector que cuenta actualmente con más de 2.000 fundaciones catalanas, en su mayoría pequeñas y medianas, que están activas y operan en ámbitos tan diversos como la cultura, acción social, educación, salud, investigación, universidades, entre otros. En su conjunto dan trabajo a más de 82.000 personas, y suman cerca de 40.000 voluntarios, representando un 1,5% de la economía de Cataluña.

El Código de Buen Gobierno, al detalle

El Código contiene diez principios generales aplicables a todos los profesionales de la organización y 44 recomendaciones de buen gobierno dirigidas a los integrantes del patronato.

Las 44 recomendaciones están estructuradas en tres grandes apartados: 22 recomendaciones básicas dirigidas a todas las fundaciones, 15 recomendaciones aplicables a aquellas fundaciones de mayor dimensión y que cuentan con una estructura de gobierno más desarrollada y, por último, 7 recomendaciones particulares que pretenden dar respuesta a cuestiones específicas de algunas fundaciones.

Las recomendaciones se agrupan en tres áreas: la transparencia e información, el funcionamiento del patronato y las actividades de control y supervisión financiera. 

“Teniendo en cuenta la heterogeneidad del sector fundacional, así como el hecho que mayoritariamente está formado por pequeñas y medianas fundaciones, queríamos dar cabida a todos sin bajar el listón. De ahí, la creación de un sistema gradual de recomendaciones, distinguiendo las básicas (aplicables, como punto de partida, a todas las fundaciones) de las avanzadas (aplicables a aquellas fundaciones con más experiencia o con una estructura organizativa más compleja)”, explica Pérez a esta revista.

Además, la Coordinadora ha creado también unas recomendaciones particulares en base a situaciones específicas que se producen por la naturaleza del fundador, por la designación de los cargos del patronato o por el hecho que las fundaciones capten fondos privados.

“El código marca un nivel elevado de recomendaciones de buen gobierno y gestión, pero permite ir llegando poco a poco”, afirma la directora de la CCF.

Para la elaboración del código se constituyó un equipo de redacción integrado por media docena de fundaciones procedentes de diferentes sectores y con características diversas desde el punto de vista de la dimensión, la naturaleza de los fundadores, el modelo de financiación, la estructura directiva y de gobierno, etc.

Este equipo trabajó durante un año en la redacción de un borrador que luego se compartió y consultó con el sector fundacional con el fin de incluir sus sugerencias y recomendaciones. Se trata, por tanto, de un proyecto colectivo, aunque haya sido coordinado por un grupo de expertos.

“Ha sido una iniciativa llevada a cabo desde el sector fundacional con una gran participación. No se trata de un proyecto académico ni teórico, sino que ha sido elaborado con una estrecha colaboración entre la Fundación Haz, que ha aportado su expertise y un grupo de directivos de fundaciones que han aportado sus conocimientos, visión práctica y han validado los contenidos”, apunta Pérez.

“Por otro lado, también se sometió a información de los socios antes de dar el texto por definitivo, con lo que cuenta con el consenso del sector. Además, destaca la implicación de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, quien ha participado en el grupo de trabajo haciendo aportaciones y dando seguridad jurídica conforme el Código responde al cumplimiento de la obligación legal”, concluye.