El gobierno abierto, mejor contigo y en lenguaje claro

En un artículo reciente analizamos la escasa repercusión en la sociedad española del concepto de gobierno abierto. Como una posible solución, que podría ser parte de una batería de medidas, propusimos la difusión de los principios y pilares vinculados al gobierno abierto (transparencia, participación, colaboración, integridad y ética pública…) y su utilidad para la sociedad a través de los medios de comunicación de masas como herramienta para aumentar el alcance de los mensajes.

Dejamos claro también que el uso de estos canales no tiene por qué ser excluyente con el de otros medios, como las redes sociales digitales, y mostramos ejemplos de Administraciones españolas que ya lo hacen, como la Generalitat de Catalunya o el Comisionado de Transparencia de Canarias.

Para concluir esa propuesta, recordamos que los canales por sí solos no iban a traer la solución, si el mensaje que transmitimos no está acompañado por tres ingredientes: claridad, coherencia y continuidad.

Hoy quiero detenerme en el primero de ellos, la claridad. Han pasado unas semanas de la celebración del Día Internacional del Lenguaje Claro (13 de octubre, cuyo origen ya explicamos) y hemos visto una importante actividad en muchos países al respecto.

España también se ha contagiado de este interés por la claridad en el lenguaje y la comunicación, y se suceden distintas iniciativas en este sentido, que presentaremos a continuación.

Un movimiento necesario

Sin embargo, antes es preciso detenerse unos instantes a reflexionar sobre la necesidad de este movimiento hacia la claridad. Prodigioso Volcán publicó un estudio en 2020 que concluía que el 78% de los textos administrativos no eran claros.

El mismo estudio, elaborado a partir del análisis de más de setecientos textos por un equipo de especialistas, encuestas a técnicos de la Administración y entrevistas a especialistas, mostraba también que esta realidad no era ajena la que los técnicos consultados, que señalaban importantes defectos en la comunicación de las Administraciones: lenguaje arcaico y técnico, webs poco intuitivas, falta de recursos gráficos, contenidos obsoletos…

El pasado día 11 de noviembre se presentó la segunda edición de este informe, centrado en el análisis de 25 trámites administrativos que tienen una especial relevancia para las personas en situación de vulnerabilidad, a partir de 500 textos administrativos. El resultado es similar: el 72% de los 25 trámites no son claros.

Todas estas conclusiones guardan relación directa con las que en su momento reflejó la Comisión de modernización del lenguaje jurídico en su informe de 2010, o los resultados de la encuesta realizada por el Defensor del Pueblo en 2017. El problema viene de largo, y se afronta sin mucha prisa.

Se trata de una realidad que afecta a la vida de las personas, especialmente las más vulnerables, que ven mermados sus derechos al no poder ejercerlos, como por ejemplo para solicitar el ingreso mínimo vital (uno de los textos analizados en el estudio) u otro tipo de ayudas.

El problema del lenguaje nos enfrenta a una doble barrera para la penetración o la difusión del gobierno abierto. Por un lado, que hay una serie de necesidades que son más urgentes para las personas y que no están satisfechas, que afecta no solo a servicios sociales o a colectivos vulnerables, sino a cuestiones como la sanidad, los servicios bancarios, seguros, etc., lo que sitúa en un plano totalmente secundario el interés por otras materias.

Por otro, en el caso de que esta barrera esté superada o no exista para otro perfil de personas, nos encontramos con unos mensajes o normas que son o pueden ser un obstáculo para quien se interese por la materia.

Análisis de textos administrativos

El equipo de Prodigioso Volcán lleva unos años desarrollando Clara, una herramienta basada en inteligencia artificial que analiza un texto corto para evaluar el nivel de claridad del mismo en función de nueve parámetros.

Clara sigue en proceso de ‘entrenamiento’ con las aportaciones de las personas usuarias del servicio, y hemos contribuido a este entrenamiento para evaluar algunos fragmentos de textos diseñados ‘para las personas’.

