España incumple las recomendaciones europeas contra la corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa señala que España no ha cumplido satisfactoriamente ninguna de las 19 recomendaciones anticorrupción que este organismo emitió en 2019.
HAZ31 marzo 2022
<p>Foto: Consejo de Europa</p>

Foto: Consejo de Europa

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, asegura en un informe que España no ha aplicado de forma completa ninguna de las 19 recomendaciones que este mismo organismo emitió en junio de 2019 para la prevención de la corrupción en altos cargos y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, previa autorización de nuestro país.

Concretamente, siete de las recomendaciones se han implementado solo parcialmente y doce no se han aplicado, apunta.

A pesar de que en el IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024) se prevén “algunos avances prometedores, en particular, en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas en el sector público, así como el desarrollo de una estrategia más integral en materia de lucha contra la corrupción”, el Greco concluye en su informe sobre cumplimiento que España “no ha implementado satisfactoriamente ni ha tratado de manera satisfactoria” sus recomendaciones.

Entre las medidas que se consideran no cumplidas figura el dotar de una mayor transparencia a la actividad de los asesores o la de revisar el sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, el llamado aforamiento.

El organismo había recomendado con anterioridad modificar este procedimiento para no obstaculizar la acción penal contra cargos del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos de corrupción. En su informe de cumplimiento, señala que entiende el desafío de una reforma legal en este ámbito, dado que implica cambios en la Constitución, pero hace una llamamiento a las autoridades para que impulsen acciones efectivas.

En otro ámbito, el Greco anota como un avance positivo la intensificación de la función de asesoramiento y supervisión de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), pero subraya que el tema de las competencias y recursos tanto de la OCI como del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno “merece una mayor atención para que la ejecución de las diferentes iniciativas regulatorias previstas se convierta en una realidad, no solo en la norma sino también en la práctica”.

En cuanto a la publicidad de la información financiera de altos cargos, el grupo pide nuevos ajustes y un mayor desglose, con el objetivo de lograr la debida transparencia.

Recomendaciones para la Policía y Guardia Civil

En lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad, el Greco señala que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones es decepcionante. Subraya que actualmente “no existe una estrategia dedicada y proactiva (y no meramente reactiva) para la prevención de la corrupción ni en la Policía ni en la Guardia Civil” y comenta que esto requiere una acción decidida.

Greco reconoce los progresos realizados por la Guardia Civil para establecer una infraestructura ética dentro de la institución, completando la redacción de un Código de conducta que ahora se debe aplicar, pero destaca que en el caso de la Policía no se ha hecho nada.

En cuanto a la recomendación que hizo en su día este organismo para revisar el régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil para reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad, el Greco concluye que tampoco se ha cumplido.

Por todo lo anterior, el organismo señala que es necesario seguir avanzando para demostrar un nivel aceptable de cumplimiento de las recomendaciones dentro de los próximos 18 meses e insta a las autoridades españolas a presentar información adicional sobre el cumplimiento de las recomendaciones pendientes, es decir, todas las recomendaciones, antes del 31 de marzo de 2023.

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