Transparencia 2022: las 5 claves para un futuro próximo abierto y participativo

El Día Internacional del Acceso Universal a la Información (Iduai) se celebra cada 28 de septiembre desde 2015, gracias a la proclamación de la Conferencia General de la Unesco, donde se reconoció internacionalmente la importancia del acceso a la información para las personas.

La conmemoración de este Día Internacional del Acceso Universal a la Información en 2021 se ha destinado a destacar la función que tienen las leyes de acceso a la información y su aplicación para la creación de instituciones fuertes y sólidas, así como la importancia del ejercicio de este derecho, siendo considerado por algunas legislaciones como un derecho fundamental de la condición humana.

Asimismo, el Congreso Internacional de Transparencia celebró su sexta edición en la Universidad de Alicante, que un año más se convirtió en el punto de encuentro de las personalidades más destacadas del ámbito de la transparencia tanto a nivel nacional como del exterior.

En esta ocasión, a la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España se unió, por primera vez, la Red Estatal de Agencias y Oficinas antifraude, que también realizó una declaración institucional, junto con los órganos garantes de la transparencia.

Además de la representación institucional y académica, cabe señalar la participación de organizaciones notorias de la sociedad civil, como Access Info, la Plataforma en Defensa de Libertad de Información o la Coalición Pro Acceso, y activistas como Jaime Gómez-Obregón y Matthew Bennett, especialistas en la información basada en datos abiertos.

Durante los tres días que ha durado el CIT2021, se han tratado los aspectos más relevantes y urgentes para que la transparencia se convierta en uno de los pilares fundamentales de la actuación pública y social en España, siendo uno de los actos más eminentes la Declaración Institucional de los órganos garantes de la transparencia, que han vuelto a reivindicar una actitud más “proactiva” por parte de las instituciones pública, como señaló el actual presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez.

También se ha puesto de manifiesto que todavía “queda mucho por hacer” para cumplir el objetivo de la transparencia como principio básico de la actividad pública, siendo esta conclusión una de las enseñanzas que ha dejado la crisis sanitaria provocada por la covid-19 para la sociedad española.

Revista Haz habla con el director del Congreso Internacional de Transparencia, Manuel Sánchez de Diego, quien ha señalado cuáles son las claves que se han extraído de este último congreso, para que España avance hacia la cultura de la transparencia en el futuro próximo.

1- Refuerzo de las garantías de la transparencia. Una de las cuestiones más recurrentes en los debates y conferencias sobre transparencia es el papel de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública.

Sobre este aspecto, una de las acciones más destacadas del CIT es la Declaración Institucional que cada año realizan la Red de Consejos y Comisionados de transparencia, donde se suelen repetir las reivindicaciones relativas a exigir mayores recursos económicos y de personal para poder realizar su labor garantista.

Además de incidir en estas reclamaciones, en esta edición se ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar de medios e instrumentos jurídicos efectivos para poder sancionar a los organismos públicos que “sistemáticamente incumplen o burlan la transparencia”, afirma Sánchez de Diego.

Según algunos estudios y casos expuestos en las conferencias, se ha observado que en “muchas ocasiones” los sujetos obligados de la transparencia recurren a los tribunales de justicia como mecanismo para dilatar la entrega de información pública; aun cuando se ha obtenido una resolución donde se obliga a dar la información, dichos órganos siguen sin facilitarla. “Eso es una burla a la transparencia que debería arreglarse”, afirma Sánchez de Diego.

2- El reto jurídico. Otra de las claves para avanzar en transparencia es afrontar su regulación de manera eficiente. En este sentido, Amparo Navarro Faure, rectora de la Universidad de Alicante, señaló que la transparencia es “un gran reto jurídico”, ya que debe ser estudiado desde muy diferentes disciplinas, como la tecnología, el derecho, la comunicación, la sociología y la pedagogía.

Por su parte, Sánchez de Diego afirma que la actual regulación de la Ley de transparencia 19/2013 necesita una reforma “en profundidad”, ya que desde que se aprobó se ha puesto de manifiesto los errores que contiene. Por este motivo, el director del CIT considera que es más urgente abordar la reforma de la ley que desarrollar un reglamento para su aplicación.

Sánchez de Diego afirma que la actual regulación de la Ley de transparencia 19/2013 necesita una reforma “en profundidad”, ya que desde que se aprobó se ha puesto de manifiesto los errores que contiene.

3- Concienciación y educación. Fomentar el conocimiento de la transparencia es otra de las cuestiones que deben afrontarse con apremio, especialmente dirigida al sector del servidor público, según los expertos reunidos en el CIT.

De manera general, se ha detectado la necesidad de implantar una ética pública en la que la transparencia sea básica y esencial, traduciéndose en que todas las categorías de servidores públicos (funcionarios, personal laboral, políticos, los altos cargos, etc.), deben interiorizar el principio de la transparencia como pilar básico de su actividad desde el inicio.

Sánchez de Diego considera que esta ética fomentaría una actuación por parte de la Administración Pública basada en la “buena fe”, y se evitarían conductas opacas como el mecanismo del silencio administrativo sistemático, así como otros actos negativos como acudir a los tribunales para no dar la información.

4- Simplificación del acceso. Otro aspecto destacado en el congreso es la necesidad de unificar y simplificar los procedimientos de acceso a la información en el ámbito nacional. El director del CIT señala que en los años de vigencia de la Ley se ha desarrollado un “entramado” de la transparencia con la creación de organismos, multiplicidad de normas a nivel autonómico y local, así como la apertura de portales, que impide al ciudadano acceder a la información pública de manera clara y sencilla. “Si una petición de información se convierte en un quebradero de cabeza, no se harán peticiones”, afirma Sánchez de Diego.

Del mismo modo, destaca que los datos abiertos, para que sean útiles para el ciudadano, “no pueden convertirse en una especie de galimatías”, pues no se utilizarán. Por lo tanto, se necesita una simplificación y apostar por la sencillez y la comprensibilidad en el acceso a la información pública y en la publicidad activa.

5- Digitalización y mejora de la Administración. Desde la perspectiva multidisciplinar del CIT, la transparencia se entiende como un “diálogo” entre el ciudadano y las instituciones públicas a todos los niveles.

“Cada vez que una persona pide información o acude a un portal le está diciendo a la Administración que hay algo que le interesa, le preocupa, o incluso le está diciendo que algo no funciona bien, cuando hay una reiteración de las preguntas”, señala el director del CIT.

Para lograr este tipo de comunicación, la información en poder de los organismos públicos debe estar disponible a través de las páginas webs y portales, y por lo tanto, los documentos y archivos deben estar digitalizados para acceder a ellos.

En este sentido, Sánchez de Diego señala que “la transparencia es muy rentable” para las administraciones públicas, pues les obliga a impulsar la digitalización documental, mantener los sistemas informáticos actualizados, formar adecuadamente al personal y tener un conocimiento exhaustivo de los bienes que administran.

Asimismo, desde las administraciones públicas se debe transmitir al ciudadano que es una parte importante del Estado y que se encuentra integrado en el sistema político, siendo este aspecto “fundamental” para la interactuación y la paz social.

Según Sánchez de Diego, si el ciudadano se siente integrado en una institución, actuará mejor y de manera más positiva que si no lo está, y esto significa que la transparencia tiene un rendimiento personal, público y social, además de la rendición de cuentas económica.

“La información en manos de los sujetos obligados nos pertenece a todos y las administraciones públicas deben comunicar por y para servir al público, diciendo qué son, qué hacen con nuestro dinero y cómo podemos participar”, concluye para Revista Haz.

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