Para ello, he seleccionado algunas partes de textos para ver cuál es la probabilidad de que se entiendan bien. Se trata de dos leyes y de dos textos administrativos:

• La Ley de Transparencia, una “ley hecha para los ciudadanos, no para los políticos”, como solía repetir el exdirector del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina.
• La Ley de Contratos del Sector Público, que afecta a miles de empresas y trabajadores autónomos, y por supuesto, a todas las Administraciones públicas.
• El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un texto que va a marcar buena parte de la agenda los próximos años. Es presumible una presencia notable de contenido técnico.
• La web del Ingreso Mínimo Vital (IMV), para personas que necesitan la asistencia de la Administración en momentos tan complicados como los que hemos vivido. A priori, debemos esperar que se trate de personas con un nivel socioeconómico y de formación bajo o medio-bajo.

Teniendo en cuenta el límite del número de palabras que permite esta versión beta (un mínimo de 40 y un máximo de 120), hemos seleccionado solo una parte pequeña de los textos, la que a priori se dirige a todas las personas interesadas, y que, además, al tratarse de partes introductorias, se presume que son menos complejas que el articulado técnico.

En los dos primeros casos, referidos a leyes, el texto seleccionado para su evaluación ha sido el primer apartado del Preámbulo y el objeto de la Ley. En el caso del Plan, los ocho primeros párrafos de la Introducción, y en el caso de la página web del Ingreso Mínimo Vital, los apartados referidos a Introducción, servicios del IMV, personas beneficiarias y titulares de la unidad de convivencia (TUC).

¿Qué resultados ha mostrado Clara? Los números representan la probabilidad de que el texto sea claro, siendo 100% muy claro y 0% nada claro. Una vez que la aplicación devuelve el valor numérico tras el análisis lo clasifica en cuatro bloques: 0-39%: El texto no es claro; 40-65%: Es poco probable que el texto sea claro; 66-80%: Es bastante probable que el texto sea claro; 80-100%: Es probable que el texto sea claro.

Los datos son elocuentes. En los casos de los textos introductorios o preámbulos de leyes, el resultado es unánime: es poco probable que el texto sea claro. La situación empeora respecto al objeto de la ley en los casos de Transparencia (que cuenta con un solo punto en su artículo 1 y que obtiene un 29%), y en el de Contratos (tres puntos conforman el artículo 1, que obtiene de media un 35%). En el caso del primer punto de este artículo, vemos que apenas consigue un 16%.

Por su parte, en el caso del Ingreso Mínimo Vital, este breve acercamiento nos muestra una situación muy mejorable en el caso de una página web que debería ser de las más entendibles, teniendo en cuenta el público al que presumiblemente va dirigida la ayuda. Solo el apartado de beneficiarios se pude considerar claro (74%).

Del mismo modo, algún párrafo de la introducción del Plan de Transformación alcanza un porcentaje aceptable de claridad, pero en ambos casos la media no supera el 50%.

Conscientes de que esta aproximación no es un análisis de los textos, sí nos puede dar una idea de que, no siquiera en las cuestiones introductorias o en la definición del para qué sirven (el objeto), los textos son claros.

El hecho de que hablemos de textos normativos no es excusa para evitar la claridad. Como ya sostenía Jeremy Bentham en 1822, “la ley debe ser el manual de instrucción de cada ciudadano, y es necesario que él mismo pueda consultarla en sus dudas, sin tener necesidad de intérprete”. Dos siglos después las carencias son similares y seguimos necesitando de intérpretes, y también en el caso de personas con un nivel educativo medio-alto.

Pasos en la dirección adecuada

Afortunadamente, la sensibilidad hacia esta materia está aumentando en los últimos años y, conscientes de que tenemos un problema, se están desarrollando iniciativas de distinta naturaleza basadas en la colaboración con organizaciones y profesionales, y que se refieren tanto a lenguaje y comunicación clara como a lectura fácil, a la que nos hemos referido también en la Revista Haz.

Si bien comparten similitudes importantes, sobre todo el fin que persiguen, lenguaje claro y lectura fácil están destinados a públicos distintos, y el tratamiento y validación de los textos también lo es. En cualquier caso, vamos a recopilar aquí algunas de las propuestas de ambos modelos que se están desarrollando en España.

La más reciente es la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED), concretado en el proyecto Tecnologías de la Información y la Comunicación para la e-Administración: hacia la mejora de la comunicación entre Administración y ciudadanía a través del lenguaje claro (TIC-eADMIN).

