Europa contra la desinformación y las ‘fake news’

En pocos años, la desinformación ha pasado de ser un término casi académico a convertirse en una preocupación para una buena parte de la población. El 67% de los españoles afirma estar preocupado por el fenómeno de las fake news, lo que nos convierte en el país de la Unión Europea con mayor inquietud social sobre este tema, y en uno de los más preocupados a nivel mundial.

Así lo refleja la 7ª edición del Digital News Report España 2021, el mayor estudio global sobre consumo de noticias, coordinado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford y que ha encuestado a más de 2.000 internautas españoles.

Independientemente del origen de la desinformación, la mayoría coincide en que las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea son las principales vías de difusión de esos bulos. Un dato positivo para las empresas informativas –solo dos de cada diez las considera canales de desinformación-, pero preocupante si tenemos en cuenta que, según este mismo estudio, más de la mitad de los internautas españoles consume noticias a través de las redes sociales.

Y no faltan razones para estar preocupados por este fenómeno. En los últimos años hemos sido testigos de sus efectos no solo a nivel individual, sino de una magnitud capaz de alterar el orden geopolítico. El año 2016 marcó un punto de inflexión: después de años de intoxicación informativa, especialmente a través de redes sociales, triunfaba por la mínima el Brexit en Reino Unido, mientras en Estados Unidos llegaba al poder Donald Trump.

Según el documental The Great Hack, de 2019, sectores anti-UE en Reino Unido utilizaron los servicios de la consultora política Cambridge Analytics con el objetivo de manipular a la opinión pública a través de campañas mediáticas basadas en datos falsos (Vid. Facebook no ha hecho sus deberes).

Por su parte, en EE. UU., Facebook reconoció que hasta 126 millones de sus usuarios –un tercio de la población del país- se vieron expuestos a publicaciones de una compañía vinculada a Rusia llamada Internet Research Agency.

Las empresas y organizaciones tampoco se libran del peligro que supone la desinformación. Como explica la consultora PwC en un artículo, las noticias falsas han pasado de una esfera puramente política y social al mundo corporativo.

Además de las consecuencias de las que cada día estamos más alertados –como la distorsión del discurso democrático, la manipulación de elecciones, la erosión de la confianza en las instituciones, el debilitamiento del periodismo o el socavo a la seguridad pública-, las organizaciones empresariales también pueden ser víctimas de bulos y desinformación.

PwC menciona casos como la noticia falsa sobre que los productos de una empresa de agua embotellada habían sido contaminados; la cadena de televisión de otro país que vinculó la tecnología 5G con efectos adversos para la salud en EE. UU. –dando así más tiempo para desarrollar su propia red 5G a las empresas de ese Estado-, o la información falsa sobre la oferta de compra de un grupo mediático que hizo subir las acciones de la empresa.

Como también señala en este artículo, lo peor de esta lacra es que los desinformadores siguen innovando e ideando constantemente nuevas estrategias. Frente a ello, la Unión Europea lleva los últimos años desplegando herramientas y líneas de acción para combatirlos.

Plan de Acción de la Comisión Europea

La lucha de la UE contra la desinformación comenzó en 2015, tras las ofensivas de Rusia para desestabilizar Ucrania y ocupar Crimea. En junio de ese año, el Consejo Europeo recordó la necesidad de movilizar los instrumentos de la UE para luchar contra las llamadas amenazas híbridas, aquellas que combinan ataques convencionales y no convencionales para desestabilizar a un país.

La respuesta a esa demanda fue la creación del East Strategic Communication Task Force, equipo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), dedicado a la comunicación proactiva de políticas y actividades de la Unión Europea en Rusia.

Desde entonces la Comisión Europea ha multiplicado sus esfuerzos en la batalla contra las noticias falsas y la intoxicación informativa. Solo en 2019, el presupuesto destinado a combatir la desinformación pasó de menos de dos a cinco millones de euros, coincidiendo además con las elecciones al Parlamento Europeo de ese mismo año y, pocos meses después, con el inicio de la pandemia.

El momento clave en ese acelerón se produjo en diciembre de 2018, con la aprobación por parte de la Comisión del Plan de Acción contra la Desinformación, que entró en vigor en 2019. Con él, además de realizar una llamada “urgente e inmediata para proteger a la Unión, sus instituciones y a los ciudadanos frente a la desinformación”, la UE desarrollaba la estrategia contra este fenómeno de forma unificada entre los Estados miembros y en colaboración con socios afines de todo el mundo.

El Plan se sustenta en cuatro ejes para desarrollar las capacidades de la UE y fortalecer la cooperación entre los Estados miembros. El primero es la mejora de la detección de noticias falsas, para lo cual propone un aumento de recursos y el refuerzo del grupo especial de Comunicación Estratégica y la célula de Fusión Híbrida de la Unión Europea con personal especializado y análisis de datos.

