Avanzando en el buen camino

Solo en nuestro país, recordábamos, la Iglesia católica está integrada por más de 40.000 instituciones, muy heterogéneas en cuanto a sus dimensiones, naturaleza jurídica y funcionamiento.

Esa complejidad nos llevó a seleccionar la diócesis como principal unidad de muestra para analizar el grado de transparencia de la Iglesia en nuestro país.

Este criterio metodológico, aunque simplificó notablemente la tarea, no resolvió definitivamente el problema, pues para poder llevar a cabo un análisis riguroso y poder someter a las diócesis a un proceso de revisión sobre algunas áreas críticas, como la relativa a la información económica, era necesario que, previamente, se llevase a cabo un trabajo de clarificación y homogeneización de sus sistemas contables.

Esa fue la razón de que incluyésemos en las recomendaciones finales de nuestro informe la necesidad de seguir impulsando el desarrollo de planes e instrumentos contables y de control que faciliten a las diócesis, y a las entidades que dependen de las mismas, llevar a cabo una rendición de cuentas cada vez más rigurosa y homogénea.

En este sentido, hay que celebrar el trabajo que ha venido haciendo durante los últimos cinco años la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, impulsando estas prácticas contables y sistemas de control en todas las diócesis. (Vid. Oficina de Transparencia de la CEE: impulsando la rendición de cuentas de la Iglesia católica).

Junto a la necesidad de seguir avanzando en este campo para facilitar la rendición económica, también llamamos la atención en la conveniencia de aprobar y hacer públicos los criterios de actuación por posibles abusos contra menores. Nos alegra comprobar que esta área es la que ha experimentado un mayor incremento en los grados de transparencia, aunque, como también menciona el informe, el campo de mejora sigue siendo importante (Vid. Las diócesis como entornos protectores y de buen trato para la infancia).

A la vista de los avances, y si consideramos que solo ha transcurrido un año desde la publicación de nuestro primer informe, el balance es claramente positivo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Sin dejar de seguir empujando en los temas mencionados anteriormente, dos son las cuestiones en las que convendría centrar los esfuerzos en los próximos años. Los dos ámbitos, además, están mutuamente relacionados.

Por una parte, resulta urgente fortalecer las comisiones de asuntos económicos de las diócesis, que son los órganos responsables de supervisar todo lo relacionado con la administración de los bienes económicos.

Fortalecer estos órganos va a requerir desarrollar e incorporar en su funcionamiento prácticas de buen gobierno, ya implantadas desde hace tiempo en el ámbito civil y que son perfectamente aplicables a estos órganos. En concreto, sería muy conveniente que mejore el proceso de selección, formación y evaluación de sus miembros.

Esa profesionalización de las comisiones producirá como resultado la mejora en la formulación, desarrollo y aprobación de políticas clave en la administración de los bienes económicos, como son la política de inversiones o la política de contratación, entre otras.

Teniendo en cuenta el papel que ha desempeñado la actual Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de la Conferencia Episcopal impulsando las mejoras en la rendición de cuentas, al tiempo que respetaba la autonomía de cada diócesis, sería muy aconsejable que en el futuro vaya prestando más atención al impulso de las prácticas de buen gobierno en los órganos responsables de la administración de los bienes económicos.

Esperamos que este informe sirva de reflexión y estímulo a los responsables de gobierno de las diócesis para seguir avanzando en el camino emprendido.