Este convenio asienta la colaboración iniciada por ambas entidades hace dos años, y pretende establecer sinergias entre el ámbito del procesamiento del lenguaje natural (PLN), en el que trabaja el equipo del sistema arText de la UNED encabezado por Iria da Cunha, y el ámbito del lenguaje claro, donde trabaja el Ayuntamiento de Madrid en el marco de su proyecto de comunicación clara y sobre el que también investiga la UNED hace varios años.

Gracias a esta colaboración, se trabajará para que arText incorpore también nuevas funcionalidades que ayuden al personal municipal a redactar textos prototípicos como, por ejemplo, un requerimiento, una resolución o un contrato.

En materia de lectura fácil y lenguaje claro la Comunidad Autónoma de Aragón tiene mucho que contar. En este artículo nos hicimos eco de Gobierno Fácil, una iniciativa de colaboración que reúne a técnicos de la Administración con colectivos de personas con diversidad funcional, las destinatarias de los productos que se generan en los talleres de cocreación.

Además del indudable valor social que aporta esta iniciativa, cabe destacar su reciente nombramiento como uno de los 90 finalistas en los premios de The Innovation in Politics Institute, que ha seleccionado de 413 propuestas de proyectos públicos europeos de 26 países.

También en Aragón se están produciendo avances en materia de Justicia, gracias a la colaboración de Plena Inclusión con el Gobierno autonómico, adaptando sentencias a lectura fácil.

Se comenzó a trabajar con 17 sentencias de modificación de la capacidad de obrar, que es una medida judicial para una persona que necesita apoyo en las decisiones importantes, como manejar su dinero o decidir dónde vive, y se ha seguido con otros documentos como la cédula de emplazamiento (por el que te citan al juzgado) o los folletos de atención a víctimas de delitos, además de ofrecerse cursos y talleres.

La pasada semana se publicaron tres nuevos documentos: información para las personas detenidas, información para las personas investigadas y un folleto para las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos.

Estas iniciativas enlazan con el Grupo de Trabajo para el logro de los principios de simplicidad y lenguaje claro en las actuaciones de la Región de Murcia (CARM). Este Grupo de Trabajo, constituido en julio de 2021 en desarrollo de la Estrategia de Gobernanza Pública de la CARM, tiene el objetivo de “trazar redes de colaboración entre las distintas consejerías para que la accesibilidad universal sea una realidad en la sede electrónica, en el Portal de Transparencia, y en diversos ámbitos de la administración”.

Su trabajo es el de proponer medidas para hacer más accesible la Administración, y entre ellas se encuentra la simplificación del lenguaje. Para lograr sus objetivos, reúne a personal de la Administración autonómica con representantes del Cermi y de Plena Inclusión de la Región de Murcia.

Castilla y León también se ha iniciado en la edición de contenidos en lenguaje claro y lectura fácil, concretamente con un vídeo y un documento en el que explican los aspectos básicos de la transparencia. Conviene recordar en este punto su interesante estudio con los usuarios del portal de transparencia para ver cómo preferían que se organizase el mismo para que fuera más entendible y útil.

Otra iniciativa muy interesante y que permite que el resto de la comunidad pueda beneficiarse fácilmente son las guías y manuales de estilo. En este sentido, además de la guía editada hace unos años por el Ayuntamiento de Madrid, volvemos a referirnos al Gobierno de Aragón, que ha editado el Manual de estilo de lenguaje claro y la Guía de buenas prácticas de Comunicación Clara.

Por último, quiero reseñar el proyecto Las cosas claras, del Ayuntamiento de Rafelbunyol (Valencia), que ha consultado a su población mediante un cuestionario online, que ha servido para realizar un diagnóstico ciudadano para conocer las preferencias, y sugerencias vecinales en torno a la transparencia y a la difusión de la misma.

El momento es ahora

Hemos visto varias formas de abordar la claridad en la comunicación del gobierno abierto y que se pueden replicar con facilidad. También hemos visto el valor que aporta la colaboración con la ciudadanía, los colectivos afectados y con diversas entidades para la mejora tanto la claridad como la accesibilidad. Nos encontramos en un escenario en el que la necesidad, la pertinencia y la oportunidad confluyen; por tanto, solo queda ponerse manos a la obra.

Conclusión frente al espejo: también toca aplicarse el cuento. Hemos realizado una evaluación en Clara con la entradilla de este artículo y con el párrafo final. Estos son los resultados obtenidos después de corregir algún matiz sobre el texto original. Nos queda camino por andar a todos.