El segundo eje persigue reforzar la respuesta coordinada, implementando sistemas de alerta rápida e intercambio de datos entre las instituciones de la UE y de los Estados miembros.

En tercer lugar, el Plan incluye la cooperación con las grandes plataformas tecnológicas. Los gigantes digitales están así sujetos a un Código de Buenas Prácticas que, entre otras cosas, hizo a Google tomar acciones contra más de 130.000 cuentas; Facebook desactivó 2.200 millones de cuentas falsas y YouTube cerró más de tres millones de canales durante la campaña de las elecciones europeas.

Y, por último, la Comisión persigue el objetivo de concienciar a la ciudadanía y dotarla de capacidades críticas para detectar las informaciones falsas, para lo cual el Plan ha propiciado el establecimiento de una red europea independiente de verificadores de datos.

Observatorio Europeo de Medios Digitales

Ya en plena pandemia y ante el peligro de las fake news para la salud pública, la Comisión puso en marcha en junio de 2020 el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), financiado con 2,5 millones de euros.

Dirigido por el Instituto Europeo Universitario, con sede en Florencia, sirve como centro de recursos de verificadores, académicos e investigadores sobre el fenómeno de las noticias falsas, además de asesorar a las Administraciones en sus políticas públicas en esta materia.

Aspira, en definitiva, a convertirse en el epicentro de las campañas europeas contra la desinformación. Está formado por un consorcio entre el Centro Tecnológico de Atenas, la Universidad de Aarhus y la organización italiana de verificación Pagella Politica.

También en ese mes, la Comisión Europea anunció la concesión de 9 millones de euros para la establecer observatorios a nivel nacional y regional. Con estos fondos, concedidos mediante concurso público, el Ejecutivo comunitario financia la creación de empresas de verificación en los veintisiete Estados miembros, ya que los bulos adoptan sus propias características en cada país.

Más recientemente, en mayo de 2021, la Comisión ha publicado nuevas directrices sobre cómo se debería reforzar el Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación, el primero de este tipo en todo el mundo, con vistas a aumentar su efectividad en la lucha contra la desinformación.

Incluye, entre otras cosas, una mayor participación de plataformas, como las del ecosistema de publicidad online o los servidores de mensajería instantánea; desmonetizar la desinformación (es decir, que las noticias falsas no contengan publicidad); combatir las cuentas falsas, o capacitar mejor a los usuarios.

Procedimiento de Actuación contra la Desinformación en España

Siguiendo las indicaciones de la UE, en 2019 el Consejo de Seguridad Nacional aprobó en Procedimiento de Actuación contra la Desinformación en España, que se publicó en octubre de 2019. Una estrategia que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), “no trata de hacer frente a las fake news, ni adentrarse en el debate político, sino que establece los instrumentos necesarios para participar en los mecanismos que la UE ha puesto a disposición de los Estados para reforzar las capacidades de respuestas coordinadas”.

El texto identifica los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema y marca el procedimiento de sus actuaciones para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta y evaluación de la desinformación.

La Comisión Permanente contra la desinformación, coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigida por el DSN, ocupa una posición central en la estrategia como órgano de coordinación interministerial.

El Plan y, más concretamente, la Comisión Permanente, no han estado exentos de críticas. Desde la oposición al Gobierno han calificado este órgano como un ‘comité de la verdad’ al más puro estilo orwelliano. Y desde algunos sectores del periodismo y de las empresas de verificación de datos se ha criticado la falta de diálogo y opacidad mostrada durante su desarrollo.

El debate sobre el Procedimiento llegó hasta Bruselas, donde, tras semanas de análisis, la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia, Vera Jourová, mostró su visto bueno al plan español y la propia Comisión subrayó que esta estrategia “actualiza el sistema español” contra la desinformación.

Ante las críticas por la posible injerencia del Gobierno en la información, puntualizó que la desinformación “es responsabilidad del Gobierno central y está en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018”.

De hecho, nuestros países vecinos cuentan con estructuras similares. En Reino Unido se creó en 2018 la Unidad de Respuesta Rápida (RRU), dependiente del Cabinet Office, equivalente al Ministerio de la Presidencia, que también trabaja en coordinación con el departamento de Seguridad Nacional.

Francia, a pesar de las críticas de la oposición, cuenta con una ley para “proteger la vida democrática de las fake news”, con especial atención a los procesos electorales.

En Italia, donde los movimientos populistas siguen avanzando, se aprobó en julio del año pasado la creación de una comisión de investigación con 20 diputados y senadores para analizar el fenómeno de la desinformación y proponer nuevas leyes. La iniciativa, propuesta por el Partido Democrático e Italia Viva, fue rechazada por toda la oposición.

Alemania, por último, no tiene aún ningún mecanismo legal específico para combatir las noticias falsas, sino que deja en manos de la Agencia Federal para la Educación Cívica el análisis sobre el fenómeno en el país y en los medios de comunicación y empresas de fact-check la lucha contra las fake news.